El próximo lunes dará inicio el 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde la crisis de Nicaragua sigue siendo punto de agenda, ante la persistencia de ataques, amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento e intimidación contra personas percibidas como opositoras, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y periodistas independientes que denuncien las arbitrariedades del régimen.
Por ello, al menos 17 organismos regionales e internacionales de derechos humanos convocaron este jueves 18 de febrero, a un encuentro donde se analizó información actualizada sobre la situación de Nicaragua y abogar para que lo Estados que conformar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aseguren una resolución firme sobre Nicaragua que renueve plenamente el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) que establezca claros criterios de comparación.
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Durante el evento, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, contextualizó que desde abril de 2018, Nicaragua esta sumida en una profunda crisis en materia de derechos humanos, provocada por una sistemática y generalizada violación a los derechos hundamos por una política represiva originada por el gobierno del dictador Daniel Ortega.
“A la fecha muchas personas continúan detenidas arbitrariamente, simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de asamblea pacífica. Cientas y Cientas son las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que se continúan recibiendo de detenciones arbitrarias, de torturas y malos tratos, de hostigamientos, de denegación de justicia, de restricciones a las libertad de expresión y asociación. Así como de constantes esfuerzos para silenciar a las víctimas, a sus familias, a las organizaciones que valientemente les acompañan por su lucha y exigencia por justicia y a los medios de comunicación independientes, en particular a aquellos periodistas que se han atrevido a seguir levantando la voz para informar dentro y fuera de Nicaragua está grave situación”, señaló Guevara.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, también recordó que el mandato de la Oacnddh sigue siendo crítico, dada la continua negativa del Estado de Nicaragua a cooperar con los sistemas regionales e internacionales de protección de derechos humanos.
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Los organismos insisten en que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe enviar un mensaje claro de la comunidad internacional en apoyo a las víctimas, a las personas defensoras de los derechos humanos, a los medios de comunicación independientes, a los periodistas, que a búsqueda de justicia, verdad y reparación tiene que continuar siendo una lucha colectiva e internacional.
Por la crítica situación en materia de derechos humanos que enfrenta Nicaragua, los organismos regionales e internacionales de derechos humanos organizaron dicho evento, para poder brindar un panorama de la situación actual del país contada desde la primera persona, las víctima de violaciones a los derechos humanos de la dictadura.
“Nos han exterminado por pensar diferente”
Thelma Montenegro, tía de los hermanos Oliver y Dorling Montenegro, ambos jóvenes opositores detenidos actualmente por la dictadura, relató a detalle cada uno de los ataques, asesinatos, detenciones, allanamientos de los que ha sido víctima ella y sus familiares, por apoyar las protestas sociales iniciadas en abril de 2018 en el país.
“Nosotros somos antisandinistas, porque históricamente el sandinismo ha hecho mucho daño y crueldad en nuestro país. Es así que en el 2018, en el contexto de lucha azul y blanco, nuestra familia se integró en las acciones de protestas cívicas ante las aberraciones a los derechos humanos que se cometían en contra de los ancianos, estudiantes, la iglesia católica y asumimos un rol de liderazgo como campesinos”, expresó en su intervención Montenegreo.
Denunció que esa acción ciudadana desencadenó odio, persecución, de las fuerzas militares al servicio del régimen, que como resultado la familia Montenegro sufrió hasta la fecha el asesinato de cuatro miembros de su familia, entre ellos, Oliver Montenegro Centeno, papá de los dos jóvenes detenidos. Este fue asesinado el 23 de enero de 2019, de forma atroz por policías y paramilitares en su finca, ubicada en la comarca Esperanza de Quilambé, en Wiwilí.
Cinco meses después, sujetos desconocidos asesinaron a Edgar Montenegro Centeno y a su hijastro Jalmar Zeledón Olivas, quienes fueron perseguidos hasta Honduras, donde los asesinaron el 27 de junio de 2019. Luego asesinaron a Francisco Blandón Herrera, esposo de Thelma Montenegro el 27 de julio del 2019. Este fue baleado cerca de su finca por presuntos paramilitares.
“Nos han exterminado por pensar diferente, este es nuestro calvario, que también representa el calvario de muchas familias campesinas. Por tanto, pedimos una mirada y un accionar contundente hacía nuestro país. Estamos en un año electora, y justamente este año, este momento es la oportunidad para poder cambiar nuestra historia, que no se repita tanto sufrimiento. De lo que suceda este año depende el futuro democrático de Nicaragua, depende esa anhelada justicia que nosotros como familia necesitamos”, insistió Montenegro.
Piden incluir la situación de los pueblos indígenas en la resolución
Por su parte, Lottie Cunningham, defensora de los derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, en su intervención propuso animar a las misiones a que incluyan las situación de los pueblos indígenas en la eventual resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, esto porque a medida que el espacio cívico y la garantía democrática se cierran en en el país, se agudiza también el despojo territorial y el patrón de violencia sistemática y generalizada contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas.
Cunningham, denunció que en 2020 se contabilizaron al menos 13 asesinatos de indígenas, 8 personas heridas en ataques armados, dos secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad, para un total de 49 indígenas asesinados, 52 lesionados, 46 secuestros, y cuatro indígenas desaparecidos desde 2011.
Asimismo señaló que, producto de la violencia se estima que tres mil personas indígenas, tan solo del pueblo Miskito se encuentran desplazados forzosamente en otras comunidades y cabeceras municipales y en comunidades fronterizas a Honduras.
“Estas agresiones son cometidas por actores no estatales, bajo la anuencia estatal. Primero por la impunidad de gozan los perpetradores en tanto las amenazas, agresiones, asesinatos y desplazamiento forzoso no han sido investigados y por lo tanto, los responsables materiales e intelectuales nunca son enjuiciados. Y en segundo lugar, por la depredación de recursos naturales que es alentada por parte del Estado de Nicaragua a partir de incentivos a industrias como la minería, la explotación forestal y la ganadería extensiva”, manifestó.
“En virtud de todo lo anterior hacemos un llamado a la comunidad internacional y exhortamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que apruebe una resolución para Nicaragua y que incorpore la situación de los pueblo indígenas y afrodescendientes”, reiteró.
Criminalización y censura a la libertad de prensa en Nicaragua
El periodista y director de Radió Darío de León, Aníbal Toruño, expuso la criminalización y censura a la libertad de prensa en Nicaragua. Advirtió que actualmente, Nicaragua está presenciando posiblemente el último capítulo, la última frontera de libertad ante de el apagón informativo que pretende lograr Ortega con la aprobación de leyes represivas como los son la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelito y el establecimiento de la cadena perpetua, que imponen multas, cárcel y bloquean la financiación de las organizaciones internacionales a la sociedad civil, ONG, medios de comunicación y opositores.
“Estas son leyes que destrozan aún más la habilidad de los nicaragüenses de ejercer sus derechos humanos y las libertades fundamentales y son una amenaza para elecciones justas y libres, y para encontrar una salida democrática y constitucional a la crisis nicaragüense”, alertó Toruño.
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El periodista también, indicó que desde que Ortega regresó al poder en 2007, tenía como objetivo secuestrar la libertad, atracar la institucionalidad de la nación y asaltar la libertad de expresión. “Lo que el régimen pretende es esconder al mundo la crisis de Nicaragua y para eso usa la represión, el ataque, destrucción, confiscación, allanamientos, torturas y embargos a medios que disfrazan el apetito depredador del régimen por el control de la información”.
Toruño denunció además, sobre los brutales ataques, amenazas y hostigamientos de los que ha sido víctima personalmente él, su familia y colaboradores de Radio Darío, en León, a través de efectivos de la Policía , quienes actúan como el principal brazo opresor del régimen.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, expresó que muchas veces la justicia llega tarde, pero llega. “Sabemos que la contribución que desde los organismos internacionales particularmente la relatorías independientes y de múltiples organizaciones de derechos humanos tanto nicaragüense, como regionales e internacionales, pues emitimos informes y seguimos dando visibilidad a la grave situación que pareciera que eso no surte efecto, pero en realidad si lo surte”, alentó Guevara.
