En medio de actos partidarios dentro del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Jorge Navarro, en Tipitapa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado el mal llamado “perdón presidencial” o convivencia familiar a 9,934 privados de libertad, condenados en su mayoría por delitos relacionados con droga y robo agravado.
En Nicaragua no existe como figura legal el “perdón presidencial”, solo el indulto, el cual es otorgado por la Asamblea Nacional, pero tiene más de cinco años de no concederlos por supuestas irregularidades a la hora de otorgarlo y por la necesidad del Poder Ejecutivo de concentrar poder.
Ahora, el régimen está liberando reos bajo la figura legal de la convivencia familiar otorgada de forma discrecional por el Ministerio de Gobernación, sin embargo en los actos del SPN, las autoridades les dicen a los reos que van ser beneficiados con el “perdón presidencial” concedido gracias a la benevolencia del “comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo”.
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Estas excarcelaciones se han hecho a través de 10 liberaciones registradas entre enero de 2018 y febrero del 2020, según archivos del Sistema Penitenciario Nacional y el Ministerio de Gobernación.
El perenne discurso de agradecimiento a los dictadores
Algunos de los beneficiados relatan que el día que les entregan la denominada Carta de Libertad, donde les especifican que se les ha otorgado la convivencia familiar, primeramente los conducen a un acto central, dentro del sistema, donde autoridades de Gobernación, municipales, religiosas y partidarias presiden una mesa y les dan un discurso de “amor, paz y agradecimiento a la pareja presidencial”.
“Nos dicen que es un regalo de la pareja presidencial, del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo y que debemos estar agradecidos”, dijo una beneficiaria, quien nos pidió ocultar su nombre por temor a represalias.
Liberaciones se convierten en actos de proselitismo político
Entre los funcionarios que han presidido los actos de entrega de la Carta de Libertad están: María Amelia Coronel, Ministra de Gobernación; Luis Cañas Novoa, viceministro de Gobernación; Reyna Rueda, alcaldesa de Managua y César Vásquez Valle, alcalde sandinista de Tipitapa.
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También asisten el prefecto Julio Guillermo Orozco, director general del Sistema Penitenciario Nacional; Enrique Armas, vicealcalde de Managua, el padre Eddy Rojas, vicario de Cárceles; Dennis Francisco Argüello, de la Organización Rabina; el reverendo Omar Duarte Pérez, del Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva, y Luis Hernández, secretario político del Frente Sandinista en Tipitapa, según reportan notas de prensa emitidas por el Sistema Penitenciario Nacional.
El discurso de las personalidades políticas orteguistas coincide en que las libertades otorgadas son parte de la política del buen gobierno sandinista presidido por el “comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo y su deseo de unidad familiar”.
“El Sistema Penitenciario Nacional, en fiel cumplimiento de las políticas del buen gobierno en promocionar la unidad familiar, ha venido trabajando arduamente para ejecutar estos beneficios legales de conformidad al marco legal y de seguridad. Hemos venido entregando por etapa estos beneficios desde hace varios años, es un compromiso del buen gobierno con las familias nicaragüenses”, indicó María Amelia Coronel Kinloch, ministra de Gobernación, según notas de prensa del SPN.
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Por su parte, Enrique Armas, vicealcalde de Managua, ha dicho en estos mismos actos: “No me cabe duda que cada una de ustedes que regresan a sus hogares, aprovecharán este beneficio de convivencia familiar que hoy les otorga el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo”.
Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, no se queda atrás: “El gobierno sandinista, dirigido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo han impulsado lo que es la convivencia familiar porque desean la paz y la armonía entre nosotros que somos hermanos. Eso somos los nicaragüenses y nos sentimos emocionados al ver estos ejemplos de amor entre las familias que hoy reciben a sus padres, hermanos, hijos, hijas, nuevamente en el seno de su hogar”, señaló Rueda, durante uno de los actos de liberaciones.
Los beneficiados deben mostrar su gratitud al comandante. “Ahora que el comandante Daniel Ortega me está dando esta oportunidad de regresar a mi hogar, me voy con una mentalidad nueva para el progreso de nuestra Nicaragua”, refirió el beneficiado César Salazar Martínez, citado en una nota de prensa del SPN.
Procesos de excarcelación arbitrarios
De los 9,934 reos a quienes se les ha concedido la medida de convivencia familiar, la mayoría fueron condenados por delitos relacionados con droga y robo agravado.
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En la última lista de mil reos liberados el 13 de febrero de 2020, el 87.7 por ciento aproximadamente de estos estaban vinculados con delitos relacionados con droga, como narcotráfico, posesión, tráfico y crimen organizado y robos en sus distintas modalidades, como agravado, con intimidación y violencia.
El resto corresponde a delitos de orden sexual, como violación, abuso sexual, violación agravada, homicidio, tráfico de migrantes, violencia doméstica, entre otros.
Para abogados penalistas el procedimiento con el que las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación están otorgando la convivencia familiar es anómalo, porque no necesariamente están cumpliendo los requisitos que estima la Ley penitenciaria ni la de Ejecución de Sentencia.
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Además, estos procesos desconocen la circular de la Corte Suprema de Justicia emitida el 30 de abril de 2013, donde se establece que las personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes no aplican para beneficios de libertad condicional y suspensión de la ejecución de la pena.
Sin embargo, en la lista de presos liberados el 13 de febrero pasado está Fidencio de Jesús Jarquín Coronado, de 77 años, condenado a 12 años de prisión por violación a su hijastra de 6 años. Hasta su liberación llevaba 6 años y 7 meses de cumplimiento de pena.
Las condiciones para ser beneficiados
En la misma circular, los magistrados de la Corte Suprema ordenan que los delitos que tienen que ver con droga, crimen organizado, delitos sexuales, robos agravados, con intimidación y violencia para conceder algún beneficio, deben cumplir las tres cuartas partes de la condena y obligatoriamente deben ventilarse en audiencia oral con previo debate entre las partes.
“El proceso penal es de dos partes, ante esta medida de liberar a reos, hay que ver si la Fiscalía está ejerciendo su función de representar a las víctimas, porque son delitos de orden público. Debemos ver si están protestando, están solicitando audiencia o simplemente cometen omisiones”, expresó Eilyn Margarita Cruz Rojas, abogada de Acción Penal.
Cruz agregó que en estas liberaciones oficiosas, las víctimas quedan totalmente desprotegidas. “Esto genera impunidad normativa, porque son personas que fueron condenadas por juez de derecho y no han cumplido penas y son liberadas de forma anómala. Esto sitúa nuevamente a la víctima en una situación de peligro”, agregó Rojas.
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), destacó el hermetismo que hay con la información penitenciaria, porque se desconoce si las autoridades han cumplido requisitos legales para liberar a reos. Afirmó que hay la experiencia de los casos que han manejado, les dice que no, y desde su perspectiva, estas liberaciones anómalas están poniendo en peligro a la sociedad.
“He visto la falta de efectividad de esta decisión de liberar a reos sin cumplir requisitos. Resulta que un vecino que entró a robar a mi casa y tiene antecedentes por robo, lo liberaron en diciembre. Es reincidente porque consume droga y sale a robar y solo estuvo seis días en la calle, porque volvió a robar. Nos dejan a los ciudadanos a merced de los delincuentes”, relató Cuevas.
Para Cuevas la liberación de reos comunes esconde un objetivo político porque antes de salir del sistema les recetan un discurso de profiláctica política partidaria, y los llaman a votar, y claro que por el comandante.
“No importa la seguridad ciudadana, sino votos a favor de la pareja presidencial. Los ven como potenciales votantes a ellos y sus familiares en agradecimiento al comandante y a la compañera. Hemos recibido testimonios de los que les dicen en La Modelo”, agregó Cuevas.
Para el abogado Boanerge Fornos, de Acción Penal, estas liberaciones masivas de reos comunes, sobre todo de condenados por robo agravado, incrementan el nivel de riesgo del ciudadano nicaragüense que anda en la calle. “Estamos ante reos habituales, tienen antecedentes y debió escucharse a las víctimas de esos procesos para que ellos den su punto de vista”.
En cuanto a los delitos por droga, el abogado penalista explicó que el gobierno “contradice el propio eslogan del muro de contención contra el narcotráfico, porque queda claro que es un muro temporal, de acuerdo a los intereses políticos”, dijo Fornos.