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CONTENIDO EXCLUSIVO.Exactamente han pasado 16 años desde que se realizó el último censo de población en Nicaragua, uno de los estudios más importantes para conocer cuál es el nivel de pobreza, cuánto ha envejecido la población, la distribución demográfica y su transición, lo que a su vez ayudaría a mejorar la atención en el sistema educativo y de salud, así como planificar con mayor certeza las estrategias de desarrollo. Incluso hubiese sido una herramienta útil para atender la pandemia.
En Nicaragua se han dado ocho censos de población, el último se realizó en el 2005, bajo la administración de Enrique Bolaños Geyer, este tuvo un costo 14 millones de dólares, de los cuales 6.5 millones de dólares fueron otorgados en concepto de préstamo concesional por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Y pese a que Ortega lleva cuatro períodos siendo presidente, ni en el primero que fue en los 80, ni desde su segundo mandato asumido en el 2007 hasta la actualidad ha realizado un censo de la población nicaragüense.
Analistas consultados por LA PRENSA explican la importancia de un censo en este tiempo y por qué no creen que Ortega pueda hacer uno.
“Un país necesita tener la radiografía de sus recursos humanos en los diferentes campos de la sociedad, razón por la cual el censo poblacional es un factor estratégico para poder planificar el desarrollo humano, económico, ambiental, cultural, educacional, sanitario y social del país”, señala el sociólogo y economista Óscar René Vargas.
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José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), manifestó que estos estudios son herramienta vital para todo país.
“Un censo es de suma importancia porque permite conocer cuáles han sido los cambios de la población y su dinámica, lo que sirve para conocer los cambios sobre la distribución geográfica. Esto hace que los censos sean una herramienta muy útil para los sistemas de información en los países, ya sea utilizado con fines de política pública, de índole administrativa, técnica o científica, para la planificación de intervenciones en ámbitos como la salud, educación, infraestructura, tecnología, entre otros temas”, sostuvo.
¿Cuándo se debió hacer un censo?
Vargas explica que de acuerdo con las normativas recomendadas a nivel internacional, los censos poblacionales tienen que realizarse cada diez años, precisamente para tener una radiografía de la situación del país y poder establecer estrategias en concordancia a las necesidades que arroje el censo. “No hacerlo significa que el país marcha a la deriva, a ciegas”.
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En 2014 el Banco Mundial anunció la aprobación de un crédito por 25 millones de dólares para Nicaragua, una parte de este fondo se usaría para financiar los preparativos para la realización del censo de población en 2017, pero se desconoce qué pasó y por qué no se realizó.
De hecho, en el 2017, varios diputados de la Asamblea Nacional anunciaron que realizaría el censo de población y que solo se estaba revisando la logística, pero al final nunca se dio.
Incluso José Adán Aguerri, que para entonces era el presidente del Cosep, desconoce porque nunca se realizó este censo.
¿Por qué urge un censo?
LA PRENSA realizó un monitoreo en la región y se pudo constatar que Nicaragua tiene el censo de población más desactualizado, seguido por El Salvador, que lo hizo en el 2007. Mientras que Guatemala tiene el censo más reciente, hecho en el 2018. (Vea infografía).
“Contar con un dato real o más reciente permite hacer análisis mucho más robustos sobre el estado poblacional de una sociedad. Después de todo, trabajar con proyecciones con un margen temporal tan amplio generará análisis incorrectos o con cierto sesgo. En las condiciones actuales un dato actualizado es vital para estimar la población a vacunar contra el Covid, qué cantidad de vacunas necesitamos en el país y su distribución logística en el país”, señala Aguerri.
Sin embargo, en Nicaragua bajo la administración de Ortega se ha manejado una política de secretismo, al punto que datos públicos que deberían estar al alcance de la población no están disponibles.
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“No sabemos las razones exactas por las cuales no se ha realizado, pero este tipo de estudios involucran no solo un gran esfuerzo para su realización en términos de coordinación sino que requieren una asignación importante de recursos”, añadió.
Para Vargas, es urgente contar con un censo puesto que en los últimos años se han dado cambios bruscos en la sociedad nicaragüense.
“Se produjo un descenso en la calidad de vida de los sectores populares, clases medias vinculadas al empleo público y privado. Es necesario conocer exactamente los recursos de capital humano que el país tiene para elaborar una estrategia, sin un censo poblacional no es posible tener un Plan Nacional de Desarrollo”, dijo.
¿Por qué Ortega no ha realizado un censo?
El economista Enrique Sáenz manifestó que la política de Ortega no permite que haya una información transparente, porque siempre se ha ocultado la información y por eso un censo no le conviene.
“Yo creo que esto se enmarca en la política oficial de secretismo y de falsificación de cifras que ha implantado la dictadura, cuando es una información que debe ser pública, pero obviamente dar a conocer cifras como las que se derivarían de un nuevo censo, y aquí no solo incluye el censo poblacional, sino que también el censo agropecuario, lo que evidenciaría que aquí hubo una reforma agraria, hay una mayor concentración de propiedades en el marco del gobierno, solo pongo de ejemplo este tipo de información que no se daría a conocer o que se trataría de falsificar”, dijo Sáenz.
El último Censo Nacional Agropecuario en Nicaragua se dio en el 2011, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al Gobierno de Canadá, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), al Gobierno de Noruega, al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), al Gobierno de Brasil y, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Además, Sáenz considera que Ortega no podrá hacer un censo porque no cuenta con la confianza del pueblo.
“Debido a la falta de credibilidad en el régimen y la desconfianza que genera en la población, la peor de las noticias es que un censo que si se hiciera bajo el gobierno de Ortega, a estas alturas sería muy difícil de realizarlo por la desconfianza de la gente, porque a quiénes pondría a censar, a los mismos miembros de la Juventud Sandinista (JS), entonces un productor, empresario o la población seguramente se sentiría muy inhibido de proporcionar toda la información que se requiere para un censo”, agregó Sáenz.
Lo cierto es que Nicaragua desde el 2018, cuando se dio al crisis sociopolítica camina sin rumbo, con mucha restricción en la información, que solo genera incertidumbre y por ende menos inversión.
No hay dinero para hacer un censo
Otro punto importante es que desde que se aprobó la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act) a finales de diciembre del 2018, se restringió el acceso a los préstamos que solicite el régimen a las instituciones financieras internacionales.
De hecho, desde el 2018 Ortega no había podido acceder a préstamos, fue hasta el 2020 con la pandemia y el paso de los huracanes que el régimen recibió oxígeno por tratarse de financiamiento de carácter humanitario, de lo contrario el país no hubiese recibido dinero externo.
En estas nuevas condiciones, Nicaragua no podría acceder a un préstamo para hacer un censo de población, que generalmente era financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para los analistas, esta es la excusa perfecta que tendría el régimen para librarse de la obligación de realizar un censo.