A meses de las elecciones generales en Nicaragua, el balance del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en septiembre de 2019, ha sido deficiente de parte del régimen Ortega Murillo, señala el boletín especial presentado este lunes 8 de febrero, por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
A pesar de que la Oficina del Alto Comisionado indica en este informe que la dictadura ha dado algunas señales positivas de distensión, tales como la liberación de personas detenidas por hechos relacionados con las protestas de 2018, insiste en que el balance es insuficiente, constatando que el Estado ha implementado muy pocas medidas en los ámbitos que cubren las recomendaciones; tales como el respeto y la restitución de derechos y libertades, la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, y la reformas legislativas e institucionales, incluida la reforma electoral.
Asimismo expresaron su preocupación porque en los últimos meses la dictadura ha recrudecido la represión a través de la aprobación de varias reformas legislativas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, cuya aplicación afecta el ejercicio de derechos y libertades de las y los nicaragüenses. “La última, cuando ya se había terminado el boletín, fue la aprobación de una reforma del Código Procesal Penal. La misma permite ampliar de 48 horas hasta 90 días la detención de un individuo, sin ninguna acusación, antes de que se realice un control judicial efectivo de todos los elementos para garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal”, advierten.
#Nicaragua sin mayores avances y algunos retrocesos en el cumplimiento de las recomendaciones de la Alta Comisionada – boletín especial
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Boletín especial 👉🏾https://t.co/97n05PCLgD— OACNUDH (@OACNUDH) February 8, 2021
Torturas y detenciones arbitrarias
De acuerdo con el boletín especial, la Oacnudh ha podido constatar que el Estado ha cumplido parcialmente con algunas de las 14 recomendaciones propuestas por la Alta Comisionada para solucionar la crisis de derechos humanos. Entre ellas el inciso (f), que establece el fin de las detenciones arbitrarias y liberación de personas aprehendidas en el contexto de la crisis.
La OACNUDH ha monitoreado específicamente la situación de las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis sociopolítica y de derechos humanos. Señala que de este grupo, desde el 30 de diciembre de 2019, el Gobierno ha otorgado medidas alternativas a la detención a 86 hombres y 9 mujeres. Según las cifras de la sociedad civil, a diciembre de 2020, al menos 106 personas (103 hombres y 3 mujeres) que participaron en las protestas o que fueron percibidas como opositoras continuaban privadas arbitrariamente de su libertad.
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En el período comprendido entre junio de 2019 y octubre de 2020, el mismo Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, mecanismo independiente del Consejo de Derechos Humanos que investiga los casos de privación de libertad, concluyó que 21 personas (13 hombres y ocho mujeres) habían sido detenidas arbitrariamente por agentes del orden desde agosto de 2018, 17 de ellas después de septiembre de 2019 (10 hombres y siete mujeres).
También subrayan que los arrestos y detenciones arbitrarios de personas percibidas como opositoras al gobierno continúan. “Actualmente, el patrón principal consiste en breves detenciones policiales, tras las cuales las personas detenidas son puestas en libertad dentro de las 24 horas siguientes sin ser presentados a las autoridades judiciales”.
Todos los presuntos casos de tortura mencionados en el informe de 2019 de la Alta Comisionada presentado al Consejo de Derechos Humanos siguen en la impunidad, advierten además que en ninguno de esos casos se identificó o sancionó a los autores o se concedió reparación a las víctimas. Asimismo, la Oacnudh siguió recibiendo denuncias de tortura, malos tratos y de denegación de atención de salud oportuna a personas privadas de libertad en el contexto de la crisis.
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“Las autoridades estatales, incluida la institución nacional de derechos humanos (la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos), niegan la existencia de esas violaciones, pero no permiten que las organizaciones nacionales o internacionales de derechos humanos evalúen independientemente las condiciones de las personas detenidas”, demanda. La OACNUDH reitera al Gobierno la importancia de permitir a la Oficina acceso al país y así poder evaluar su situación in situ.
Pendientes con el restablecimiento de las garantías para el ejercicio de las libertades
La Oacnudh, recuerda al Gobierno de Nicaragua que aún esta pendiente por cumplir con las siguientes recomendaciones: (a) Restablecimiento del diálogo; (b) Garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y de las libertades de expresión y asociación, y sanciones para quienes ataquen o intimiden a defensores y defensoras de derechos humanos; (c) Restablecimiento de la personalidad jurídica de organizaciones y medios de comunicación sancionados.
Además del (d) Establecimiento de un plan de rendición de cuentas sobre: i. Investigación de las violaciones de los derechos humanos; ii. Reforma del sector judicial; iii. En consulta con asociaciones de víctimas, medidas para cumplir con los derechos a la justicia, verdad, reparación, y garantías de no repetición; iv. Desarticulación de elementos y grupos armados progubernamentales; (e) Medidas efectivas para prevenir y erradicar, la tortura; (g) Modificación de la legislación penal en línea con los estándares internacionales, en particular en materia de privación de libertad y debido proceso; (h) Reformas para garantizar elecciones justas y transparentes.
A la Institución Nacional de Derechos Humanos
También detallan que elEstado dede velar por que Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cumpla con: (i) Cumplimiento pleno de su mandato de protección de los derechos humanos. (j) Fortalecimiento de la institución a través de la cooperación técnica de organismos internacionales especializados.
La Oacnudh, recuerda a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos – PDDH) debe seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para reforzar su mandato, en particular como mecanismo nacional de prevención de la tortura. A fin de cumplir plenamente su mandato, debe investigar exhaustivamente las denuncias de tortura y malos tratos a personas detenidas, en particular los cometidos desde abril de 2018.
Mencionan que en varias ocasiones, la Oacnudh se ha ofrecido a prestar asistencia técnica a esta institución nacional, tanto en la sede como a nivel regional. Al reiterar este ofrecimiento, también invita a la PDDH a que continúe buscando la colaboración de sus homólogos regionales.
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Sobre las recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional, el boletín indica que el Gobierno de Nicaragua ha cumplido parcialmente también con las siguientes recomendaciones: (l) Inste a Nicaragua a que reanude cuanto antes la cooperación con la Oacnudh y los mecanismos regionales de derechos humanos, y a que les permita el acceso al país; (m) Reafirme el compromiso de la comunidad internacional de apoyo a Nicaragua para encontrar una solución a la crisis sociopolítica a la que se enfrenta, incluyendo gestiones para establecer un plan de acción de amplio alcance orientado a la rendición de cuentas; (n) Solicite a la Oacnudh que fortalezca el monitoreo, la documentación, el análisis y los informes públicos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, fundamentalmente como contribución para garantizar la rendición de cuentas, y para apoyar el Estado de Derecho y las reformas del sector de la seguridad.
Oacnudh ha ofrecido en repetidas ocasiones su asistencia técnica para facilitar la implementación de las medidas que recomendó la Alta Comisionada, pero estos ofrecimientos aún no han sido tomados en cuenta por el Gobierno de Nicaragua.
Desde septiembre 2018, Oacnudh ha publicado 18 boletines sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Este último se enfoca en las 14 recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos en 2019, 11 de ellas dirigidas a autoridades estatales de ese país, con el objetivo de promover un diálogo inclusivo y ayudar a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos. El balance toma en cuenta, también, el impacto de la pandemia de COVID-19, así como los efectos provocados por los huracanes Eta e Iota, que azotaron el país en noviembre del año pasado.