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Daniel Ortega y Rosario Murillo. Archivo/LA PRENSA

Estados Unidos y la Unión Europea golpean al régimen el día de la toma de posesión de Ortega

La UE sancionó a miembros de la familia Ortega Murillo y a la Policía, el CSE y Telcor, como instituciones estatales. Mientras EE. UU. agregó a su lista a seis personas, entre estas altos mandos del Ejército

Estados Unidos y la Unión Europea golpearon este lunes 10 enero al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aplicando más sanciones a funcionarios y entidades vinculadas a la violación de derechos humanos y a socavar la democracia. Todo esto el día en que Ortega tomará posesión por cuarta vez consecutiva para un mandato de cinco años más, tras el resultado de unas elecciones realizadas sin competencia, sin observación electoral y bajo un estado policial.

Primero, el Consejo de la Unión Europea (UE) decidió aplicar sanciones a siete personas más y tres entidades vinculadas al régimen orteguista, “en vista del empeoramiento de la situación en Nicaragua”. Los nuevos sancionados incluyen a dos hijos de la pareja presidencial, magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el superintendente de Bancos de Nicaragua.

Los sancionados por la UE son:

  • Camila Ortega Murillo (hija de la pareja presidencial),
  • Laureano Ortega Murillo (hijo de la pareja presidencial),
  • Brenda Rocha (presidenta del CSE),
  • Cairo Amador (magistrado del CSE),
  • Lumberto Campbell (magistrado del CSE),
  • Nahima Díaz ( (directora de Telcor) y
  • Luis Ángel Montenegro (superintendente de Bancos).

Asimismo, la UE sancionó a tres instituciones estatales: la Policía, el Consejo Supremo Electoral y Telcor.

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“Son responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el socavamiento de la democracia y el estado de derecho”, explicó la UE en su comunicado oficial.

La UE aprobó el marco de sanciones para el régimen de Nicaragua el 14 de octubre de 2019 y el 4 de mayo de 2020 las primeras restricciones a la fecha ya suman 21 personas sancionadas, entre ellos Rosario Murillo, vicepresidenta designada, y tres hijos de la pareja presidencial, dos de ellos incluidos este lunes. A ellos se debe sumar las tres entidades sancionadas hoy: la Policía Nacional, el CSE y Telcor.

Eurodiputados insisten que se sancione a Ortega

Ante las sanciones impuestas por la UE, eurodiputados que han promovido estas medidas y han seguido de cerca la crisis sociopolítica y la violación de los derechos humanos en Nicaragua, celebraron las acciones, no obstante, insisten en que se sancione a Ortega.

La europarlamentaria Soraya Rodríguez, del partido español Ciudadanos, desde su cuenta de Twitter reaccionó y dijo que “en Nicaragua, hoy Ortega se oficializa a sí mismo como dictador, cada vez más aislado por la comunidad internacional. En Bruselas, el Consejo impone nuevas sanciones que incluyen a instituciones como la Policía Nacional o el Consejo Supremo Electoral”.

Y añadió que “las sanciones son una clara muestra de que, como decíamos en la última resolución del EP, no reconocemos la legitimidad de la farsa electoral de Ortega. Debemos seguir acompañando al pueblo de Nicaragua. El próximo sancionado debe ser el propio Ortega”.

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En esa misma línea, el eurodiputado José Ramón Bauzá, del mismo partido que Rodríguez, indicó que “mientras Ortega se autoproclama dictador vitalicio, Europa se niega una vez más a hacerle responsable por sus crímenes contra la libertad y el pueblo de Nicaragua”, por lo que llamó al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, a “connivente, debe cumplir el mandato del Parlamento Europeo y castigar de una vez por todas al tirano”.

Lo mencionado por Bauzá es a la resolución sobre Nicaragua que el pasado 16 de diciembre de 2021, con el respaldo de 619 votos el Parlamento Europeo aprobó y demandó al Consejo de la Unión Europea incluir “sin demora” a Daniel Ortega a la lista de personas sancionadas, por considerar que las elecciones en las que fue declarado ganador “fue una pantomima”.

EE. UU. golpea al Ejército

A los minutos de conocerse las sanciones de la UE, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que agregaba a su lista a seis funcionarios más. EE.UU confirmó que estas acciones fueron tomadas en conjunto con las sanciones de la UE.

Las seis personas son:

  • Rosa Adelina Barahona Castro (Ministra de Defensa y miembro de la junta directiva del Instituto Militar de Bienestar Social (IPSM),
  • Ramón Humberto Calderón Vindell (exinspector General del Ejército de Nicaragua, expresidente de la junta directiva de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (PETRONIC) y presidente de la junta directiva de ENIMINAS),
  • Celina Delgado Castellón (miembro de la Junta Directiva de Enatrel),
  • Nahima Díaz Flores (hija del director de la Policía, Francisco Díaz; y directora de Telcor),
  • Bayardo de Jesús Pulido Ortiz (General de Brigada del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM),
  • Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz (Jefe de Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM).

“Está previsto que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo sean investidos hoy después de elecciones nacionales fraudulentas orquestadas por su régimen en noviembre, consolidando aún más su control del poder en detrimento del pueblo nicaragüense”, dijo el Tesoro en un comunicado, por lo que las sanciones son un “mensaje”.

Como complemento a las acciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visa a las personas cómplices de socavar la democracia en Nicaragua, incluidos alcaldes, fiscales y administradores universitarios, así como funcionarios policiales, penitenciarios y militares.

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“Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro al presidente Ortega, a la vicepresidenta Murillo y a su círculo íntimo de que continuamos apoyando al pueblo nicaragüense en sus llamamientos para la liberación inmediata de estos presos políticos y el retorno a la democracia”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.

Por su parte, el secretario de Estado Antony Blinken afirmó en su cuenta de Twitter dijo que las nuevas sanciones y restricciones de visado “apuntan a los cómplices de la represión del régimen de Ortega-Murillo, incluidas detenciones por motivos políticos y esfuerzos para reprimir a los medios independientes. Apoyamos al pueblo nicaragüense”.

En esa mima línea, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, manifestó tras el anuncio de las medidas que “instamos al gobierno de Nicaragua a que libere a todos los presos políticos, respete los derechos humanos y le dé a los nicaragüenses la oportunidad de seleccionar a sus líderes en elecciones libres y justas”

También, el congresista estadounidense y presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional, Albio Sires, reaccionó a las medidas impuestas por EE.UU, y dijo que felicita “a la administración Biden y al Consejo Europeo por responder a la represión de Ortega imponiendo sanciones adicionales hoy. La comunidad internacional se unifica en el rechazo a la farsa de Ortega”.

EE.UU., ha impuesto sanciones a funcionarios orteguista desde julio 2018 cuando el país vivió los peores episodios de la brutal represión que ejecutó Ortega para aplacar las protestas antigubernamentales en su contra. Aunque el primer sancionado fue el expresidente del CSE, Roberto Rivas en el año 2017 a la fecha ha sancionado a 46 funcionarios. Y además a ocho entidades por estar vinculadas principalmente a los negocios de la dictadura. Estas son: La cooperativa Caja Rural Nacional (Caruna), Alba de Nicaragua (Albanisa), el Banco Corporativo de Nicaragua (Bancorp), Empresas Zanzíbar, Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP),  Servicios de Protección y Vigilancia (El Goliat), Difuso Comunicaciones y Mundo Digital.

Y como entidades estatales, el gobierno norteamericano ha sancionado a dos: el 5 de marzo de 2020 a la Policía Nacional y el 15 de noviembre de 2021 al Ministerio Público de Nicaragua.

Alcance de las sanciones de EE.UU

De acuerdo al comunicado del Tesoro como resultado de las sanciones desde hoy todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas (sancionadas) que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. “están bloqueados y deben informarse a la OFAC”.

Afirma que también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más en total de una o más de dichas personas. “Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas”, explica.

Además el Tesoro añade que las sanciones impuestas hoy “no pretenden ser permanentes, sino que se emiten para alentar un cambio positivo de comportamiento por parte de las personas identificadas y el régimen autoritario que apoyan”. 

Sanciones tras aprobación de la Ley Renacer

Las nuevas sanciones serían la segunda tanda de medidas que ha impuesto el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de haber firmado y promulgado el 10 de noviembre de 2021, la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o Ley Renacer, que propone ejercer más presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sanciones individuales a funcionarios y restringir los préstamos bancarios multilaterales.

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La promulgación de la Ley Renacer, según habían adelantado funcionarios estadounidenses, corresponde a la respuesta de la Administración de Biden a la farsa electoral en la que el caudillo sandinista Daniel Ortega consumó su cuarta elección consecutiva.

La legislación propone en primera instancia hacer una revisión de la participación de Nicaragua en el tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica con Estados Unidos (DR-Cafta por sus siglas en inglés); imponer restricciones a las instituciones financieras internacionales relacionadas con Nicaragua.

También requiere un informe clasificado sobre las actividades de la Federación de Rusia en Nicaragua; otro informe sobre determinadas compras y acuerdos celebrados por el Gobierno de Nicaragua, relacionados con el sector militar o Inteligencia de Nicaragua; un informe sobre abusos a los derechos humanos en Nicaragua y finalmente otro informe relacionado con los medios de comunicación independientes y la libertad de información en Nicaragua con el fin de apoyarlos.

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