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El exalcalde del municipio de San José de Bocay, Jinotega, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Erlis Torres, aseguró que a excepción del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) los otros partidos políticos que están participando en el proceso electoral en marcha en Nicaragua no tienen ni bases ni estructuras territoriales para proponer a 20 mil miembros en el proceso de conformación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y menos para poner fiscales en la mayoría de juntas.
Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) divulgó el viernes pasado que los partidos políticos y alianza de partidos presentaron en total 245,796 propuestas de personas para conformar las 13,459 JRV. Cada una de estas juntas estará integrada por seis miembros: un presidente, un primer miembro y un segundo miembro, con sus suplentes.
¿Cómo se nombran los miembros de las JRV?
Los cargos de presidente y el primer miembro serán ocupados de forma alterna por los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales (2016), de acuerdo con la Ley Electoral (Ley 331); en este caso son el gobernante FSLN, inscrito como alianza con otros ocho partidos, y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que es la segunda fuerza política.
Mientras que el segundo miembro de la JRV es asignado entre los demás partidos participantes, que son Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Liberal Independiente (PLI), Alianza por la República (Apre), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y el partido regional Yatama.
Los partidos tuvieron un período de ocho días para hacer sus propuestas de ternas, para la conformación de las 13,459 JRV. Las 245,796 propuestas que divulgó el CSE significaría que los siete partidos participantes en el proceso electoral presentaron completas sus ternas; debiendo presentar propuestas de propietarios y suplentes
Es decir, que el FSLN y el PLC debieron presentar para los cargos que alternarán: presidente y primer miembro en cada JRV y los demás partidos —Apre, ALN, PLI y CCN—, presentarían sus propuestas para el cargo de segundos miembros, es decir 26,918 personas propuestas (dos por cada JRV, propietario y su respectivo suplente). En el caso de Yatama, la situación cambia por ser un partido que participa solamente en las regiones autónomas del Caribe.
De esa cantidad de propuestas, el CSE debe seleccionar a 80,754 personas que serán nombradas como miembros de las JRV, propietarios con sus respectivos suplentes, cumpliendo de manera obligatoria con la alternancia y equidad de género, ordenada por la Ley Electoral (Ley 331) en todas las JRV.
No obstante, Torres duda de esas cifras del CSE, porque asegura que los partidos Apre, ALN, PLI, CCN e incluso el PLC —del que formó parte en el pasado— son “títeres esperando las migajas de Ortega”.
“Esto no es un proceso electoral, es solo un teatro, es una farsa electoral para tratar de legitimar al régimen de Daniel Ortega”, dijo Torres desde el exilio.
Torres fue alcalde del PLC en San José de Bocay en el período 2008-2012 y después, con un período de por medio (2012-2017), se postuló para la reelección con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) en las votaciones municipales de 2017.
En ese proceso electoral, Torres demostró con actas en mano que ganó la Alcaldía, pero al final los resultados colocaron como alcalde al candidato del partido sandinista. En 2018, Torres no dudó en participar en las protestas civiles contra Ortega, pero luego denunció que se vio obligado a salir del país por la persecución y amenazas de muerte.
Partidos con resultados mínimos en elecciones
Por su experiencia en los procesos electorales, el exalcalde aseguró que la gente que conformará este año las JRV e incluso los fiscales de los otros partidos, son los mismos militantes sandinistas y también son trabajadores públicos que el régimen obliga a trabajar en las JRV, haciéndose pasar como miembros de los otros partidos.
“Ellos están obligando a todos los funcionarios del Estado a que se integren a las ternas, para que participen en las Juntas Receptoras de Votos. Solo basta agarrar los nombres de esas propuesta de ternas y se van a dar cuenta que son maestros o son trabajadores del Minsa, del Inta, del Magfor o de cualquier entidad del Estado y ellos están metiéndolos como miembros del Apre, del PLI, del ALN, etcétera, de esa forma se puede evidenciar que ellos están utilizando todas sus estructuras políticas, disfrazadas de esos otros partidos”, aseguró Torres.
El exalcalde también afirmó que en año electoral esos partidos minoritarios solo se preocupan por tener un presidente en cada uno de los 15 departamentos y dos regiones autónomas de la Costa Caribe, “para presentarlo ante el CSE y para decir que tienen estructura y no les anulen las personalidad jurídica”.
Para Torres, la prueba fehaciente de que esos partidos no tienen estructura es que en anteriores votaciones no han logrado sacar ni cinco por ciento de votos, lo que se puede confirmar en las actas de escrutinio.
Por otra parte, el exalcalde observó que una gran parte de los Centros de Votación (CV) que fueron eliminados en este proceso electoral estaban ubicados en territorios campesinos del norte del país, donde los sandinistas no tienen respaldo de la población.
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En las últimas votaciones municipales de 2017 se habilitó un total de 4,308 CV que llegaban hasta las comunidades más recónditas del país, aunque en algunos casos en esos CV solo había una JRV.
Este año se habilitarán 3,106 CV, es decir, 1,202 menos que en 2017. El número de JRV aumentó en comparación con las últimas votaciones, pero todas estarán concentradas en la zona urbana, lejos de las zonas rurales inaccesibles, así que los campesinos tendrían que salir de sus comunidades y viajar largos trechos para buscar sus juntas.
“Los sandinistas siempre le han tenido miedo al campesino, entonces ellos eliminaron la mayor parte de las Juntas Receptoras de Votos de lugares en donde el voto es duro en contra de ellos: 95 por ciento de los opositores y el cinco por ciento a favor del régimen”, expresó Torres.
“Tendido amigo”
La politóloga y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Alexa Zamora, valoró que la colusión entre el FSLN y los otros partidos que se supone deberían ser opositores, es evidencia del fraude electoral que está en marcha para estas votaciones generales.
“A esta práctica el Frente le llamaba tendido amigo y lo que hacían era completar fiscales o miembros de mesas de los otros partidos que participaban en el proceso electoral y que no tenían suficientes miembros, para funcionar entre comillas como observadores del proceso”, aseveró Zamora.
La opositora agregó que el “tendido amigo” es una práctica del régimen de Ortega desde que regresó al poder en 2007, pero aseguró que se hizo más evidente en las votaciones generales de 2016 y en las votaciones municipales de 2017.
Por su parte, Darling Munguía, quien fue candidata a diputada del PLI en León en 2016 —cuando este partido estaba en manos de Eduardo Montealegre—, también aseguró que todo el tendido electoral está en manos del FSLN, incluyendo los fiscales.
“Los fiscales de los partidos satélites o zancudos del régimen son personas militantes del Frente Sandinista, sobre todo gente de la Juventud Sandinista o de sus distintos grupos que tienen como objetivo controlar las JRV”, expresó Munguía.
Según el CSE, cada organización política participante podrá acreditar a 26,918 fiscales de JRV. Algunos partidos han reconocido que no acreditarán fiscales en el ciento por cientos de las juntas, sino solo en un 60 o 70 por ciento.
Lo que dicen los partidos
Carlos Canales, presidente de Apre —uno de los partidos más cuestionados porque nunca ha obtenido ni cinco por ciento de los votos en pasados comicios—, negó de forma rotunda tener algún tipo de relación política con el FSLN y, en cambio, acusó a sus detractores de ser exsandinistas que quieren desprestigiar el proceso electoral.
Aún así, el presidente de Apre reconoció que presentarán fiscales solo en el 70 por ciento de las juntas y aseguró que estos tienen la orden de vigilar el voto de todos los ciudadanos.
El secretario de comunicación del PLC, Christiam López, aseveró que este partido presentó fiscales para el ciento por ciento de las JRV y también dijo que entregaron sus ternas completas para el tendido electoral.
Igual que Apre, el PLC rechaza ser aliado del FSLN. El PLC, particularmente, ha sido tildado de pactista y aliado del FSLN desde que estaba en manos de Arnoldo Alemán, a quien los críticos le atribuyen un pacto con Daniel Ortega, con el que impusieron un sistema bipartidista, para alternarse el poder. Ahora el PLC está en manos de la otrora aliada de Alemán, María Haydée Osuna, pero las críticas se han mantenido en respaldo a las iniciativas oficialistas en la Asamblea Nacional.
López aseveró que en este período de la campaña electoral los dirigentes del PLC han estado visitando municipios de todo el país, donde los liberales de otros partidos le han expresado que votarán por el PLC por considerarlo “el único partido opositor”.
El secretario de comunicación también manifestó que el PLC rechaza los llamados a no votar que hacen organizaciones en el exilio y consideró que critican el proceso electoral porque no están participando en el mismo.
Los demás partidos nunca están disponibles para responder a las consultas de LA PRENSA, menos el partido gobernante FSLN que no ofrece entrevistas a los medios de comunicación independientes.
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Las votaciones en Nicaragua son el próximo 7 de noviembre para elegir presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen). 4.4 millones de nicaragüenses están convocados para votar en noviembre, de acuerdo con el número del Padrón Electoral definitivo divulgado en septiembre por el CSE.
Sin embargo, el proceso electoral se ha desarrollado en un clima de tensiones políticas por la detención de líderes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, además del hostigamiento a medios de comunicación y cancelación de personería a tres partidos políticos.
El CSE es una institución integrada por magistrados afines al FSLN, lo que ha generado señalamientos de los sectores opositores.