El presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, dejó entrever ayer que la aprobación de la reforma a la Ley 842, Ley de Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, se impulsó para quitarle a Estados Unidos la facultad de utilizar al Sistema Financiero como arma para perseguir a los funcionarios y desafió las regulaciones internacionales. Además ordenó a los bancos ir a negociar con las corresponsalías para que estas se ajusten a las legislaciones nacionales.
Durante su intervención en Canal 4, medio de propaganda del orteguismo, Gutiérrez defendió la aprobación de dicha reforma y aseguró que en Nicaragua “tenemos derecho a tener un Sistema Financiero sano, sólido, como un motor de la economía y del crecimiento nacional y no como un arma de persecución y chantaje político, no podemos seguir permitiendo ese manoseo”.
En la práctica las sanciones de Estados Unidos implican que el funcionario muera financieramente, es decir que pierda todo acceso al Sistema Financiero no solo local, sino mundial. Una vez incluido en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como es el caso de Gutiérrez, la banca procedió automáticamente a cerrar sus cuentas, de ahí el argumento del diputado orteguista. Un procedimiento al que todos los bancos internacionales están sujetos a cumplir si quieren tener relaciones financieras con el sistema de Estados Unidos, que es el mayor del mundo.
Y aunque la reforma de ley de manera expresa señala que las entidades financieras no podrán “negar la atención de solicitudes, ni cancelar contratos o transacciones que legítimamente gestionadas realicen las personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas”, Gutiérrez negó que con dicha ley se le esté quitando a los bancos el derecho de decidir con quién establecen o no relaciones financieras.
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“Nosotros no le estamos imponiendo los clientes al banco, solo se quiere que justifiquen por escrito y bajo leyes, por qué no se les da el servicio”, remarcó. Lo que el orteguista no dijo es que si la entidad se niega a establecer relaciones financieras con una persona, esta puede proceder a quejarse ante las instancias correspondientes, las que podrán multar y hasta cerrar temporal y definitivamente un establecimiento. Pero además, quien se sienta afectado puede proceder legalmente y reclamar compensación por daños y perjuicios.
De hecho, antes de que se aprobara la reforma de ley, que ya está en vigencia, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) señaló en una carta enviada a la Asamblea que dicha medida transgredía “el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, al impedirle a los bancos que de manera libre elijan con quién iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con un usuario o consumidor, facultad que está en sus contratos y reglamentos, los cuales son de conocimiento del cliente o usuario”.
Desafía las regulaciones internacionales
Pero Gutiérrez durante su intervención también se mostró desafiante y minimizó el cierre de corresponsalías y tildó de manipulación las advertencias que distintos especialistas han hecho sobre la expulsión del Sistema Financiero Nacional de las operaciones internacionales.
“El contrato entre el nacional y el extranjero no puede generar disposiciones que contradigan la legislación de Nicaragua porque si lo contradice no son aplicables. Estos señores banqueros deben sentarse a negociar con sus corresponsalías, porque la Constitución Política de Nicaragua no puede cambiar a su favor”, afirmó.
Gutiérrez considera que en el país los opositores al Gobierno tratan de vender una idea falsa de que solamente la banca puede traer remesas a este país. “La verdad es de que esto no es más que uno más de los argumentos que pretenden insuflar miedo, insuflar inestabilidad, e insuflar zozobra en la población nicaragüense”, expresó.
Los acusa de colusión
El legislador, no obstante, intentó encubrir la verdadera intención de la reforma acusando a los bancos de estar coludidos en sus operaciones. Al respecto puso de ejemplo que los contratos que estos firman con los clientes, “el mismo machote” es usado por todos y por eso la persona no tiene la opción de irse a una entidad que ofrezca condiciones más competitivas.
Pero además señaló a la banca de prácticas desleales, pese a que existe un regulador y está el instituto Procompetencia, que raras veces da la cara. Gutiérrez dijo, sin mostrar pruebas ni información verificable, que los bancos han diseñado un sistema que ocasiona que empresas relacionadas con servicios que ellos ofrecen se vayan a la quiebra. “Para evitar la competencia a esta empresa que está directamente vinculada con la institución financiera hacen quebrar al resto de empresas periféricas, ¿cuál es la competencia entonces?, ¿dónde está la libertad de contratación?”, cuestionó
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“Nuestra decisión es defender a los consumidores de servicios financieros porque son la parte más frágil en esta relación contractual, entonces nosotros dijimos ‘hay que defender a esta gente porque la verdad es que los intereses son leoninos y las cláusulas de adhesión son terribles’, ni siquiera te notifican, a veces toman decisiones sin justificar de ninguna manera por qué motivo lo están haciendo, y esto tiene capital importancia ahora porque la inclusión financiera”, precisó.
Eso sí, Gutiérrez reconoció que el interés por hacer estos ajustes data desde hace varios años, pero ahora lo están desempolvando y negó que sea porque es un año electoral. Es decir, reabrieron el interés en momentos en que 28 funcionarios del Gobierno han sido sancionados por Estados Unidos y por tanto expulsados del Sistema Financiero.
Otro elemento que dejó entrever el funcionario es que la misma buscaría que también las instituciones estatales que han perdido el acceso a la banca, ya sea porque han sido sancionadas, como la Policía o Petronic, también se les devuelva su acceso. Y para lograr ese objetivo es que al Estado se le dio el rango legal de consumidor y usuario.
La intención intentó disfrazarla así: “El Estado representa el interés de más de 6.3 millones de habitantes y cuando un proveedor de bienes y servicios en el mercado local no cumple con atender y satisfacer de manera correcta las necesidades de las instituciones integrantes del Estado de la República de Nicaragua, no está afectando patrimonialmente a esa institución ni está afectando a este funcionario al frente de la institución, está afectando a esos 6.3 millones de usuarios potenciales que esa institución atiende”.
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A manera de ejemplo dijo: “Imaginate que sin qué ni para qué a un trabajador que está en una empresa o esta institución donde le pagan a través de una planilla de nómina y que de la noche a la mañana, y sin qué ni para qué, te digan aquí ya no tenés atención en esta institución bancaria y ya no tenés tarjeta débito y te vas a otra institución y tampoco te dan ese servicio financiero. Sabés lo que eso sucede: terminás perdiendo el trabajo, esa es la realidad, ya no podemos ver el servicio al acceso financiero como un lujo”, manifestó.
La salvedad que hace Gutiérrez
Asimismo, remarcó que hay una excepción en la reforma a la Ley 842 en donde indica que todas las instituciones del Sistema Financiero no están obligadas a darte información cuando se trata de una situación vinculada al narcotráfico, o al crimen organizado, combate al terrorismo o financiamiento de armas de exterminio masivo.
“Sostengo que lejos de estar en contradicción con los convenios internacionales sobre lavado de dinero, blanqueo de capitales y crimen organizado que combate al crimen organizado, es al revés, nosotros estamos contemplando en esta legislación que las instituciones financieras no están obligadas ni a notificar ni a justificar esas decisiones eso lo deja claramente establecido la ley”, aseveró.