Cincuenta y cuatro años después del alzamiento popular democrático del 22 de enero de 1967, y de la represión brutal de la dictadura somocista que lo ahogó en sangre, en Nicaragua se sigue luchando por lo mismo: elecciones libres y democracia.
La dictadura somocista duraba ya 31 años y los nicaragüenses en su mayoría querían una verdadera república, cuya característica primordial es que los gobernantes y representantes son escogidos por los ciudadanos.
El pueblo estaba convocado a votar el 5 de febrero de 1967. A votar pero no a elegir, pues no había garantía de que las elecciones serían honestas y se daba como un hecho que el general Anastasio Somoza Debayle se impondría mediante otro fraude electoral. Pero aun así, los partidos políticos democráticos aliados en la Unión Nacional Opositora (UNO), decidieron participar en la campaña electoral y aprovecharla para movilizar a los ciudadanos en la demanda de elecciones libres para abrir el camino a la democracia.
El domingo 22 de enero sería el cierre de campaña de la UNO, cuyo coordinador nacional era el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y su candidato presidencial el líder conservador Fernando Agüero Rocha. Alrededor de 50 mil personas se concentraron en la Plaza de la República y calles adyacentes. Allí se plantaron con la decisión de no retirarse hasta que los altos mandos militares bajaran a dialogar con la dirigencia de la UNO, para pedirles que persuadieran al gobierno designado de Lorenzo Guerrero, de posponer las votaciones hasta después de hacer reformas electorales que garantizaran la pureza de los comicios.
Toda la oposición, de derecha, centro e izquierda estaba en ese plan. Solo el FSLN, que optaba por la lucha armada y despreciaba las elecciones y la lucha cívica, no apoyó a la unidad de la oposición democrática ni la campaña electoral de la UNO. Sin embargo, algunos sandinistas participaron por su propia cuenta en la jornada del 22 de enero.
Los mandos militares no atendieron el llamado del pueblo, prefirieron mantenerse fieles al régimen somocista y ametrallaron en las calles a los ciudadanos que ese día intentaron, como medida extrema, hacer una insurrección popular para respaldar la demanda de elecciones libres y democracia. Fue aquella una trágica experiencia que se vino a repetir 51 años después, con la insurrección popular de abril a julio de 2018 que también fue ahogada en sangre.
Es oportuno señalar que a pesar de la cruda represión que siguió a los hechos del 22 de enero de 1967, la UNO llamó a votar y la gente acudió masivamente a las urnas. No se llamó a la abstención, a pesar de que el fraude era inminente, porque el voto es un derecho ciudadano esencial al que no se debe renunciar, pero también para tener espacios de participación legal en la lucha cívica y pacífica que seguiría contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.
De esa manera la UNO colocó en el Congreso Nacional a un grupo de diputados y senadores, que no fueron zancudos sino vigorosos luchadores parlamentarios contra la dictadura. Eran antisomocistas irreductibles y demócratas ejemplares, como los conservadores Roberto Argüello Hurtado y Fernando Zelaya Rojas, los liberales independientes Juan Manuel Gutiérrez y Carlos Arroyo y los socialcristianos Eduardo Rivas Gasteazoro y Orlando Robleto Gallo.
