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Daniel Ortega, OEA, Nicaragua

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua. LA PRENSA/Captura de pantalla.

¿Por qué Ortega se negó a adelantar las elecciones tras el estallido de la rebelión de abril en 2018, como sí lo hizo en 1990?

Analistas creen que el mal recuerdo de lo que le pasó cuando Daniel Ortega adelantó las elecciones, hace 31 años, todavía pesa mucho en la memoria del dictador, quien no ha dado señales de querer dejar el poder.

Desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como distintos sectores de la sociedad demandaban a Daniel Ortega elecciones anticipadas para poner fin a la matanza desatada por la represión a las protestas.

Sin embargo, el dictador se negó a adelantar las elecciones en Nicaragua, como sí lo hizo en 1990, cuando terminó perdiendo contra Violeta Barrios de Chamorro. LA PRENSA conversó con algunos analistas y políticos, quienes consideran que el mal recuerdo de lo que le pasó aquella vez que adelantó las elecciones, hace 31 años, todavía pesa mucho en la memoria del dictador, quien no ha dado señales de pensar en dejar el poder.

Las elecciones de este año se realizarán el 7 de noviembre. Ortega busca un cuarto mandato consecutivo.

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El general en retiro Hugo Torres, disidente del partido sandinista, recuerda que en 1990 el país estaba terminando una década de guerra civil que había dividido a la sociedad nicaragüense. El conflicto causó decenas de miles de muertos, heridos, mutilados, desplazados y destruyó la economía.

Ortega se enfrentaba al descontento popular, debido a la escasez de productos y el Servicio Militar Patriótico, una ley que obligaba a los jóvenes de entre 16 y 25 años de edad a alistarse en el Ejército Sandinista para ir a las montañas a combatir a la denominada Contrarrevolución.

Torres relata que este escenario coincidió con el fin de la ayuda de la Unión Soviética, que había servido para dar un respiro económico a un país devastado y financiaba al Ejército Sandinista.

“Todo eso se juntó en el tiempo y dio lugar a que se quisiera aprovechar la coyuntura. Ya con un nuevo gobierno en Estados Unidos del presidente George Bush (padre), la negación del financiamiento del Congreso, el fin de la URSS y el desgaste profundo que tenía la sociedad nicaragüense por causa de la guerra. Entonces se consideró que era un momento apropiado para sentarse a negociar el fin del conflicto. Eso fue en síntesis el panorama de ese momento”, expresó Torres.

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El exembajador Mauricio Díaz coincide con Torres y señala que en 1990 Ortega se enfrentaba a un callejón sin salida. “El país estaba en la bancarrota total. Una deuda externa brutal que era insostenible y además la URSS había hecho un entendimiento con EE. UU. para dejar de alimentar con armas al Ejército Sandinista y la Administración norteamericana en aquel momento para dejarle de dar recursos a la Resistencia”, manifestó.

Realidades diferentes 

La crisis sociopolítica que estalló en el país en abril de 2018 desató una represión de la dictadura orteguista que dejó al menos 328 personas asesinadas, más de mil heridos, cientos de presos políticos —de los cuales más de cien continúan encarcelados— y miles de nicaragüenses exiliados, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Para Torres, la realidad de hoy es distinta a la de 1990 con un Ortega en el poder, ya que los nicaragüenses no están en guerra. “El único que está librando una guerra contra la población es Ortega, pero no hay guerra civil, no se le está contestando con lucha armada y Ortega ha acumulado un capital enorme producto del robo de la cooperación venezolana. Más de 4,500 millones de dólares que si hubieran sido empleados en tareas de desarrollo, hoy Nicaragua tendría otra cosa y el mismo Ortega hubiera salido por la puerta grande de la historia”, expresó el general en retiro.

“En la mentalidad de un personaje como Ortega no estaba esa probabilidad, sino en llegar al poder a cualquier costo. Lo hizo aprovechando el pacto con Arnoldo Alemán y a partir de esa llegada al poder, su mentalidad era no bajarse nunca más. Ni por por las buenas ni por las malas”, agregó el general en retiro.

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El pacto con el gran capital

Torres también resaltó que Ortega consideró que haber logrado un pacto de convivencia con el gran empresariado, a lo que llamaron una política de diálogo y consenso que duró 11 años, iba a ser suficiente para atornillarse en el poder a través de distintos fraudes electorales. Pero no contaba con que la acumulación de agravios, ofensas, violación a los derechos humanos, crímenes cometidos en el campo y los distintos fraudes electorales iban a dar como resultado los acontecimientos de abril de 2018.

“Eso rompió el esquema que tenía Ortega, lo hizo pedazos. El proyecto de seguir conviviendo con el gran empresariado, felices y contentos. La economía mejorando, él robándose la cooperación. Entonces, llega un momento que el mantenerse en el poder se convierte no solamente en una obsesión enfermiza y política, sino en una necesidad para proteger sus empresas y sus miles de millones de dólares”, señaló Torres.

“Por eso es que ha creado una dictadura dinástica y ahora Rosario Murillo es vicepresidenta. Además de que Rosario impuso esa Vicepresidencia, su aspiración ha sido ser presidenta, pero mientras Ortega esté vivo, no le va a ceder ese puesto”, añadió.

Ortega en los 90 confió en una victoria, hoy está seguro de una derrota 

En medio de las adversidades que enfrentaba el país y el propio Frente Sandinista, Ortega accedió finalmente a adelantar los comicios y celebrarlos en febrero de 1990. Mientras que a lo largo de estos tres años se ha negado rotundamente.

“Por las consideraciones que mencioné anteriormente, dio lugar a adelantar las elecciones, bajo la convicción de que el FSLN iba a ganar con Daniel Ortega de candidato, y bueno, fue un error de cálculo. No se hizo la lectura apropiada de la realidad. Yo estoy convencido de que un gran número de los que votaron en contra de Ortega y el Frente, en ese entonces, eran personas que habían apoyado la revolución, pero ya no querían más guerra, ya no soportaban la situación económica, querían que se acabara el Servicio Militar”, dijo el general en retiro.

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“Efectivamente, existía la convicción de que se iba a ganar, no se hicieron las lecturas correctas de por dónde andaba el sentimiento de la población”, reiteró Torres. No obstante, destaca que hoy la convicción es al revés. “Ortega está convencido de que si hace reformas, elecciones libres, las pierde. Está convencido de eso, por eso es que está maniobrando”, advirtió Torres.

Por su parte, el analista político y director ejecutivo de la organización opositora Alianza Cívica, José Dávila Membreño, concuerda en que en esa ocasión (1990) Ortega se sentía seguro de ganar las elecciones anticipadas, mientras que en 2018 se sentía seguro de perder. “Sentimiento que sigue teniendo para las elecciones de este año, que ya no puede evadir, pero tratará de que no sean libres ni transparentes”, alertó Dávila.

Dos causas por las que Ortega no aceptó anticipar las elecciones 

Por otro lado, Díaz señala que existen dos causas por las cuales Ortega no aceptó el adelanto de elecciones tras el estallido de la rebelión de abril en 2018. Una es la corrupción y la otra son los actos que surgieron en abril, que dan lugar a la tipificación por crímenes de lesa humanidad.

“(Ortega) no aceptó adelantar las elecciones, porque estaban muy frescos los sucesos de abril de 2018 y él ha jugado más bien al olvido a largo plazo, tratando de que en la memoria colectiva eso se vaya diluyendo y necesitaba también recomponer su aparato de poder, como hemos visto. Él se recompuso y la recomposición lo que ha implicado es un debilitamiento del sistema democrático, de las libertades, porque lo que se ha consolidado es un régimen represivo a través de la Policía y parapolicías”, indicó Díaz.

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Asimismo, señala que Ortega ha tratado de quitarse de encima la presión que implicó la presencia de los organismos de derechos humanos y de sus informes respectivos como los emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), en los que se documentan los ataques cometidos contra la población durante las protestas ciudadanas, y en los que señalan al Estado de haber cometido crímenes de lesa humanidad.

“Puede ser (Ortega) juzgado por todos estos crímenes. Eso significa que hay que evitar caer otra vez en lo que pasó cuando llegó al poder doña Violeta. Que comenzaron a desestabilizar el país con el cuento de que gobernaban desde abajo. Y si usted tiene un Ejército y una Policía que están partidarizados, lo primero que hay que hacer es buscar cómo transformar la naturaleza de esas instituciones, para que le sirvan al Gobierno de turno y no a un partido político”, recomendó el exembajador.

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