El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ignorado 37 solicitudes de información sobre la crisis de Nicaragua, que ha enviado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Silencio que ha generado temor al organismo, ante la persistencia de ataques, asedio y represión, que podría incrementarse aún más en este año electoral.
La Oacnudh recientemente señaló en un boletín especial que a meses de realizarse las elecciones generales, el régimen no ha cumplido con las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, en septiembre de 2019, para superar la crisis del país. Por ello, ante este silencio permanente a las solicitudes de las Naciones Unidas para conocer la situación de los derechos humanos, esta semana en el 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el organismo publicará un nuevo informe sobre las crisis de Nicaragua, presionando para que la dictadura rinda cuentas por las graves violaciones de derechos humanos.
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Sin embargo, Alberto Brunori, representante regional para Centroamérica y el Caribe de la Oacnudh, afirmó en una entrevista al medio de comunicación español, El País, que no pierden la esperanza de que Ortega reconsidere aceptar el apoyo que le han ofrecido para superar la crisis que desde 2018 ha convertido a Nicaragua en uno de los mayores dolores de cabeza del organismo.
«Es una lástima que un Gobierno no responda y, además, que seamos acusados de ser parciales. Nuestra imparcialidad justamente se basa en el hecho de que hemos enviado 37 solicitudes de información al Gobierno, dándole la oportunidad de contrastar las declaraciones que hacemos. El hecho de que no respondan no penaliza a la Oficina de la Alta Comisionada, que al final tiene un mandato y hace su trabajo, sino al Gobierno», expresó Brunori al diario español, en respuesta al silencio de la dictadura.
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«Hemos ofrecido varias veces el apoyo de Naciones Unidas, sobre todo de la Alta Comisionada, para ayudar al país a superar la crisis. Si el Gobierno no acepta esa cooperación y, además, aprueba unas leyes que son contrarias a los estándares de derechos humanos y sigue cometiendo violaciones, la verdad es que la solución del problema se vuelve cada vez más complicada», alertó el representante regional de la Oacnudh.
El clima actual en Nicaragua no es el mejor para elecciones
Para Brunori, la indiferencia del régimen hacia la ONU, es un elemento negativo, para poder superar la crisis de derechos humanos, dado que vienen elecciones en noviembre y el clima en Nicaragua no es de los mejores, por tanto, esperarán que haya una apertura de parte del Estado. «Considero una pérdida de oportunidad para hacer las cosas bien. Cuando una oficina como la que es dirigida por Michelle Bachelet, ofrece los instrumentos para superar una crisis, normalmente los países lo aceptan», destacó.
El representante regional de la ONU, valoró la situación actual de Nicaragua como «complicado es poco». Ya que, «me parece que la situación si bien no tiene la misma gravedad que en 2018, las violaciones siguen y en el último periodo se han ido incrementando incidentes, amenazas, acoso a periodistas, defensores de derechos humanos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, todas señales que preocupan. Tememos que esto se vaya incrementando para noviembre, con la tensión de las elecciones. Además, los casos de violaciones a los derechos humanos de 2018 están casi todos en la impunidad. En eso no ha habido mayores avances», señaló.
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Además comentó, que pese a que el régimen ha liberado a varios presos políticos, aún siguen detenidas arbitrariamente más de cien personas por razones política. «El tipo de violaciones ha cambiado. Ya no tenemos tantas violaciones a la vida, como vimos con las 300 víctimas (mortales) de 2018. Pero sí se violenta el derecho a la asociación, se han prohibido mítines políticos, los feminicidios se incrementan, hay violación del derecho a la libertad de expresión», lamentó Brunori.
Sobre las posibilidades de reformas reales de cara a las elecciones, Brunori reiteró que «nunca perdemos la esperanza de que haya una reconsideración. Esas reformas electorales han sido pedidas por al OEA, por el Parlamento Europeo, por la Alta Comisionada en el informe de 2019. Todavía hay tiempo para poderlo hacer, aunque mientras más corto sea ese tiempo, menos posibilidades de que el proceso sea altamente participativo. Una vez más reiteramos nuestra disposición de apoyar al Estado».
De acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el estallido de la crisis que inició en abril de 2018, dejó al menos 328 personas asesinadas, unos dos mil heridos, más de 1,600 personas privadas de libertad, de estos más de 100 continúan detenidos y más de cien mil personas en el exilio.
