La falta de saneamiento y la imposición de gobiernos paralelos , tiene una relación directa con la invasión de colonos a territorios indígenas en todo el país.
Lo anterior lo señala un informe de la Alianza de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (Apian), sobre la situación de esas poblaciones en todo el país.
“La omisión estatal en realizar la etapa de saneamiento y la ilegal imposición de gobiernos paralelos, para desarticular las instituciones tradicionales y así debilitar su organización y resistencia, tiene una relación directa con las invasiones armadas y violentas que actualmente ejecutan colonos en territorios indígenas y afrodescendientes de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y en la Zona de Régimen Especial de Nicaragua”, dice el informe.
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El mismo señala coincidencias encontradas en estas poblaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico y tiene que ver “con la violación estatal a la garantía de autodeterminación por medio de la libre elección de sus autoridades y a la conformación de sus gobiernos territoriales según sus costumbre y tradiciones”.
Refiere el informe que la instalación de gobiernos paralelos, ajenos a los intereses de estos pueblos es una “práctica sistemática y reiterada” y es una muestra de la “represión estatal desatada”, que va acompañada con la descalificación y desprestigio de personas naturales y jurídicas y defensores de los derechos humanos de estas poblaciones.
El informe recuerda que aunque entre 2005 y 2017 el Estado ha entregado 23 títulos de propiedad sobre sus territorios a igual número de pueblos indígenas y afrodescendientes, sin embargo, los títulos se ven limitados en su eficacia legal por la falta de implementación de la etapa de saneamiento como lo establece la Ley 445, Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maiz. Y que consiste en determinar qué tipo de derechos de propiedad tienen los terceros que se encontraban dentro de estos territorios al momento de la titulación.
Sin embargo, apunta el informe, que el mayor problema que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas lo constituye la centralización y omisión de acciones del Estado.
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En cuanto al Pacífico, resaltan como ejemplo, el caso de Muy Muy, donde el mecanismo utilizado desde el año 2004 es el uso de la militancia partidaria dentro de la población indígena, “que han cooptado para imponer autoridades indígenas fieles”, para utilizarlos como capital político para repartir las tierras a los adeptos al partido en el gobierno, así como a traficantes de tierra.
Igual pasa con pueblo Chorotega
Mientras el Estado no responde a la adecuación del Programa de Ordenamiento Territorial (PRODEP) en los territorios de los pueblos indígenas Chorotega, pues señalan que debió realizar consulta para obtener la aprobación y participación de esa población para ese proyecto.
El proyecto es implementó a partir del año 2001,para la regularización y titulación de tierras en las zonas urbanas y rurales, a través del barrido catastral en los departamentos de León y Rivas. Y la regularización Chinandega, Estelí, primero y a partir del año 2009 en Madriz y Nueva Segovia.
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