El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act, una legislación bipartidista que obligará a Estados Unidos a vetar las solicitudes de préstamo que haga el régimen de Daniel Ortega en los organismos multilaterales, confirmó la oficina de la congresista Ileana Ros-Lehtinen.
La aprobación ocurre nueve días después que fue aprobada por el Congreso estadounidense. A partir de este momento, se convierte en una Ley que posibilita también sanciones dirigida a la dictadura de Ortega y Rosario Murillo, funcionarios y cómplices que están involucrados en corrupción y graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde abril pasado”.
“Este es otro mensaje contundente de que esta administración continuará presionando al régimen de Ortega para que regrese a la democracia y los derechos humanos. Estados Unidos defiende al valiente pueblo nicaragüense y apoya sus llamados a la libertad”, aseguró John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump en su cuenta de Twitter.
En la restricción de los préstamos en las instituciones financieras internacionales se exceptúa el financiamiento para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense, según la disposición.
Según sus promotores, su aplicación podría evitarse a menos que la dictadura de Ortega adopte los pasos efectivos establecidos en la Ley: El compromiso de celebrar elecciones anticipadas, que cumplan con los estándares democráticos y permitan una observación electoral internacional creíble; pero además también pone como necesario el cese de la violencia perpetrada contra civiles por la Policía y por grupos armados —paramilitares—, así como la realización de investigaciones independientes sobre los asesinatos a manifestantes antigubernamentales y que los responsables sean juzgados.
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La Nica Act incluye el proyecto de ley de sanciones del senador demócrata Bob Menéndez, la Ley de Anticorrupción y Derechos Humanos de Nicaragua de 2018, la S. 3233, que contempla sanciones individuales a funcionarios del régimen sandinista y sus colaboradores. Además incluye la enmienda del senador republicano Marco Rubio, dirigida a sancionar a los facilitadores de la dictadura con recursos financieros y tecnología para la represión.
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Esta nueva ley es la tercera herramienta de sanciones contra el régimen. Las otras son la Ley Global Magnitsky (Glomag) —aplicada ya a funcionarios del entorno de Ortega en julio pasado— y la orden ejecutiva de Trump promulgada recientemente y que permite sanciones como las aplicadas a la vicepresidenta Rosario Murillo y al asesor de seguridad Néstor Moncada Lau.
La Ley firmada por Trump señala que la política de Estados Unidos está dirigida a apoyar el (restablecimiento del) estado de derecho (en Nicaragua), una Corte Suprema de Justicia y un Consejo Electoral independientes en Nicaragua. Actualmente están bajo control del FSLN.
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Para convertirse en ley, la Nica Act siguió un largo proceso para su aprobación que demoró dos años y medio y retomó fuerza debido a la masacre contra civiles cometida por el Orteguismo. Desde su llegada al poder en enero de 2007, Ortega se ha dado a la tarea de desmantelar las instituciones democráticas, controlar la Policía, el Ejército, y crear grupos parapoliciales encargados de perseguir, secuestrar y asesinar a los nicaragüenses que demandan cambios en el país.