CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.El último dato que se registra sobre la población carcelaria en Nicaragua se remonta a 2007, año en que Daniel Ortega asumió la presidencia de Nicaragua. Ese año el mandatario recibió de los gobiernos anteriores un aproximado de 5,446 personas privadas de libertad en los sistemas penitenciarios del país. Desde entonces el acceso a esta información pública se restringió y permanece engavetada por la administración de Ortega.
En los 13 años que lleva Ortega en el poder se desconoce el total de la población carcelaria a nivel nacional. No hay forma de llegar a estas cifras por el hermetismo y control que mantiene la dictadura sobre todas las instituciones públicas y sus funcionarios, que no ofrecen datos del trabajo las oficinas que dirigen. El único indicio que ha dado el régimen sobre este tema son los números de excarcelaciones ejecutadas a lo largo de su administración.
La información más reciente fue la brindada el pasado 25 de agosto por la ministra de Gobernación (Migob), María Amelia Coronel, a miembros de ONG nacionales e internacionales, donde señaló que «en los últimos meses (sin especificar en qué periodo) se ha otorgado beneficios legales a 22 mil 567 presos, para promover la unidad familiar», citó el diario oficialista El 19 Digital.
Sin embargo, una recopilación de información que realizó LA PRENSA reveló que entre el 21 de diciembre de 2018 al 12 de septiembre de 2020 el Migob ha otorgado convivencia familiar a un aproximado de 16, 607 reos comunes. Esto indica que los números presentados -en un corto periodo- por la ministra, no concuerdan con los registrados por los medios de comunicación independientes que se basan en los mismos datos oficiales.
La abogada Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señaló que este organismo ha venido perdiendo el rastro de la situación penitenciaria desde que Daniel Ortega tomó la presidencia en el 2007. «Nosotros (antes de Ortega) teníamos acceso libre a los sistemas penitenciarios cada año. Cuando llega Daniel Ortega tuvimos todavía uno o dos años la posibilidad de continuar esa rutina, pero después empiezan a ver obstáculos hasta que llegó un determinado momento que nos prohíben terminantemente seguir llegando», dijo a LA PRENSA.
Desde cuándo se perdió la cuenta
De acuerdo a un informe presentado en febrero de 2018 por el Cenidh y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el 167 período de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2015 había una población penal de 11,825 personas, pero dos años después, en 2017 esta cifra alcanzó los 16,855 reos; plantearon el hacinamiento e insalubridad y que Ortega «sin ningún tipo de control de legalidad» entre el 2014 y 2017 ordenó la liberación de más de nueve mil reclusos.
Esto significaría que en los últimos tres años (2018-2020) ha habido un significativo incremento en la población penal, si se toman en cuenta los 22 mil, 567 reos que el régimen dice haber liberado «en los últimos meses».
Al respecto el abogado y experto en derechos humanos Uriel Pineda considera que la información brindada por la ministra no puede ser cierta. «Suponiendo que actualmente el universo de presos es inferior a los 20 mil -que yo creo que oscila entre 15 y 17-, entonces no pudieron haber liberado a 22 mil. Lo más probable es que esas 22 mil liberaciones la hayan hecho durante los 13 años de gobierno de Daniel Ortega, hay una imprecisión que es deliberada para que la gente reaccionara a ese número».
Lea además: Régimen excarcela a más de 22 mil reos comunes sin explicar mecanismos utilizados
En cambio, para la presidenta del Cenidh el anuncio del régimen sobre esta liberación masiva, más allá de convertirlo en un acto de proselitismo político y así ganar adeptos, esto deja en evidencia que la dictadura ha mantenido «reos ocultos», lo que vendría ser una confesión de un delito «gravísimo de abuso y autoridad». Aunque por otro lado dice no confiar en los informes gubernamentales y los mecanismos ilegales adoptados para realizar estas liberaciones.
«A mí, así como me ha sorprendido me han causado dudas esas cifras, como que no cuadran. Con esa afirmación de la ministra está creando una confusión, porque decir en estos momentos que se han liberado en los últimos meses a más de 22 mil reos, quiere decir que han estado capturando a escondidas, sin registro. A mí no me produce la más mínima credibilidad ni ningún respeto esas cifras que dan esos funcionarios gubernamentales y a la ministra de gobernación la usan para que esté sentada en reuniones y lea comunicados falsos», refutó Núñez.
¿Qué pretende el régimen con estos datos confusos?
El régimen de Ortega, lejos de brindar información precisa, se ha caracterizado por mantener un discurso confuso y contradictorio para generar «debate público» y verse como un gobierno «benevolente» que reunifica a las familias. Lo que sí es cierto es que nadie fuera del circulo de los Ortega-Murillo puede acceder a información de carácter público que permita reflejar la cifra real de excarcelados y cuántos permanecen encerrados.
«Es para generar un debate dentro de la población. El régimen es dado a dar información para que el debate público se diluya y en función de eso tomar decisiones. El dato (de 22 mil excarcelaciones) se me hace exagerado, pero por otro lado implica que la gente se active en comentarios para esparcir la información», manifestó Pineda.
Vilma Núñez aseguró que estas excarcelaciones «populistas y prebendarías» de Daniel Ortega, las realiza «para borrar cualquier situación y salir como el hombre magnánimo, poniendo en libertad a gente sin que se lleven los requisitos que se establecen en las leyes para que una persona sea merecedora de un indulto», y explicó que este beneficio solo lo puede otorgar el Poder Judicial y la Asamblea Nacional a través de un proceso legal.
Factores que inciden en el aumento y excarcelación de reos
Según los abogados el aumento carcelario obedece a la complicidad de las instituciones públicas al momento de detener, procesar y condenar al acusado. Esto se ha agravado a partir de 2018 tras las protestas antigubernamentales, donde la Policía Orteguista, en conjunto con el Ministerio Público y el Poder Judicial establecieron como medida represiva la persecución y encarcelamiento masivo de opositores.
«Esto se debe a la impunidad total y la falta de controles sobre la actuación policial, es decir, en el momento que la Policía determina que alguien va a ir preso todo el sistema como el Ministerio Público y el sistema de justicia se ponen a disposición de la Policía. La falta de controles institucionales y legales sobre la actuación policial es lo que está causando este universo de detenidos, que prácticamente Daniel Ortega lo ha cuadruplicado», señaló el abogado.
En tanto, las constantes excarcelaciones registradas en los últimos dos años, podría adjudicarse, explicó Pineda, por la falta de recursos para mantener a un reo. Entre más presos hayan en las cárceles, mayor será el costo de manutención, en un momento donde Nicaragua se dirige a una depresión económica producto de la crisis sociopolítica de 2018 y la pandemia del Covid-19.
También puede interesarle: Reos beneficiados con la convivencia familiar no se reportan ante jueces
«Esto ocurre porque simplemente la crisis económica que tiene el régimen en el país, donde se le han caído las recaudaciones, dificulta que podás mantener o darle de comer a tantas personas privadas de libertad. Es decir, si hace 13 años se destinaba equis cantidad para la alimentación de los presos, esta población se ha cuadruplicado y por ende tenés que triplicar los gastos en alimentación, en medicinas y personal de custodios», manifestó Pineda.
Esto coincide con las múltiples denuncias de familiares de presos políticos quienes denuncian que sus allegados no reciben la debida atención hospitalaria y los sistemas penitenciarios no cumplen con los tres tiempos de comida. Sin embargo, Núñez difirió de este punto, porque consideró que son las familias las que cubren los gastos de higiene y alimentación del reo, por lo que esto no sería un motivo directo para que el régimen excarcele.
Seguir un proceso
Si bien es cierto hay un grave problema de hacinamiento en las cárceles, los indultos deben de seguir un procedimiento legal que cumplan ciertos requisitos, según explicó el abogado Julio Montenegro en entrevistas anteriores con este medio de comunicación.
«Tendría que haber una solicitud al órgano legislativo para efecto de que se aprueben esos indultos y bajo algunos requisitos o categorías, por ejemplo que se haya cumplido al menos la mitad de la pena, que no hayan sido delitos gravosos, que no sean de peligrosidad y que estas personas se hayan integrado de pleno a las actividades religiosas, deportivas o de trabajo», detalló Montenegro.
Por otro lado, el abogado penalista también señaló que el Migob ha centralizado el proceso excarcelación decidiendo quién sale o no de la cárcel, pese a que un juez haya dictado una sentencia de libertad. «Tienen que pasar primero por ese colador, de tal manera que las cuestiones son un poco más discrecionales, lo que dificulta saber las últimas incidencias respecto a la liberación de reos», concluyó Montenegro.
«Urge en Nicaragua que se legisle en función de los requisitos de preliberación», finalizó en tanto el abogado Pineda.