La Unión Europea (UE) prolongó hasta el 15 de octubre de 2022 las sanciones a 14 funcionarios del régimen de Daniel Ortega, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo.
El comunicado oficial señala que el régimen de sanciones se introdujo por primera vez en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social de Nicaragua. “Se dirige a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades socavan la democracia y el Estado de derecho”.
El comunicado señala que las sanciones, que se aplican actualmente a 14 personas, están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía del país. “Los que figuran en la lista de la UE están sujetos a una congelación de activos, y las personas y entidades de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Las personas físicas también están sujetas a una prohibición de viajar a la UE”, explica.
La UE aprobó el marco de sanciones para el régimen de Nicaragua el 14 de octubre de 2019, el 4 de mayo de 2020 se aplicaron las primeras restricciones, la UE sancionó al subdirector de la Policía, Ramón Avellán; la exministra de Salud y asesora presidencial, Sonia Castro; el director de la Policía, Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau, y los comisionados generales Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. Los sancionados fueron acusados de cometer graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Los seis funcionarios habían sido sancionados previamente por Estados Unidos.
El 2 de agosto de 2021, el bloque europeo extendió las sanciones a ocho funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta designada, Rosario Murillo; el hijo de la pareja presidencial, Juan Carlos Ortega Murillo, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos. Ellos son acusados de ser «responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua».
Los sancionados por la Unión Europea el 2 de agosto de 2021: Rosario Murillo, Juan Carlos Ortega Murillo, Gustavo Porras, Bayardo Arce, Alba Luz Ramos, Ana Julia Guido, Fidel Domínguez y Juan Valle Valle/LA PRENSA
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Los demás sancionados son el asesor económico de Daniel Ortega, Bayardo Arce; la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el comisionado general de la Policía y jefe departamental de León, Fidel Domínguez, y el jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía, Juan Valle Valle.
Murillo junto a su hijo Juan Carlos, Gustavo Porras, Juan Valle Valle, Ana Julia Guido y Fidel Domínguez, ya habían sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la misma manera por Canadá, a excepción del hijo de Ortega y Murillo.
El llamado de la UE
El comunicado del bloque señala que en su declaración del 10 de junio de 2021, la UE reiteró su llamado a la restauración del diálogo inclusivo y la democracia como única salida a la crisis política, económica y social en Nicaragua. Pidió a las autoridades nicaragüenses que pongan fin a la represión contra la oposición política, los medios independientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y que garanticen plenamente el respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en el país.
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“En cambio, el Gobierno de Nicaragua ha intensificado la represión, ilegalizando a los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, así como encarcelando a opositores políticos y miembros de la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil, sin respetar el debido proceso. De esta forma, el Gobierno liderado por el presidente Ortega y el vicepresidente Murillo ha eliminado la posibilidad de una competencia electoral seria en las urnas el 7 de noviembre de 2021, privando así a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano a elegir libremente a sus representantes”, indica.
“La UE reafirma su compromiso de apoyar al pueblo nicaragüense, incluso ayudando a fortalecer el Estado de derecho y apoyando el desarrollo económico y social de los más vulnerables”, refiere el comunicado.