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CONTENIDO EXCLUSIVO.En lo que va de 2021, un año marcado por las elecciones del próximo 7 de noviembre, la comunidad internacional ya ha advertido en varias ocasiones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que cambie el rumbo del país. Nicaragua se encamina a su cuarto año consecutivo de crisis sociopolítica y económica.
El gobierno de Daniel Ortega, según la misma comunidad internacional, ha hecho caso omiso a esas advertencias y llamados, y ha agudizado aún más la situación de las violaciones de los derechos humanos y recrudecido la represión.
Las elecciones generales del país se realizarán el próximo 7 de noviembre, por disposición constitucional. Por ello, Estados Unidos, la Unión Europea y organismos internacionales de derechos humanos han insistido al régimen que termine la represión, que permita la libertad inmediata de los presos políticos y haga las reformas electorales que permitan que las votaciones sean libres, viables y legítimas.
Presión de la Administración Biden
El 29 de enero de 2021, el asesor para asuntos de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de Joe Biden, Juan González, informó que el gobierno de Estados Unidos defenderá un proceso electoral justo y transparente en Nicaragua, en noviembre próximo.
En una entrevista con el medio salvadoreño El Faro, González advirtió que la represión de Ortega contra el pueblo ha estado siendo analizada por Biden. «Nicaragua es de mucha preocupación. Las acciones del gobierno de Daniel Ortega en contra de su propio pueblo, incluso usando francotiradores en contra de manifestantes pacíficos, son posibles crímenes de lesa humanidad», expresó el funcionario estadounidense. También dijo que el presidente de Estados Unidos no tolerará a gobiernos, organismos o personas que no estén dispuestos a combatir la corrupción.
Días atrás (el 25 de enero) la oficina del senador estadounidense republicano, por Florida, Rick Scott, presentó una iniciativa como parte de su agenda para el 117 Congreso de los Estados Unidos, en la que incluyó una propuesta de ley, llamada «Ley No Alivio para los Aliados de Dictadores», en la propuso revocar visas, o imponer restricciones de visas «a cualquier miembro del partido sandinista en Nicaragua, o Evo Morales en Bolivia. Así como del régimen pasado de Hugo Chávez o Nicolás Maduro en Venezuela; Fidel Castro, Raúl Castro o el régimen de Miguel-Canel en Cuba».
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El Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó el lunes 8 de febrero que se encuentra profundamente preocupado por la creciente represión del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. En un comunicado en su sitio web, se refirió específicamente a las acciones del régimen a través de la Ley de Agentes Extranjeros, que ha llevado al cierre de varias organizaciones.
El país norteamericano indicó que estas acciones asfixian aún más a la sociedad civil nicaragüense y alejan al país de unas elecciones libres y justas.
Este lunes, 1 de marzo, la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie J. Chung, recalcó al régimen Ortega Murillo que podrá pintar los edificios de los medios de comunicación tomados ilegalmente (100% Noticias y Confidencial), pero que con eso «no puede encubrir sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos».
Organismos regionales e internacionales
Por otro lado, la Oficina del Ato Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) señaló en su más reciente boletín especial sobre la situación de Nicaragua, el 8 de febrero, que a meses de las elecciones generales en Nicaragua, el Estado no ha cumplido con las recomendaciones formuladas por la Alta comisionada, Michelle Bachelet, en septiembre de 2019, y que al contrario, la dictadura ha recrudecido la represión a través de la aprobación de varias reformas legislativa que son compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, cuyas aplicaciones afectan el ejercicio de derechos y libertades de los nicaragüenses.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este 11 de febrero al Estado de Nicaragua que rinda un informe en un plazo no mayor de tres meses sobre el allanamiento ilegal de las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), desde diciembre de 2018, la cancelación de su personaría jurídica y la retardación de justicia.
No obstante, la respuesta del régimen ante esa solicitud fue consumar la confiscación ilegal del Cenidh, transformando sus oficinas en una casa materna, del Ministerio de Salud (Minsa), que inauguró el viernes 26 de febrero.
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El 11 de febrero, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó un informe en el que reveló hallazgos de patrones repetitivos, en los cuales los actores estatales y paraestatales llevaron a cabo ataques violentos organizados, de diversa índole, a gran escala, de manera generalizada en todo el país desde el inicio de la crisis en abril de 2018 a la fecha.
La directora de la FIDH, Jimena Reyes, lamentó que los crímenes de lesa humanidad permanezcan en la impunidad. Concluyó que Nicaragua no podrá salir de la crisis actual si los crímenes de lesa humanidad permanecen en la impunidad y demandó al Estado el cese de la represión y la libertad inmediata de todos los presos políticos, que hasta la fecha se reportan más de cien.
Por su parte, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, calificó de gravísima la crisis en Nicaragua y advirtió que se sigue profundizando, a la vez que se han identificado las tácticas represivas, que sostiene el régimen en el contexto actual de represión y violación a los derechos humanos.
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El organismo internacional presentó el pasado 15 de febrero un informe titulado «Silencio a Cualquier Costo», en el que documentó las graves violaciones de derechos humanos que se han practicado en los últimos años, especialmente desde abril de 2018. Guevara hizo un llamado enérgico a las autoridades de este país a respetar los derechos humanos de todas las personas.
Eurodiputados
Además, el 15 de febrero, la eurodiputada Soraya Rodríguez sostuvo un encentro virtual con familiares de presos políticos y el líder del Movimiento Campesino Medardo Mairena, en el que expusieron la preocupante evolución y represión de derechos humanos que mantiene la dictadura Ortega Murillo.
Desde el 2018 el Parlamento Europeo (PE) ha estado atento a la búsqueda de soluciones a la crisis sociopolítica en Nicaragua.
Al igual que en este encuentro, Rodríguez insistió en reformas electorales necesarias que permitan al país que las próximas elecciones sean libres, viables y legítimas. Además instó a la Unión Europea (UE) a apoyar a todos los actores políticos para alcanzar este fin.
ONU no bajará presión sobre Nicaragua
En el marco del 46 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presentó un informe actualizado sobre la crisis de Nicaragua, ante la persistencia de ataques, amenazas, detenciones arbitrarias e intimidación contra personas percibidas como opositoras a la dictadura.
Bachelet solicitó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una resolución firme y contundente sobre Nicaragua, que renueve plenamente el mandato de la Oacnudh, e insiste que dicha resolución debe enviar un mensaje claro de la comunidad internacional en poyo a las víctimas del régimen Ortega Murillo.
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Por su parte la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, luego de presentar el informe que documenta la grave crisis de Nicaragua, solicitó al régimen autorizar el ingreso de una misión para verificar la situación de derechos humanos en el país.
La funcionaria aseguró que su oficina siempre ha estado abierta a un diálogo con el gobierno de Nicaragua, pero que éste se ha negado a recibir ese apoyo. También advirtió, que si no se hacen reformas electorales, antes de las elecciones de noviembre, que permitan plenas garantías para ele ejercicio del derecho a la libertad expresión, asociación y participación política será difícil ver un proceso electoral transparente y creíble.
