La propuesta de reforma a la Constitución Política para establecer la cadena perpetua por “crímenes de odio” fue presentada en la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional, por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), confirmó LA PRENSA por medio de fuentes legislativas.
La iniciativa “Ley de reforma al artículo 37 de la Constitución Política de la República de Nicaragua”, fue introducida la mañana de este 22 de octubre, siendo firmada por los 70 diputados del régimen. El cambio que se pretende es eliminar es el límite de los 30 años de cárcel para crímenes graves, y establecer la cadena perpetua, que sería otra de las armas jurídicas de uso político del dictador Daniel Ortega en contra de los ciudadanos que le adversan.
El artículo 37 de la Constitución que en Nicaragua “no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años”, límite que sería derogado.
El pasado 15 de septiembre, el dictador Ortega ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trabajar las propuestas para cambiar el sistema penal para establecer la cárcel perpetua, quien según el régimen, cometan “crímenes atroces y de odio”.
Su discurso fue enfilado sobre todo contra los sectores opositores que mantiene resistencia social, exigiendo justicia por los crímenes cometidos desde abril del 2018, libertad y reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes.
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Esa propuesta fue elaborada por una comisión de la Corte Suprema y del equipo jurídico del Legislativo, a la que solo tomaron en cuenta a diputados orteguistas. De esta forma se concretará el combo de leyes represivas con las que la dictadura reforzará su sistema autoritario en Nicaragua.
La Junta Directiva de la Asamblea se reunió este jueves para discutir la agenda de la próxima semana de sesiones plenarias, la que incluirá dar curso a la reforma constitucional y concretar la aprobación de la “Ley Mordaza” o de Ciberdelitos, con la que se criminalizarán las publicaciones de los ciudadanos en las redes sociales y los medios de comunicación, que sean calificadas de “noticias falsas” por el régimen.
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Comisión Especial quedó definida
Es tal el apuro de los orteguistas, que la directiva parlamentaria seleccionó a los diputados que integrarán la Comisión Especial encargada de consultar y dictaminar los cambios constitucionales. Los seis legisladores designados integran la Comisión de Justicia. Por el FSLN los designados son María Auxiliadora Martínez , presidenta de esa Comisión, y el jefe de la bancada, Edwin Castro e Irma Dávila.
Al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) lo representará el jefe de bancada, Maximino Rodríguez, y Jimmy Blandón, y por la bancada ALN-PLI-Apre será Mauricio Orúe.
Será el próximo martes cuando retomen las sesiones plenarias, que la directiva presente la propuesta de reforma constitucional para instaurar la cadena perpetua e inmediatamente se votará para constituir legalmente a la Comisión Especial. A partir de ese momento empezará a contar el tiempo legal del proceso de formación de ley.
Rodríguez dijo a LA PRENSA que si bien el “tiempo perentorio” por ley es de 60 días para que la Comisión Especial presente el dictamen de la reforma parcial a la Constitución, “como se trata de un solo artículo el que van a modificar, se puede dictaminar en dos días” la propuesta. Sin embargo, “es posible que se termine en 10 días para agotar la parte de la consulta que sabemos que será con los mismos funcionarios del Gobierno”, afirmó el diputado liberal.
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El artículo 192 de la Constitución establece que la iniciativa de reforma parcial “deberá señalar el o los artículos que se pretenden reformar con expresión de motivos”, y ser “ser enviada a una Comisión Especial que dictaminará en un plazo no mayor de sesenta días”. El proceso contempla que se apruebe en dos legislaturas, lo que implicará una vez antes del 15 de diciembre cuando finaliza el trabajo anual del Legislativo, y por segunda ocasión a partir del 10 de enero del 2021 cuando retome actividades el Parlamento.
Rodríguez cuestionó que la dictadura “se ciegue” y “no observa el llamado de la comunidad nacional e internacional” a detenerse en el sistema violatorio a los derechos humanos y de represión. “Es triste porque el país se va aislando cada vez más y eso tendrá consecuencias económicas desbastadoras. Adoptan posiciones temerarias”, dijo.
Deshumanizan sistema penitenciario
El jurista y opositor José Pallais, señaló que se requiere reformarse tres artículos de la Carta Magna, para que no hayan contradicciones sobre las penas máximas de cárcel en el país. Además del 37, según el jurista, deberían modificarse el 36 y 39, porque ambos conciben el sistema penitenciario para buscar la reinserción en la sociedad de quienes cometen delitos, principio que quedará alterado por la dictadura.
El texto del anteproyecto de reforma aún no está disponible en la página web de la Asamblea Nacional, lo que impide conocer más detalles del alcance.
El artículo 36 de la Constitución dicta que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”.
Y el articulado 39 establece que “en Nicaragua, el Sistema Penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo”.
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Pallais explicó que al imponer la cadena perpetua la dictadura acabará con el principio humanitario, “porque no hay posibilidad de reinsertar a quién ha sido sancionado por un delito, porque sale de la cárcel al cementerio, nunca retornará a la sociedad”.
“Continúa Ortega queriendo demostrar una fortaleza que no tiene. Es su única posibilidad diciendo: ‘a mí no me afectan las presiones’. Pero está claro que no podrá sostener esa postura durante mucho tiempo, y él sabe que esa actitud va a provocar más sanciones, aislamiento y más temprano que tarde tendrá que cumplir con la resolución de la OEA, y frenar toda esta vorágine totalitaria”.
La mayoría de Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron en su Asamblea General, el pasado 21 de octubre, una resolución en la que presionan a la dictadura orteguista a realizar reformas electorales a más tardar en mayo del 2021. Las exigencias suponen cambios profundos al sistema, empezando por renovar a las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE) y realizar una depuración del Padrón Electoral.
Esa resolución de la OEA no estableció consecuencias al régimen si incumple el plazo. No obstante, el representante de Estados Unidos en ese foro, el embajador Carlos Trujillo, advirtió que no reconocerán al gobierno que resulte de las elecciones de noviembre del 2021 en Nicaragua, si el dictador Ortega no cumple con las reformas que se le demandan.
Violan tratados internacionales sobre derechos humanos
Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca + sostuvo que la dictadura violará los tratados internacionales sobre protección a los derechos humanos, porque se consumará un grave retroceso.
“Todo lo que hemos tenido en Nicaragua durante más de 30 meses es una brutal represión, que representa una regresividad en las garantías de los derechos humanos. Ese combo de leyes en marcha, vienen a formalizar legislativamente ese carácter regresivo, por tanto nocivos, porque violan esa obligación internacional que tiene el Estado”, cuestionó Carrión.
El activista Carrión advirtió que con la reforma constitucional y penal, Ortega y Murillo estarán instaurando legalmente el sistema basado en la tortura y tratos crueles en contra de los detenidos, sobre todo de los presos políticos, prácticas que han venido instaurando durante los 13 años de régimen orteguista.