Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, no tuvo cómo responder al cuestionamiento sobre la masacre contra los ciudadanos que se levantaron en abril del 2018, perpetrada por el régimen orteguista. Porras prefirió callar y huir de los periodistas durante un acto en que se conmemoraba otra masacre, la del 22 de enero de 1967, cometida por otra dictadura sangrienta como fue la somocista, cuyos efectivos dispararon contra miles de manifestantes que demandaban elecciones libres y transparentes.
Esa masacre de la guardia somocista se dio precisamente donde hoy es la sede de la Asamblea Nacional. Este viernes los legisladores colocaron en ese sitio ofrendas florales para recordar cientos de nicaragüenses asesinados durante la manifestación de la entonces coalición electoral Unión Nacional Opositora (UNO).
¿Hay otra masacre que ha sido denunciada por parte de organismos de derechos humanos desde el 2018? ¿Sobre esa masacre qué tiene que decir? De la que ha sido denunciado el Gobierno por esa masacre contra civiles y estudiantes desde el 2018, le cuestionó el equipo periodístico del Canal 14. Porras solo atinó a decir: “Bueno, muchas gracias”, dio la vuelta y subió a su oficina.
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Dos funcionarias del área de Prensa y protocolo del parlamento se pusieron detrás de Porras y mientras caminaba, bloqueaban a los reporteros, camarógrafos y fotógrafos para que no siguieran preguntándole al presidente de la Asamblea, quien es parte de la lista de más de 20 funcionarios de la dictadura orteguista sancionados por Estados Unidos, señalados de participar en la sangrienta represión contra los ciudadanos en 2018 y la instauración de un régimen totalitario en Nicaragua.
Minutos antes, Porras repetía para medios de la propaganda del régimen el discurso de que no permitirán que “regresen las fuerzas del odio, del mal”, para que no haya masacres como la de 1967, cuando más de 50 mil personas protestaron en demanda de democracia y elecciones creíbles, y fueron atacadas a disparos por la Guardia Nacional.
El mismo contexto de brutal represión se vive en Nicaragua 54 años después de la masacre ese 22 de enero. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es responsabilizada por crímenes de lesa humanidad por los más de 300 asesinatos, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, más de cien presos políticos y la negación de los derechos fundamentales, que han sido documentados por organismos internacionales como Naciones Unidas.
Ortega, al igual que lo hiciera el dictador Anastasio Somoza Debayle, se niega a ceder reformas electorales que restablezcan la legitimidad de las elecciones que den paso a un gobierno que restaure la democracia y la institucionalidad.
Nicaragua tiene previsto realizar elecciones nacionales el 7 de noviembre del 2021, en las que Ortega buscaría su cuarto mandato consecutivo, a pesar de que tiene un alto rechazo entre la ciudadanía, según encuestadoras regionales.
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