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cadena perpetua, Nicaragua

Equipo técnico de la CPDH junto a algunos familiares de presos políticos se presentaron en la cárcel La Modelo esta mañana. LA PRESA / J. Flores

Cadena perpetua es retroceso en materia de derechos humanos

"No es una reforma juridica penal, es una reforma política", asegura defensor de derechos humanos

Los diputados orteguistas están preparados para hacer reformas a la Constitución de Nicaragua e instaurar la cadena perpetua en el país, una medida que es considerada un retroceso para los derechos humanos de la nación, según defensores de derechos humanos.

“Esta no es una reforma jurídica penal”, dice Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +. “Es una reforma con intereses político de la dictadura”, resalta.

Si Nicaragua entabla la cadena perpetua mediante las reformas a la Constitución en el periodo de 2020 y 2021, solo Guatemala a nivel centroamericano tendría una pena más severa. En ese país existe la pena de muerte, pero no se aplica desde los ochenta y, en cambio, se aplica una pena máxima de 50 años. En Nicaragua actualmente la pena máxima es de 30 años de prisión para los delitos de mayor gravedad e incluso cuando hay acumulación de penas, se ajusta hasta las tres décadas de cárcel.

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El gobierno de Daniel Ortega anunció que promovería una reforma a la Constitución para implementar la cadena perpetua luego de una serie de femicidios en varias partes del país, entre los que resaltaron el caso de las niñas hermanas asesinadas en Mulukukú, Costa Caribe Norte.

Tras usar ese caso de doble femicidio como bandera para promover la medida, movilizaron a sus bases para la recolección de firmas y también se conocieron denuncias de trabajadores del estado y maestros de escuelas públicas que se sentían presionados para firmar el documento en respaldo a esta reforma. El 27 de octubre simpatizantes de Ortega entregaron a la Asamblea Nacional cajas que supuestamente contenían 3 millones de firmas ne respaldo a la imposición de cadena perpetua, un volumen exagerado tomando en cuenta que en el último censo la población del país a penas rondaba los siete millones. ¿Firmó casi la mitad de Nicaragua ese respaldo a la propuesta de Ortega?

Pero aún con la manipulación mediática de los casos de femicidios y el dudoso espectáculo de las firmas, el dictamen, aprobado la semana pasada en la Asamblea está listo para pasar al plenario y establecen lo que la vicepresidenta Rosario Murillo cataloga como crímenes de odio.

“Es un contraproducente, y populismo penal imponer penas tan severas, no es la alteza de la penas lo que baja la incidencia (de los delitos o la criminalidad). En países como Nicaragua no sirve de mucho imponer penas altas”, dijo el abogado experto en derechos humanos Uriel Pineda.

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Pineda, residente en México, opina que aumentar las penas a instaurar la cadena perpetua es un retroceso en materia de derechos humanos.

“Es una regresión, Naciones Unidas reconoce que los privados de libertad tienen derecho a la reinserción social y la reinserción implica componentes de tratamiento, atención sicológica, acompañamiento, y un componente formativo en el campo educativo”, dijo Pineda.

Pineda dice que, al instaurar la cadena perpetua, Nicaragua está negándole a los reclusos la posibilidad de reinsertarse en la sociedad.

“Los estás descartando prácticamente”, advierte.

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