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CONTENIDO EXCLUSIVO.El régimen de Daniel Ortega en los últimos meses del 2020 recibió una oxigenación de casi 1,000 millones de dólares de las multilaterales, pese a la Nica Act y las confiscaciones de propiedades. Además, Ortega concretizó todas sus leyes represivas contra la ciudadanía y organismos no gubernamentales. Aun así, Estados Unidos y la Unión Europea siguen sin endurecer sus sanciones contra la dictadura, pero eso no significa, a criterio de especialistas, que el proceso de presión por parte de la comunidad internacional esté muerto. Vendrán más pero a su debido tiempo, aunque a su vez vertieron fuertes críticas contra las multilaterales que ni siquiera exigen transparencia en la información pública.
El exvicecanciller y opositor José Pallais Arana explicó que la Nica Act ya preveía que por razones humanitarias este tipo de financiamiento debe existir. «Eso fue lo que generó que se autorizara una suma superior a los mil millones de dólares, lo cual está en el proceso de desembolso, aunque buena parte de ello ya fue desembolsado. Básicamente la reactivación del apoyo de los organismos financieros internacionales, que se habían detenido desde 2018, solo estaban desembolsándose créditos contratados, se da esa reactivación en ocasión de apoyar al pueblo de Nicaragua ante las tragedias vividas, por el Covid-19 en primer lugar, y los dos huracanes que convencieron de que ese apoyo era indispensable por razones humanitarias, lo cual no choca con la Nica Act», argumentó.
Sin embargo, Pallais asegura que «no ha habido todavía financiamiento para el desarrollo, que son los tradicionales, y los financiamientos que se han dado con relación a la pandemia, por ejemplo, y otros van cargados de una serie de condiciones para asegurar la transparencia, el buen uso de los recursos para el que se ha previsto. Estos son requisitos que no son los normales, pero que los organismos financieros se han visto en la necesidad de negociar con el Gobierno de Nicaragua y este ha aceptado (las condiciones) por toda la situación de crisis política, social y los serios cuestionamientos que hay sobre el mismo», manifestó.
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Crítica contra multilaterales
Lo cuestionable, plantean los analistas, es que los fondos estén dirigidos para apoyar a un ministerio que se ha apoderado de propiedades confiscadas de facto y que ahora son administradas por el Ministerio de Salud. Se trata de propiedades que el régimen arrebató a medios de comunicación y ONG, por ser críticos y cuestionar las políticas públicas y el autoritarismo orteguista.
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Mauricio Díaz, considera que la norma que rige el comportamiento de las instituciones financieras internacionales es el sentido de rentabilidad, lo que significa que para ellos lo más valioso son los costos benéficos de una transacción, que los temas relacionados a las violaciones de los derechos humanos, a la libertad de expresión, e incluso a la libertad económica.
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«Creo que este comportamiento de las instituciones financieras internacionales, comenzando por la regional, el Banco Centroamericano de Integración Económica, ha sido la caja chica a pesar del desastre que ha significado el tema de respeto a los derechos humanos de parte de este gobierno. Lo que ha caracterizado el comportamiento, particularmente del BCIE, es que suelta dinero y no han habido consideraciones por el deterioro de las libertades, pasando por los graves sucesos de abril de 2018, que debieron haber obligado en el camino a estas instituciones para evaluar para qué estaban sirviendo sus fondos», expresó Díaz.
Para el exembajador, es importante que el gobierno (de Ortega) sea eficaz y eficiente y que un organismo internacional lo valore como un gobierno que cumple en materia de sus compromisos financieros, pero el no tomar en cuenta la gravedad de los hechos que ejecuta un gobierno, cuando se trata de la dignidad, de la vida de las personas, le parece que es un alto grado de irresponsabilidad de las instituciones financieras internacionales.
«A mí lo que me ha llamado la atención es que a pesar de la represión, a pesar de la masacre, hemos visto como instituciones internacionales continúan soltando millones de dólares, bueno el caso de la pandemia es el mejor ejemplo. El Gobierno de Nicaragua ha aprovechado la pandemia para obtener recursos, incluso del FMI, pero sí me parece que todo el sistema internacional, todo en su conjunto de las Naciones Unidas, la parte que tiene que ver con derechos humanos, los organismos hemisféricos como la CIDH, la OEA, todos esos organismos requieren una evaluación profunda, para ver qué es lo que está sucediendo», valoró Díaz.
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Díaz advierte que hay grandes contradicciones en los objetivos para los cuales los organismos fueron creados y lo que se está viendo, respecto a la ejecución de los recursos. «¿Hasta cuándo va a seguir el mundo de esa manera? Que un gobierno tranquilamente recibe fondos del sistema capitalista y se denomina socialista y hace lo que quiere con la plata que recibe y maneja fondos discrecionales, como cuando manejaron los fondos venezolanos. Las veces que el FMI pidió que se transparentaran esas cuentas y nunca hicieron caso», dijo.
Entonces, «uno se siente impotente, porque pareciera que este tipo de regímenes tienen la bendición de esas instituciones para hacer lo que quieran, siempre y cuando logren mejorar las tasas de crecimiento económico. Y no pasaba nada en materia de sanciones, de presiones, más que las presiones políticas, bipartidistas o multilaterales, realizadas por gobiernos, el Parlamento Europeo (PE), la OEA, pero después de eso no hemos visto hasta el día de hoy que realmente los países desarrollados que son socios de los organismos que dan la plata logren que las voces, las demandas, de violaciones entren en la balanza a la hora de decidir si se le da dinero a un régimen que hace lo que quiere», cuestionó el exembajador.
Presión de EE. UU. sobre Nicaragua no ha sido suficiente
En lo que va de 2021, un año marcado por las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, la comunidad internacional ha insistido en varias ocasiones al régimen Ortega Murillo que cambie el rumbo del país; sin embargo, este ha hecho caso omiso a las advertencias y llamados.
Pese a que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en distintas ocasiones ha dicho que defenderá un proceso electoral, justo y transparente en Nicaragua, y que se encuentra preocupado por la creciente represión de Ortega, esto no ha producido un resultado positivo para que el dictador acceda a cambios.
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«La administración Biden, a través de diferentes canales, los senadores, los congresistas están consistentemente informados de lo que pasa en el país sobre el deterioro de los derechos humanos. Para pensar en unas elecciones bajo condiciones, estándares democráticos internacionales, la administración (Biden) va moviéndose, arrancando poco a poco, pero ha dejado clarísimo su compromiso con los derechos humanos, con la democracia y, en caso particular de Nicaragua, a reiterado a través de todos sus contactos contenidos con actores de la oposición y diáspora nicaragüense, que ellos apoyan incondicionalmente la salida democrática y cívica, a través de un proceso electoral limpio, transparente, competitivo, justo en noviembre de 2021, que van a trabajar para ello y apoyar en la OEA», opinó Pallais.
En cambio, Díaz señala que lo que se sabe de la Administración Biden es lo que se ve. «Más retórica, más amenazas, que van a ser más duros, que van a presionar, que están de acuerdo con la demandas nicaragüenses, etcétera. Ya hemos oído la retórica de Trump en el pasado, y no pasó nada, creo que el cambio va a ser que la retórica va a subir de tono, porque no veo ninguna medida encaminada a apretar efectivamente al Gobierno, porque yo creo que ellos tiene sus dudas también en la política exterior», alertó el exembajador.
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«Yo siento, tal vez, estoy equivocado, que tiene que haber alguna modalidad de búsqueda de entendimiento antes de finales de mayo. No veo la posibilidad de que el sistema internacional tome acciones coercitivas más fuertes, más que las amenazas, la búsqueda de diálogo, de entendimiento, insistencia», agregó Díaz.
Pallais reconoce que «la presión de Estados Unidos no ha producido un resultado positivo hasta este momento, pero estamos claros y la comunidad internacional lo sabe que los tiempos se están agotando y lo que no se logre de aquí al 30 de mayo, ya no podrá tener efecto para un proceso electoral que solucione la crisis nicaragüense», coincidió con Díaz, por separado.
La OEA ha dado un plazo de hasta mayo al régimen de Ortega para que cree las condiciones para un proceso electoral libre, justo y transparente, que implique hacer una reforma a la Ley Electoral, pero hasta ahora el Gobierno no ha dado señal de querer hacer los ajustes profundos, no cosméticos.
UE sigue sin actuar, pese a entrada en vigencia de leyes represivas
Tampoco la Unión Europea ha actuado, pese a que han transcurrido exactamente ocho meses desde que el Parlamento Europeo (PE) emitió una resolución en la que demandaba sanciones directas contra la pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, si estos aprobaban a través de la Asamblea Nacional (AN) el paquetazo de leyes represivas, al considerarlas un precedente nefasto para los derechos humanos.
No obstante, pese a la advertencia el régimen impuso la aprobación dichas leyes y en enero de 2021 entraron en vigencia la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la pena de cadena perpetua, mientras que, a la fecha, la Unión Europea (UE) sigue sin actuar.
El excanciller Norman Caldera explicó que la falta de reacción de la Unión Europea no quiere decir que el gobierno de Ortega ya se libró de sanciones, sino es que estas acciones llevan un proceso. «Son 27 países (miembros de la UE) y cada uno de los países tiene que aprobar, unos se tardan más, otros se tardan menos. Y eso puede explicar el porqué se han tardado tanto en reaccionar», argumentó Caldera.
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Sobre los demás organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA y la CIDH, en lo que va de 2021 han presentado informes y han condenado la persistencia de violaciones a los derechos humanos y el recrudecimiento de la represión, sin ejercer también más presiones contra la dictadura.
En el caso de Estados Unidos, Caldera recuerda que las pasadas elecciones de Estados Unidos y el cambio de gobierno hicieron que muchos puestos no estén aún ni siquiera llenos, pues todavía no han nombrado al nuevo embajador de EE. UU. ante la OEA.
También resaltó que «este es un año en el que más elecciones hay en América Latina, entre presidenciales, de alcaldías y de diputados. Hay un montón de procesos electorales, entonces el tiempo que le pueden dedicar a cada uno se tiene que dividir por el número de proceso. Pues ahí se va a concentrar la mitad del tiempo en lo que toca, pero cuando tienen tantas elecciones es normal que le tomen menos tiempo a otros temas», manifestó el excanciller.
Sin embargo, «sé que el secretario general Luis Almagro se ha estado reuniendo con las Madres de Abril, los familiares de presos políticos. Él está supuesto a presentar un informe. Ahora recuérdese que la resolución de la OEA dice que si no pasa nada (no hay reformas electorales), estas elecciones no se van a reconocer, entonces al que le debe de interesar que pase algo para que no le caiga encima ese punto de la resolución de la OEA, es al Gobierno. Yo no sé en qué se basaría el Gobierno para creer que la resolución no va en serio. La resolución es bien clara», insistió Caldera.
