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CONTENIDO EXCLUSIVO.A pocas horas de que ocurra el traspaso de poder en Estados Unidos, en el cual el demócrata Joe Biden, de 78 años, tomará posesión como presidente número 46 de esa nación, analistas políticos valoran como positivo el apoyo brindado al país por la administración del presidente saliente Donald Trump, de quien consideran que hizo todo lo que estuvo a su alcance para enfrentar no solo a la dictadura de Nicaragua, sino a la Cuba y Venezuela.
Desde el estallido de las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018 en el país, el gobierno de Trump condenó lo que denominó “repugnante violencia política de la Policía y matones afines al gobierno”. La represión de las protestas dejó al menos 328 muertos, cientos de prisioneros políticos y miles de exiliados, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
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Desde entonces, la diplomacia estadounidense mantiene una constante presión política sobre Nicaragua, en busca del restablecimiento de la democracia y las libertades y ha fijado su mirada en la dictadura de Daniel Ortega. Ha impuesto una serie de sanciones individuales a miembros importantes de su círculo de poder, en los que figuran principalmente tres de sus hijos, su esposa y vicepresidenta designada Rosario Murillo, y operadores cercanos señalados por actos de corrupción y violación de derechos humanos.
Las presiones de Trump sobre la dictadura de los Ortega Murillo
El exdiplomático y analista político Mauricio Díaz valora que, en general, el gobierno de Trump implementó una política exterior muy consistente con la defensa de los valores democráticos en el continente y en particular en Nicaragua, y además aplicó más sanciones que ningún otro gobierno había hecho.
“Hizo lo que le corresponde. No puede ir más allá de las gestiones políticas, diplomáticas, legales que ellos pueden hacer. Realmente presionó bastante, tomó medidas incluso de manera bipartidaria muy importantes, como las leyes que se aprobaron durante su periodo, en su gobierno. Recordemos que de ahí viene la Nica Act. Uno puede decir que fue más retórico que otra cosa, pero no es cierto. Aplicaron una serie de sanciones que nadie más había hecho”, expresó Díaz.
El exembajador de Nicaragua en Alemania, José Dávila Membreño, coincidió con Díaz en que la administración del presidente saliente de EE. UU. hizo todo lo que estuvo a su alcance en la lucha a favor de la democratización de Nicaragua. Pero que en el caso de Nicaragua no se logró que Ortega, por ejemplo, garantizara a estas alturas elecciones libres, reformas electorales o un diálogo nacional, que era lo que se venía exigiendo.
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“El presidente Trump y su gobierno hicieron todo lo que estaba a su alcance, tanto como en la Organización de Estados Americanos (OEA), en la ONU, y con la Nica Act. Las sanciones fueron muy importantes. El consenso bipartidista que generó para que Nicaragua tuviera una apertura democrática y se restablezca la democracia”, opinó Dávila Membreño.
Por su parte, la politóloga Carmen Chamorro, considera que las sanciones impuestas por EE. UU. han sido importantes para generar presión en el gobierno y han sido un golpe fuerte para la dictadura, quien se ha visto forzada a cambiar sus estrategias de gestión administrativa en instancias como el Ministerio de Hacienda, Policía, Petronic y la Asamblea Nacional. “Hay muchas más personas involucradas en que esto seguirá más allá de Trump, más congresistas cercanos a la situación de Nicaragua”, manifestó.
El exembajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez, señaló que la administración de Trump tuvo desde el inicio las manos llenas con los problemas que enfrentan los Estados Unidos internamente, y su prioridad fue resolverlos positivamente. La política exterior hacia Nicaragua y hacia América Latina fue forjada por defecto, nunca fue una prioridad.
“Hay que recordar que fue el Congreso de Estados Unidos quien en forma unánime (republicanos y demócratas) aprobó la Nica Act, que ha sido el instrumento clave para lidiar con Ortega, así como también la (Ley) Magnitsky. La administración Trump no vio con buenos ojos esa legislación, pues la vio como una injerencia del Congreso en la conducción de la política exterior que le pertenece al presidente”, expresó Velásquez.
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Sin embargo, Velásquez agregó que “ha sido hasta los años finales en que la administración de Trump se decidió a impulsar algunas medidas para contener a Ortega, sancionando a su familia y funcionarios. Así también acompañó estos gestos con una fuerte retórica. Los logros en cuanto a los objetivos de política exterior de la administración de Trump en Nicaragua han sido exiguos o mínimos. Al fin de cuentas, nos deja en un impasse“.
Tanto la Ley Magnitsky, como la Nica Act establecen sanciones económicas al Gobierno o personas de Nicaragua que estén relacionadas con prácticas corruptas o violaciones a los derechos humanos, lo que puede llevar a que Estados Unidos congele los bienes y las cuentas bancarias de los responsables, junto con sus allegados.
Una veintena de funcionarios afines al régimen sancionados
Durante los últimos dos años, el presidente Donald Trump impuso sanciones a 27 funcionarios cercanos a Ortega, por violaciones que han cometido a los derechos humanos, prácticas antidemocráticas y corrupción. También ha sancionado a nueve entidades, por estar vinculadas principalmente a los negocios de la dictadura.
El primer sancionado fue Roberto Rivas en el año 2017, entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), en el marco de la Ley Global Magnitsky, que implica cancelar visas, congelar bienes y activos a personas privadas acusadas por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
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Entre la lista de sancionados, figura la vicepresidenta designada Rosario Murillo y el secretario privado de Ortega y asesor de seguridad nacional, Néstor Moncada Lau, señalados de corrupción desenfrenada, desmantelamiento de las instituciones democráticas y la explotación de recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal. También han sido sancionados tres hijos de la pareja dictatorial, el presidente de la Asamblea Nacional —Gustavo Porras— y el jefe de la Policía Orteguista (PO) —Francisco Díaz—, entre otros.
Las nueves instituciones sancionadas por EE. UU. durante los últimos años son: la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural (Caruna), Alba de Nicaragua (Albanisa), la Policía Orteguista, el Banco Corporativo de Nicaragua (Bancorp), Empresas Zanzíbar, Distribuidora Nicaragüense de Petróleo SA (DNP), Servicios de Protección y Vigilancia (El Goliat), Difuso Comunicaciones y Mundo Digital.
Los últimos sancionados
A pocas semanas que terminara el gobierno de Donald Trump, el Departamento del Tesoro de EE. UU. mantuvo su estrategia de presión contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. El 21 de diciembre de 2020, fueron sancionados el vicepresidente de la Corte Suprema de Nicaragua —Marvin Ramiro Aguilar—, el diputado Wálmaro Antonio Gutiérrez y el comisionado de la policía de León, Fidel de Jesús Domínguez. El Tesoro indicó que estos individuos son responsables de “apoyar la sistemática identificación, intimidación y castigo de los opositores que lleva a cabo el régimen de Ortega”.
“Obviamente pudieron haber hecho más”, expresó Díaz, quien apunta a otros instrumentos que no fueron tocados como medidas de presión, como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. “Y si lo tocan va a provocar una enorme crisis en nuestro país porque Nicaragua depende fundamentalmente del mercado de los EE. UU. y nuestros emigrantes remesan desde allá millones de dólares para la economía nacional”, agregó.
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Para Chamorro, también es muy significativo y simbólico que se haya sancionado a tantos funcionarios, pues “demuestra un problema estructural que no solo está compuesto por la pareja dictatorial, sino por todo un aparato de Estado corrupto y cómplice y que juega un rol fundamental como pilares que sostienen a la dictadura en el poder”.
Nicaragua en categoría de “amenaza a la seguridad nacional de EE. UU.”
Antes de terminar su mandato, Trump también ha emitido un decreto que por tercer año consecutivo declara que Nicaragua representa “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Trump en noviembre de 2020 extendió la orden ejecutiva que originalmente fue firmada el 27 de noviembre de 2018, sobre el régimen de Daniel Ortega, tras considerar que “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU.” Además, de la presión desatada en 2018, otro argumento de la administración de Trump para extender esta categoría se basa en la administración de Ortega, “que condujo a la desestabilización de la economía de Nicaragua”.
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Velásquez advierte que está orden ejecutiva es una sanción adicional que eleva la presión sobre Ortega. Sin embargo, “se ha demostrado que las sanciones no son suficientes para provocar cambios de comportamientos políticos. Los casos de Cuba y de Irán son elocuentes”, señaló.
Díaz considera que va a ser muy difícil que una administración demócrata trate de neutralizar o de terminar ese tipo de política, dada su naturaleza bipartidaria. “Aquí estamos en un año electoral y si este gobierno no hace nada y se sigue burlando de la comunidad democrática del continente y de los compromisos en la OEA y las Naciones Unidas, pienso que no solo los norteamericanos, también los europeos, con los cuales tenemos un acuerdo de asociación, que le da una serie de beneficios al comercio exterior de Nicaragua para sus productos, van a imponer más presión. Hay que recordar que también la UE quedó muy avanzada en materia de la cláusula democrática y en la búsqueda de los mecanismos para presionar más al régimen de Ortega”, mencionó.
Violaciones a la libertad religiosa
La administración de Trump también colocó a Cuba y Nicaragua entre los países bajo “vigilancia especial”, en materia de libertad religiosa. Los gobiernos de ambos países son señalados de participar en “violaciones a la libertad religiosa”.
El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, destacó que “Estados Unidos es inquebrantable en su compromiso con la libertad religiosa”. A raíz del estallido social, Ortega acusó a los obispos de estar detrás de un presunto “golpe de Estado”, como cataloga él las protestas antigubernamentales. Desde entonces el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reporta que la Iglesia católica ha sufrido al menos 24 ataques, de los cuales ha responsabilizado al gobierno de Ortega.
Pompeo, quien ha sido un duro crítico del régimen de Ortega, lo tildó de “dictador” y lo ha señalado de “redoblar la represión” contra la prensa independiente y la oposición. Para el diplomático estadounidense, Ortega perdió la legitimidad ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional al arremeter contra sus críticos, cancelar actividades a favor de la democracia y “pisotear” los derechos humanos de la ciudadanía. También ha sobresalido por anunciar firmemente que enfrentará a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Asimismo, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental interino, Michael G. Kozak, ha prometido mayores sanciones al régimen de Ortega, si este no garantiza unas elecciones libres en Nicaragua. “Ortega y Murillo deben elegir entre establecer las condiciones para elecciones libres y justas, o enfrentar un aumento masivo de la presión de la comunidad internacional”, advirtió en una conferencia pública el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, advirtió durante una conferencia de prensa virtual concedida a medios nacionales que si el régimen de Daniel Ortega no cumple con las demandas establecidas en la resolución sobre Nicaragua, su país no reconocerá al gobierno que surja del proceso electoral a realizarse el próximo 7 de noviembre, por disposición constitucional.