Casi 29 meses tiene Nicaragua de estar sumergida en una crisis social y política, mientras la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa reprimiendo a todo aquel que exija su salida del poder. Así lo han evidenciado a través de varios informes organismos internacionales de derechos humanos, que realizan un monitoreo constante de las violaciones de derechos humanos en el país.
Este año, la pandemia del Covid-19 agudizó aún más la crisis y ha puesto de manifiesto el inadecuado manejo del régimen sobre las necesidades de salud pública de los ciudadanos, quienes esperan una mayor presión, más allá de comunicados, de parte de las instancias internacionales, para restablecer la democracia en el país.
La desesperanza de la población
Denis Darce, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), manifestó que entre la población nicaragüense existe una desesperanza en el sentido de que hay muchos pronunciamientos de parte de la comunidad internacional y de los organismos internacionales de derechos humanos respecto a la situación que se vive en el país desde hace más de dos años, pero que pese a la contundencia de los mismos no perciben una solución temprana a la crisis sociopolítica que vive el país.
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Sin embargo, “la población debe estar clara que los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales no tienen el poder de cambiar las cosas. Los que tienen el poder de cambiar la situación en el país son los actores políticos nacionales, actores que son relevantes y que pueden ejercer una presión más directa”, explica.
En un reciente informe, presentado el pasado 30 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), reiteró que en Nicaragua persisten los ataques, amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento e intimidación contra personas percibidas como opositores del gobierno del dictador Daniel Ortega.
El jurista opositor José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, expresó que la labor de las instancias de derechos humanos internacionales es investigar, denunciar y evidenciar las violaciones de los derechos humanos que ocurren en el país.
Por tanto, las bases para las condenas y sanciones que se han aplicado al régimen de Ortega y sus allegados han sido precisamente por los informes presentados por los organismos internacionales de los derechos humanos, que son parte del sistema de las Naciones Unidas, como es el caso del Alto Comisionado y el Sistema Interamericano, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Mucha gente ve que no hay una relación directa. Se denuncia, publican, pero no pasa nada. Pero sí, sí pasa, porque después cada cancillería, cada parlamento, cada opinión que se da, de condena, de rechazo, van creando las condiciones para que se den pronunciamientos de Estados o conjuntos de Estados, como la Unión Europea, que lo ha hecho de forma contundente y que también ya ha aplicado sanciones”, indicó Pallais.
El exdiplomático señaló que “31 países caracterizados por sus compromisos democráticos han aplicado sanciones y esto no puede haberse dado si no existía esa base, ese sustrato de este contundente informe de violaciones masivas, reiteradas de los derechos humanos en el país”.
“Y pueden continuar aplicándose sanciones al régimen Ortega Murillo”, advirtió Pallais.
Los informes son mecanismos de presión
Por su parte, Darce enfatizó que la comunidad internacional ha sido receptiva a los informes que ellos como CPDH también han presentado en determinados momentos. “A nivel internacional eso ha implicado que haya pronunciamientos en contra del Estado de Nicaragua, que son mecanismos de presión, que son los instrumentos con los que cuenta la comunidad internacional para presionar por cambios”, argumentó.
Sin embargo, “no se puede esperar que los organismos de derechos humanos internacionales y mucho menos los nacionales seamos quienes hagamos los cambios, porque al final de cuenta las presiones políticas las tienen que ejercer los actores políticos internos y los actores políticos internacionales también, pero se está viendo que parte de estas presiones tienen que ver con las sanciones”, destacó el activista.
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Darce coincide con Pallais en que la comunidad internacional ha estado desarrollando esa política de sanciones encaminada a presionar más al gobierno del dictador Daniel Ortega.
“Y no estoy hablando solamente de las sanciones de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea como bloque económico y político, ha aplicado algún tipo de sanciones y probablemente, si la situación no varía, las sanciones puedan continuar”, alertó.
Porque, “al final son los únicos mecanismos de presión que tiene la comunidad internacional. Pero, además, los actores y líderes políticos que andan por ahí deben de presionar y demandar más, para que creen las condiciones y restituyan los derechos”, insistió Darce.
“Nos cuesta dimensionar, lógicamente todos queremos que el resultado sea más fuerte, más rápido, pero este ya es un régimen completamente aislado, desacreditado. El avance a nivel internacional ha sido muy alto y se debe a esa permanente presencia de los organismos defensores de derechos humanos”, agregó Pallais.
La justicia internacional tiene sus límites
Por otro lado, el analista político y exembajador Mauricio Díaz explicó que el Sistema Internacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos tiene sus límites, pues Nicaragua ya recorrió la ruta crítica en el sistema, cuando llegó a las puertas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el caso no progresó.
“Porque hay veto. Los rusos y los chinos son aliados de este Gobierno. Por tanto, la única manera sería que este tema (violaciones de derechos humanos en Nicaragua) ingrese al Consejo de Seguridad y se aplique la resolución sobre lo que se denominó a mediados del año 2000 en Naciones Unidas como intervencionismo por razones humanitarias, el deber de proteger”, manifestó Díaz.
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No obstante, para que eso suceda se necesita recorrer un largo camino, que pasaría porque el Estado de Nicaragua sea considerado un Estado que pone en peligro a sus propios connacionales y que por lo tanto hay que buscar mecanismos internacionales para garantizar la vida de los nicaragüenses, mencionó el exembajador.
Pero “eso está pegado en la cola del venado, porque no veo yo qué otro colmillo tenga el sistema, más que las declaraciones inmorales, los llamados de atención, los exhortos, las resoluciones. Lo único que falta es que los Estados que deseen hacerlo puedan emprender acciones, por ejemplo, de persecución a los que han sido acusados de corrupción, pero eso es cuestión soberana de cada Estado”, señaló.
Sin embargo, no es un proceso que podría ejecutarse ya. Díaz indica que para llegar a ese punto se requiere de un proceso de justicia transicional y para implementar la justicia transicional se requiere de la participación de los órganos jurisdiccionales nacionales.
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“Para llevar un caso a la instancia regional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, usted tiene que llevar primero el caso a la Comisión, pero antes tiene que haber agotado los procedimientos internos”, explicó.
Esto para Díaz es absurdo, puesto que todas las estructuras, judicaturas y el poder judicial están partidarizados en Nicaragua. “Qué sentido tiene recorrer ese camino, si esto ya es cosa juzgada. Recorrer ese largo camino para después llevar un caso a la Comisión, para que luego pase a la Corte se lleva procesos de cuatro, cinco y a veces más años, que son aprovechados por los que han cometido crímenes de lesa humanidad”, comentó.
De acuerdo con el exembajador, lo que queda son las presiones bilaterales, como las que han ocurrido hasta ahora, pero eso ya depende de la voluntad y los intereses de los Estados individuales.
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“Qué más puede hacer la alta comisionada (Michelle Bachelet), a no ser que lleve el caso al secretario general de Naciones Unidas, que tampoco está muy interesado en meterse en este tema, de crímenes de lesa humanidad, pues solo veamos Venezuela, ¡qué tragedia! Los nicaragüenses desgraciadamente estamos a la buena de Dios, estamos en tierra de nadie”, lamentó Díaz.
Organismos insisten en la venida de una delegación de investigación al país, pero el régimen se niega
Pallais manifestó que después que el régimen de Ortega suspendiera la misión de investigación, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), a quienes expulsó del país el 19 de diciembre de 2018, en las resoluciones anuales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) se le ha insistido al régimen que permita que una comisión especial ingrese al país nuevamente, pero este se ha negado a aceptar.“Eso lo hace aislarse más y ponerse en camino de más sanciones y pagar más duras consecuencias por negarse a cooperar con el sistema de protección de los derechos humanos”, dijo Pallais.
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Por su parte, Díaz señala que el régimen no permite el ingreso de una comisión especial, alegando intromisión en los asuntos internos de su país. “No ve cómo sacaron a los organismos en diciembre de 2018 y de ahí no volvieron a entrar, y qué hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Nada. Los nicaragüenses estamos en manos del control policial, de la seguridad del Estado, de la represión desde la base, a través de las estructuras partidarias y control social que son cada vez más fuertes”, considera Díaz.
LA PRENSA/CORTESÍA
El analista político y exdiplomático recuerda que en la década de los 80 se criticaba la relación, Estado, Ejército y partido. Mientras que hoy “se ha convertido en una relación Ejército, partido, familia, inteligencia, seguridad, control social y algo grave que no tenían para la década de los 80, eran recursos financieros disponibles incontrolados, que no se sabe de dónde vienen”.
Mientras tanto, Darce aseguró que la CPDH se encuentra en un proceso permanente de recopilación de información y documentación de cada una de las violaciones de derechos humanos, ya que la estrategia es la demanda de acceso a la justicia. “Todo el que haya sido asesinado, torturado, violado, vamos a demandar acceso a la justicia para las víctimas y los familiares que sobrevivieron. Independientemente de quién haya sido el ejecutor o el perpetrador, como Comisión nuestro compromiso es estar al lado de las víctimas y familiares para demandar justicia”, indicó.