El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó este miércoles la fusión de los proyectos de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, S.3233, y la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), S. 2265. Con este primer paso arrancó el proceso legislativo para la aprobación de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega.
El Comité de Relaciones Exteriores está integrado por 21 senadores de ambos partidos políticos (republicanos y demócratas).
“Estoy muy complacida que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado ha tomado acción decisiva en aprobar mi NICA Act y la propuesta de sanciones adicionales de mi colega Bob (Menéndez). A como siempre he dicho, los Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados ante las varias formas de represión incesante de Ortega quien día tras día encarcela y mata a más inocentes. Desde el comienzo de esta crisis hace cinco meses, la Administración (del presidente Donald Trump) ha actuado mediante el Departamento de Estado en congelar visas a docenas de asociados del régimen de Ortega, así como a través del Departamento de Tesoro en sancionar fuertemente a los títeres más cercanos que rodean a Ortega”, reaccionó la congresista Ileana Ros-Lehtinen, autora del Nica Act.
Pero la labor no termina ahí dijo la funcionaria. “Vamos a continuar trabajando juntos para asegurarnos que estos dos proyectos además de convertirse en Ley sean implementados rápida y eficazmente”, añadió la legisladora.
El proximo paso de la propuesta legislativa es su debate y votación en el pleno de la Cámara Alta. Luego deberá pasar al Congreso para cumplir con el proceso de debate y votación, y finalmente pasar a manos del presidente de Estados Unidos para su firma y así convertirse en una Ley dirigida a sancionar los abusos y la corrupción del régimen de Daniel Ortega.
A quiénes incluyen las sanciones
La iniciativa legislativa se enfoca en personas extranjeras, funcionarios y exfuncionarios del régimen de Nicaragua y cualquier persona que actúe en representación de ese Gobierno, que sea responsable de ordenar, controlar, o haber participado deliberadamente, de manera directa o indirecta en las violaciones a los derechos humanos.
Esa misma responsabilidad está dirigida para los que son cómplices de las graves violaciones a los derechos humanos y para los que han “asistido conscientemente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material y tecnológico dirigidos a reprimir y cometer abusos contra manifestantes que han participado en las protestas a partir del 18 de abril.
La medida también establece sanciones para funcionarios o exfuncionarios del Gobierno de Nicaragua, involucrados en la expropiación de bienes privados o públicos para beneficio personal o con fines políticos, actos de corrupción relacionados con tratados gubernamentales, sobornos, o la facilitación de transferencias.
Las sanciones individuales incluyen el bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, de propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas
Restricciones a créditos
La iniciativa legislativa propone que el secretario del Tesoro instruya al director ejecutivo de Estados Unidos en las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que use la voz, voto e influencia de los Estados Unidos para oponerse a la aprobación de cualquier préstamo, asistencia financiera o técnica al Gobierno de Nicaragua, o a cualquier entidad que contemple la ejecución de un proyecto en Nicaragua.
En el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), manda a instruir al director ejecutivo de los Estados Unidos “para que trabaje con otros países donantes claves a fin de desarrollar un enfoque de política coherente para futuros compromisos de préstamos (al gobierno de Nicaragua)”.
Las anteriores restricciones no aplicarían respecto a préstamos, asistencia financiera o técnica dirigidas a dos aspectos: atención de necesidades humanas básicas, y promover la democracia en Nicaragua.
En este sentido establece que el secretario del Tesoro tendrá la responsabilidad de informar al Congreso a más tardar 180 después de promulgada la Ley, y luego anualmente, sobre la efectividad de las restricciones en las instituciones financieras internacionales para hacer cumplir las salvaguardas aplicables del programa en Nicaragua.
Solución negociada
La propuesta legislativa de sanciones indica que la solución a la crisis en Nicaragua depende de la voluntad del gobierno para una salida pacífica. En ese sentido sostiene que para evitar las sanciones debe propiciarse negociaciones creíbles entre el Gobierno de Nicaragua y los diferentes actores de la sociedad nicaragüense como representantes de la sociedad civil, el movimiento estudiantil, sector privado y la oposición política.
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A juicio de los legisladores, lo anterior “representa la mejor oportunidad para alcanzar una solución pacífica a la actual crisis política que incluye el compromiso de celebrar elecciones anticipadas que cumplan con los estándares democráticos y permitan observaciones electorales internacionales creíbles; el cese de la violencia perpetrada contra civiles por la Policía y por grupos armados apoyados por el Gobierno de Nicaragua”.
Igualmente contempla la realización de investigaciones independientes sobre los asesinatos contra manifestantes, que hasta ahora suman entre 322 y 481 muertes por causa de la represión gubernamental, de acuerdo a los últimos informes de organismos de derechos humanos naciones e internacionales.
No bajar la guardia
La congresista Ros Lehtinen, destacó la importancia de seguir exhortando a la administración en la Casa Blanca para que continúe extendiendo las sanciones contra individuos en Nicaragua, “incluyendo a los Ortega Murillo, bajo la ley Global Magnitsky”, acotó.
“Debemos mantenernos vigilante ante las acciones de regímenes en Rusia, Cuba, Venezuela, China e Irán que estén ayudando a Ortega a través de equipos de armamento, monitoreo y tecnología para reprimir al pueblo y mantener a Ortega en el poder. Estados Unidos no dudará en tomar acción ante cualquier nación o persona que cometa este tipo de actos abominables”, sostuvo la legisladora a través de una declaración escrita.