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CONTENIDO EXCLUSIVO.Con la reciente aprobación de la Ley de Reforma y Adición a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842), el régimen de Daniel Ortega traería repercusiones internacionales graves para la economía del país.
El proyecto de ley fue aprobado el miércoles anterior en lo general, y el jueves último en lo particular, en la Asamblea Nacional, institución controlada por la dictadura, y pretende —entre otras cosas— sancionar a los bancos y proveedores que le nieguen o cancelen los bienes y servicios a un cliente, sin una causa que esté sustentada en una ley nacional.
También obliga al sistema financiero nacional a reabrirles las cuentas bancarias a los funcionarios y empresas sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros gobiernos. Además, ordena atender a los familiares de los sancionados.
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LA PRENSA entrevistó a dos exlegisladores, que coinciden en que los resultados de esta reforma pueden ser “dramáticos para el país”.
¿Qué se está legalizando?
Desde el punto de vista jurídico y político, el exdiputado liberal José Pallais Arana explicó que la reforma y adición a la Ley de Defensa del Consumidor tiene como objetivo ampliar transacciones, operaciones, contratos y servicios en los cuales puedan intervenir los organismos creados para la defensa del consumidor y está incluyendo al sector bancario y financiero contemplado bajo la cobertura de ley.
Con esta reforma se le otorga la discrecionalidad a los entes reguladores de los servicios básicos, así como de telefonía, televisión por cable, al sector financiero y demás sectores de servicios, a decidir las multas económicas y sanciones que consideren necesarias las empresas proveedoras, aunque para ello deberán reformar sus respectivos reglamentos.
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Sin embargo, Pallais Arana manifestó que hay una confusión porque los servicios públicos, por ejemplo, los servicios de agua y energía no pueden negárseles a los ciudadanos, porque son esenciales para la vida, pero hay otros servicios como los bancarios que no pueden verse desde la óptica obligatoria, que quieran brindárselo a cualquier ciudadano que lo solicite, “porque hay responsabilidades en los bancos nacionales e internacionales, frente a los compromisos de evitar lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros. También deben de tener el derecho (los bancos) de defender el patrimonio propio y el patrimonio de sus depositantes. Es decir, los recursos del público, que confían en los bancos para una buena administración prudente”.
Además, “es un compromiso de cara a las obligaciones internacionales, compromiso de conocer al cliente y si hay dudas sobre el cliente, el banco está obligado a no tenerlo entre sus clientes, a no facilitarle el servicio, para no comprometer el sistema de transferencias internacionales que implica a todos los bancos del mundo y no comprometer tampoco los depósitos de los ciudadanos que han confiado de una buena administración”, agregó.
Protección y venganza
Por su parte, el exdiputado liberal y analista político Eliseo Núñez Morales expresó que el régimen de Daniel Ortega a través de esta reforma busca restituirles las cuentas y las tarjetas de crédito a los funcionarios sancionados por Estados Unidos, pero apunta que lo que realmente la dictadura está demostrando es una ignorancia enorme.
“Asumamos que por un momento sucede eso, cosa que lo dudo porque los bancos tienen compromisos internacionales que no pueden eludir. Las compañías (bancarias) no van a admitir que alguien que esté en una lista OFAC tenga una tarjeta de crédito de ellos”, dijo Núñez Morales.
La OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, que identifica a países terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes de EE. UU.
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Durante los últimos años, la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones a 27 funcionarios cercanos a Ortega por violaciones que han cometido a los derechos humanos, prácticas antidemocráticas y corrupción. Entre esta lista figura su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, y tres de sus hijos. También ha sancionado a nueve entidades por estar vinculadas principalmente a los negocios de la dictadura, entre ellas, la Policía Orteguista (PO).
Para Pallais Arana, es obvio que lo que Ortega quiere es desquitarse de los bancos que procedieron a suspender las cuentas de algunos diputados sancionados y las cuentas de sus familiares por estar en la lista OFAC.
“Cuando una persona es inscrita en la lista negra, las recomendaciones bancarias y todas la regulación internacional del sistema bancario internacional llaman a la prudencia y a tomar medidas. Entonces esa es una práctica estándar”, indicó Pallais.
Por tanto, “aquí lo que existe es un ánimo vengativo de que estos que fueron afectados no han contemplado el grave riesgo que eso puede traer al país. Porque un país que no cumple con sus obligaciones internacionales, todas las medidas de prudencia, de actuación responsable, no puede ser parte del sistema financiero internacional”, insistió.
Consecuencias gravísimas
Pallais Arana advierte que si como consecuencia de esta ley se obliga a los bancos a reabrir las cuentas que fueron cerradas de zonas vinculadas de la lista OFAC, inmediatamente traería repercusiones internacionales gravísimas para la economía del país.
“Puede llevarnos incluso a que si caemos en la lista negra, no vamos siquiera a realizar transacciones de importaciones o de exportaciones, porque para pagar o para que te paguen, necesitás transferencias bancarias y ningún banco serio va a quererse involucrar con un país que está en lista negra”, alertó.
Por su parte, Núñez Morales también advierte que como mínimo van a encarecer todas las transacciones que tengan que ver con el extranjero, incluyendo las remesas, es decir, mandar una remesa a Nicaragua será más caro y muy probablemente haya limitaciones de otro tipo en lo que son transacciones hacia Nicaragua, en monto.
Lo que va a significar una pérdida neta de empleo, una pérdida de remesas familiares y el país se va a encontrar ante un panorama en el que se van como mínimo a encarecer los intereses, los productos financieros y a bajar la posibilidad de conseguir un crédito en la banca nacional.
“Vamos a tener que volver al trueque internacional. Te mando arroz y me mandás cheros, te mando café y me mandás cemento. Volveríamos a cuántos siglos atrás”, se cuestión Pallais.
Aunque Pallais Arana cree que con solo el conocimiento de esta noticia muchos bancos pequeños y medianos prefieren abstenerse de hacer transacciones con Nicaragua, porque si las hacen van a tener que subir su seguro y que un escándalo por pequeño que sea, a un banco le puede dar un golpe que deje comprometida su sanidad financiera, entonces prefieren no exponerse.
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“Si la ganancia no es mucho, mejor no se exponen. Bancos grandes van a valorarlo, pues en dependencia del volumen, pero si ya caemos en la lista negra hasta los grandes se apartarán”, alertó.
Régimen quiere forzar una negociación
Por otro lado, Núñez Morales ve que la Ley de Reforma y Adición a la Ley 842 está diseñada para forzar algún tipo de negociación que le genere alguna ventaja política a la dictadura. Ya que Ortega ha estado desde hace varios meses intentando que la empresa privada negocie con ellos asuntos económicos y que deje a un lado los asuntos políticos.
“Esto definitivamente tendría también no solo un costo de reputaciones, sino que tiene un costo precisamente en lo mencionado anteriormente, de enfrentar a una administración norteamericana que impondría sanciones y los privados que ayuden a evadir estas sanciones serían vistos como cómplices y violadores de ley estadounidense, entonces no, la empresa privada no puede enfrentarse a Estados Unidos porque pierde más afuera que lo que pierde adentro”, dijo el exdiputado Núñez Morales.
Por ahí la única apuesta posible que percibe Núñez Morales es que el régimen de Ortega esté creyendo que la administración demócrata del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, suavizará el tratamiento y dejará pasar por alto cualquier tipo de arreglo que ellos hagan con los empresarios.
“Entonces esta medida me imagino que está tratando, por parte de Ortega, de poner a los empresarios en una situación en que los obligue a negociar con él. Pero definitivamente yo no miro al empresariado tomarse el riesgo de enfrentarse a Estados Unidos”, añadió.
Proponen ampliar sanciones en la Ley Magnitsky
Pese a que los exlegisladores José Pallais Arana y Eliseo Núñez Morales aclaran que la propuesta de reforma a la Ley Magnitsky no es una respuesta directa sobre lo que está pasando en Nicaragua, deja bien claro cuál es la intención de los Estados Unidos con su política de sanciones.
“El tema es que al círculo inmediato del sancionado se le suspende todos los servicios financieros para evitar la contaminación en las transacciones, esto es tan claro que está pidiéndose actualmente alguna reforma a la Ley Magnitsky para que expresamente se sancione a la persona y a sus parientes inmediatos, para evitar que ocupe a los parientes para evadir la sanción”, manifestó Núñez.
Los senadores estadounidenses Ben Cardin (demócrata) y Roger Wicker (republicano) propusieron la semana pasada una “actualización legislativa” de la Ley Magnitsky, con la cual buscan “permitir la sanción de familiares directos” de violadores de derechos humanos y cleptócratas.
La propuesta “Ley de Reautorización de Responsabilidad por los Derechos Humanos de Global Magnitsky” es una legislación “bipartidista” que, según ambos senadores, busca que los “violadores de los derechos humanos y los actores corruptos no escapen a las consecuencias de sus acciones, incluso cuando su país de origen no busque justicia para sus víctimas”.
El senador Cardin, presidente entrante de la Comisión de Helsinki de Estados Unidos y autor de la Ley de Responsabilidad por los Derechos Humanos de Global Magnitsky, resaltó que la primera versión de la legislación “ha sido una herramienta poderosa en nuestro esfuerzo global para proteger los derechos humanos y combatir la corrupción”.
Sin embargo, señaló que esta “reautorización” enviará una “clara señal de nuestro compromiso nacional de defender los valores democráticos y las reglas y los estándares internacionales que nos permiten vivir juntos en paz”.