Los pueblos indígenas en las Américas siguen afectados por los niveles más altos de analfabetismo, desnutrición, dificultades para acceder a cuidados médicos, y obstáculos para acceder servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad y viviendas adecuadas.
Lo anterior lo refiere el informe Pobreza y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que refleja la situación que enfrentan las poblaciones indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, asegura la presidenta de Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham.
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La Comisión observa que los pueblos indígenas en las Américas continúan viéndose desproporcionadamente afectados por la pobreza y la pobreza extrema, en comparación con la población en general, revela el informe Pobreza y derechos humanos, publicado por la CIDH a fines del año pasado.
“Entre los factores contribuyentes a estas tasas se encuentran la persistencia de una situación de exclusión estructural e histórica de la población indígena, que general y facilita la reproducción intergeneracional de la desigualdad y la pobreza”, destaca la CIDH.
Cunningham manifestó que la pobreza que sufren las poblaciones indígenas está vinculada por la pérdida de sus territorios y las concesiones otorgadas para el desarrollo de megaproyectos.
Además el desarrollo e inversión que hace el Estado en Nicaragua en esos territorios “es excluyente”, al no tomar en cuenta las formas tradicionales del uso y tenencia de la tierra, opina Cunningham.
“Esta discriminación estructural, la pérdida de sus territorios ancestrales y su exclusión del desarrollo económico son causas de la pobreza y la pobreza extrema que afecta actualmente a los pueblos indígenas, lo que a su vez tiene repercusiones serias en su capacidad de gozar de sus derechos fundamentales, como por ejemplo sus derechos a la educación, la salud y al trabajo”, expresa la CIDH en su informe.
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Y en Nicaragua todo lo que es el servicio básico de los 304 comunidades indígenas y afrodescendientes el 80 por ciento de estas comunidades del Caribe nicaragüense consumen agua directamente de ríos y riachuelos que actualmente están siendo contaminados por proyectos de la minería, explica la defensora de derechos humanos.
Y en cuanto a la educación y salud el Estado está ausente en la mayoría de las comunidades. Por ejemplo, no existe prioridad por parte del Estado de mejorar la calidad de la educación en las comunidades indígenas.
No hay un seguimiento o supervisión a los maestros que permanecen en las comunidades lejanas, quienes no imparten clases de forma sistemática. Y además no todas las comunidades cuentan con escuelas, o solo tienen acceso a la educación primaria, cuando no todos los padres tienen las condiciones para que sus hijos continúen la educación secundaria, explica Cunningham. Hay un nivel altísimo de analfabetismo en el sector por la falta de atención por parte del Ministerio de Educación, dice Cunningham.
En su informe la CIDH destaca que “la probabilidad de que los niños o niñas indígenas terminen la educación primaria y secundaria sigue (siendo) menor que la de los no indígenas, lo que reduce sus posibilidades para salir de la pobreza”.
80
por ciento de 304 comunidades indígenas y afrodescendiente en el Caribe nicaragüense consumen agua directamente de ríos y riachuelos que están contaminados por el uso de químicos de la minería.
Igual en salud
En cuanto a salud, por ejemplo, las comunidades casi en su mayoría carecen de puestos de salud.
Y en el casco urbano del municipio de Waspam, en el Caribe Norte, únicamente cuenta con un centro de salud con camas para brindar atención médica, a la población de casi 200 comunidades.
Y la costumbre de atención de medicina tradicional también se afecta cada día, según la defensora de derechos indígenas, con el deterioro de los bosques y la inseguridad existente en las comunidades del Caribe nicaragüense. Según la CIDH, las tasas de fecundidad de las mujeres indígenas siguen siendo más altas que los promedios nacionales; generalmente tienen menos controles prenatales, menos atención profesional en el parto, y más altas tasas de mortalidad materna e infantil.