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CONTENIDO EXCLUSIVO.La dictadura de Daniel Ortega celebró la ratificación de la cadena perpetua con la que pretende castigar a todo aquel que cometa «crímenes de odio». Sin embargo no tomó en cuenta que los sistemas penitenciarios de Nicaragua no tienen la capacidad para recluir a personas de por vida, debido al hacinamiento y los pocos recursos.
Para abogados y defensores de derechos humanos la politización y la poca inversión dispuesta por el régimen de Ortega en los centros de reclusión son factores que degradan prácticamente las condiciones mínimas para garantizar la estabilidad de un reo. La situación actual no reúne ni las reglas de tratamiento a un recluso establecidas por las Naciones Unidas.
La aplanadora orteguista de la Asamblea Nacional ratificó este lunes en segunda legislatura esta reforma a la Constitución, en la que se incorporó en el artículo 37 la cadena perpetua. Los abogados consultados por LA PRENSA consideraron que la aplicación de cadena perpetua sería lo equivalente a una «pena de muerte», por las condiciones de insalubridad que existen en las prisiones, entre otros.
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Para la abogada Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y con más de 30 años de experiencia en el tema, detalló que siempre ha existido una «crisis carcelaria» en Nicaragua y no ve posible que la dictadura pueda echar andar esta pena, precisamente por las condiciones en los reclusorios.
«Definitivamente aquí en Nicaragua hay una crisis carcelaria, prácticamente las prisiones no se ajustan a los estándares que establece las normas internacionales de derechos humanos, como Naciones Unidas, que regula toda la situación de las cárceles en el mundo. Además que las condiciones que hay en las cárceles no coinciden ni con la descripción teórica conceptual que existe en la Constitución y el mismo Penitenciario».
«Concepto perverso»
La titular del Cenidh no descarta que el régimen, más allá de analizar los recursos con los que cuenta, tiene un concepto «perverso» de cuáles son los derechos que se deben de garantizar a un reo. «Creen (la dictadura) que (los privados de libertad) son personas desechadas de la sociedad y no las tratan como persona, entonces definitivamente con la aplicación vendría a empeorar las condiciones».
Al respecto, el abogado y experto en derechos humanos Uriel Pineda, coincide con la doctora Núñez en que el régimen no podrá asumir esa responsabilidad, no solo por el hacinamiento que persiste en las cárceles y se agravaría, sino por el delimitado acceso a la alimentación básica, servicios de salud, atención médica y recursos para mejorar las prisiones.
Esta declaración de los expertos es respaldada con las múltiples denuncias realizadas por los familiares de presos políticos quienes señalan que sus privados de libertad no reciben la debida atención médica y los sistemas penitenciarios no cumplen con los tres tiempos de comida y las condiciones higiénicas son deplorables.
«Puertas giratorias»
Por otro lado el abogado Pineda ve contradictoria la política de la dictadura de imponer una cadena perpetua si por otro lado ha establecido un mecanismo de «puertas giratorias» en los sistemas penitenciarios con la liberación masiva de reos comunes, donde algunos de estos han sido absueltos por delitos graves como femicidio o violación.
En 2020 el dictador Ortega fundamentó su interés en la aplicación de la cadena perpetua con los crímenes contra dos niñas, de 10 y 12 años, que fueron asesinadas, y al menos una violada, en la comunidad Lizawe, en Mulukukú, municipio de la Costa Caribe Norte.
A criterio del abogado Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca más, el sistema carcelario en Nicaragua, tanto policial como penitenciario, está caracterizado por ser «inhumano» y con la cadena perpetua el régimen busca «habilitar las cárceles para recibir a presos políticos».
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«Dicen que van a endurecer la pena grave, pero a la vez sacaron a miles de las cárceles. Son ellos mismos quienes están sacando a miles de criminales comunes, son los que dejaron sin sentido práctico la Ley 779 para prevenir la violencia contra la mujer y niños, entonces en la práctica se venden como que van a proteger a la población pero es mentira, esa cadena perpetua es una amenaza latente para aquellos que consideren sus enemigos», refutó Carrión.
Agrava situación de presos
En una investigación realizada por LA PRENSA se reveló que entre el 21 de diciembre de 2018 al 12 de septiembre de 2020 el Ministerio de Gobernación ha otorgado convivencia familiar a un aproximado de 16,607 reos comunes.
«El establecimiento de cadena perpetua viene a agravar la situación y además es contraria a las políticas penitenciarias que ha venido implementando el régimen, al ejecutar una cantidad enorme de preliberaciones porque no tiene la capacidad de mantener a tanta gente, entonces esto me resulta en extremo contradictorio», refirió por su parte Pineda.
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Para el abogado defensor de derechos humanos, Julio Montenegro, más que ver si las cárceles prestan las condiciones para mantener por tiempo indefinido a una persona, primero es analizar qué tan preparada está la sociedad para esta nueva medida, que forma parte de un combo de leyes represivas aprobadas por la dictadura y que busca castigar a opositores.
«El tema aquí es que se utilizará esta cadena perpetua con un propósito de sancionar a las personas que quieran opinar de manera distinta, por ahí comienza el asunto. Sobre las estructuras efectivamente no habrían condiciones, pero me resulta incómodo opinar si las cárceles prestan las condiciones, cuando el punto de partida es que si es atinente o no imponer una cadena perpetua a quienes intenten opinar diferente, pero las infraestructuras no prestan las condiciones», dijo Montenegro.
¿Cuánto cuesta mantener un preso?
Cabe destacar que los informes del Presupuesto General de la República (PGR) no detallan cómo son distribuidos los recursos económicos en las distintas cárceles, y se desconoce cuánto invierte el régimen por cada reo, lo que impide saber el gasto que incurriría el Estado para mantener en un centro de reclusión a una persona de por vida.
Lo único que especifica es, por ejemplo, a cuántas personas se les da alimentos, atención médica o son insertados a programas educativos como alfabetización, estudios primarios, secundarios y profesional.
Sin embargo, la doctora Núñez, en su trayectoria como defensora de derechos humanos, recuerda que antes que Ortega asumiera el poder, en el 2007 – cuando todavía tenía acceso a los sistemas penitenciarios – el monto asignado para la alimentación de cada preso no alcanzaba el valor del dólar, «era una cosa ridícula».
«En el presupuesto destinado al Sistema Penitenciario recuerdo que desglosaban todo, por eso es que nos dábamos cuenta que para la comida de un preso en el día destinaban menos de un dólar. Actualmente no tengo un monto acertado pero uno de los problemas que tiene este sistema es que tiene muerta de hambre a la gente», expresó Núñez.
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La dictadura de Daniel Ortega en los dos últimos años ha aumentado el presupuesto para el Sistema Penitenciario, pero este incremento no se compara con lo destinado en el 2018, que superó los 800 millones de córdobas.
Según el proyecto del PGR 2021, el régimen destinará al Sistema Penitenciario 789.7 millones de córdobas. Esto representaría 16.2 millones de córdobas menos en comparación a 2018.
Al respecto, el abogado de Acción Penal, Roberto Fúnez, especialista en derecho penal y proceso penal, refiere que es evidente que la dictadura no está en capacidad de afrontar la responsabilidad de mantener a tantos reos, primero por los altos niveles de hacinamiento y la recesión económica que vive el país desde el 2018 , sumado a ello la pandemia del Covid-19
«Nicaragua es el segundo país más pobre del continente americano, por lo que es evidente afirmar que no cuenta con los recursos económicos necesarios para mantener a los miles de condenados a cadena perpetua. ¿A cuánto ascendería el coste económico por cada persona que reciba este tipo de condena? Recursos que obligatoriamente saldrían de los bolsillos e impuestos de las y los nicaragüenses», cuestionó Fúnez.
Mayor severidad punitiva en Centroamérica
Con la aprobación de la cadena perpetua, Nicaragua será el país con la pena más severa a nivel centroamericano. Si bien en Guatemala existe la pena de muerte esta no se aplica desde los años ochenta. En Nicaragua actualmente la pena máxima es de 30 años de prisión para los delitos de mayor gravedad, incluso cuando hay acumulación de penas, se ajusta hasta las tres décadas de cárcel.
«Nicaragua ahora tendría la mayor severidad punitiva en Centroamérica, independientemente que Guatemala lo tenga contemplado pero no lo haya aplicado, esto nos lleva a un plano desde el derecho internacional que habla de la contemplación y no aplicación y a eso se le conoce como una derogación práctica de la pena de muerte en Guatemala. En resumen, si Guatemala tiene contemplado en ley, su no aplicación hace que haya una derogación práctica de la pena, consecuentemente Nicaragua se convierte en el país con mayor severidad punitiva en la región con esta reforma», explicó el abogado Pineda.
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Los especialistas concluyeron que con esta reforma se tendría un retroceso en los derechos humanos en el país, puesto que a los reclusos se les estaría negando la oportunidad de reinsertarse en la sociedad que está reconocido en la Constitución y tratados internacionales. También destacaron que está demostrado internacionalmente que las penas altas no impactan en la disminución de la incidencia delictiva en la sociedad, «lo que impacta es la reducción de la brecha de impunidad».