La masacre contra la comunidad Mayangna Alal, en la Reserva de Biosfera Bosawas, recordó la impunidad que ha prevalecido en los hechos violentos padecidos durante años por los pueblos indígenas del país. Al respecto del último ataque, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro lo condenó y urgió al régimen orteguista a que investigue los hechos e imparta justicia.
“Condenamos el asesinato y desaparición de líderes indígenas Mayagna en Nicaragua. Urgimos al Gobierno que investigue los hechos y traiga justicia a las víctimas a fin de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas en su territorio”, escribió Almagro en su cuenta de Twitter.
El ataque dejó a cuatro comunitarios muertos con impacto de bala: Jarle Samuel Gutiérrez, Juan Emilio Devis Gutiérrez, Cristino López Ortiz y Amaru Rener Hernández, tres heridos y una población refugiada en otras comunidades del territorio Mayangna Sauní As en Bosawas.
Cristino López Ortiz estudiaba el tercer año de Lengua y Literatura en la Universidad Bluefields Indian and Caribbean (BICU). A través de un comunicado, la universidad expresó sus condolencias a sus familiares y sus compañeros de estudio, y demandaron justicia para que su muerte no quede impune.
La masacre en Bosawas ocurrió el pasado miércoles 29 de enero. Los mismos comunitarios señalan que los responsables del hecho son los colonos que buscan invadir sus tierras, por ello, la demanda generalizada de los pueblos es la urgencia del saneamiento.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explica que como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445- Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz- a través de la que se estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.
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De 2007 a 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para “el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos” sigue ausente, explica Cejil.
Según la versión policial fueron incendiadas 12 viviendas. LAPRENSA/CORTESÍA
Lucha por tierras, detonante de la violencia
Esta lucha ante la invasión de terceros que buscan como acaparar más tierras para convertirlas en pastizales ha sido uno de los detonantes de la violencia, siendo los más afectados, los pueblos indígenas. El informe Resistencia Miskitu: una lucha por el territorio y la Vida, de Cejil, expone que durante la segunda mitad de 2015 se produjeron más de 22 incidentes violentos contra las comunidades miskitu. El saldo de esos ataques fue de siete comunitarios asesinados, cuatro desapariciones y 16 personas heridas, incluyendo niños y adolescentes.
En esa ocasión, las agresiones incluyeron destrucción y robo de propiedades de las comunidades, amenazas de muertes por parte de colonos, para que dejaran de visitar sus parcelas y cedieran sus tierras. Los hechos fueron denunciados a la Policía Orteguista, sin embargo, no hubo respuesta para proteger a los indígenas ni para investigar lo sucedido.
El 29 de enero de este año ocurrió un ataque similar en comunidades mayangnas. La PO y el Ejército de Nicaragua llegaron al terreno donde ocurrió el ataque, pero cinco días después no hay ningún detenido pese a la masacre de cuatro personas. La institución policial primero dijo que no habían muertos, pero un día después de dicha afirmación, reconoció que sí encontraron cuerpos que presentaban impacto de bala. Al igual que los miskitu, a los mayangnas también les quemaron doce viviendas.
Romel Frechz, coordinador nacional de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (Apian), expresó que el Estado de Nicaragua ha abandonado a los pueblos indígenas, ya que han acudido a las autoridades municipales, estatales y a nivel de la Asamblea Nacional, pero solo les prometen que procederán con el saneamiento, sin acciones concretas. Mientras, continúa la matanza de comunitarios, violaciones, secuestros y desaparecidos.
Poblaciones vulnerables en áreas protegidas
Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, explicó que la masacre que padeció la comunidad Alal, forma parte de un patrón que afecta a los territorios indígenas. Se perpetra contra poblaciones vulnerables y son motivadas por procesos de invasión a los territorios. Estos hechos se han denunciado y evidenciado, pero permanecen en impunidad.
En octubre de 2019 este Diario también reportó la matanza de una familia en la Reserva Biológica Indio Maíz, en el que murieron cinco personas, incluido un bebé de un año. Este hecho, ocurrido en la comunidad La Pimienta, en San Juan de Nicaragua, fue confirmado por Ruiz. Las autoridades nicaragüenses no confirmaron el hallazgo de la familia; sin embargo, la Policía Profesional de Migración de Costa Rica informó la semana pasada la captura de tres nicaragüenses buscados por la matanza de una familia en Indio Maíz.
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El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) ha documentado entre 2011 y 2018 un total de 34 comunitarios asesinados, 44 lesionados, 25 secuestrados y 4 desaparecidos.
Para Ruiz, lo que está pasando en los territorios indígenas demuestra un aumento de la conflictividad social en las zonas rurales, que suma a la crisis sociopolítica y los asesinatos extrajudiciales que ocurren en el país, ante los que no hay impartición de justicia. Esta impunidad también prevalece en el seguimiento de casos de violencia vinculados con territorios indígenas y la población armada de colonos invasores, expresó el ambientalista.