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Organismos y abogados defensores de derechos humanos, dicen que no existe una coherencia de parte del dictador entre lo que práctica y lo que prédica y denuncian las sistemáticas violaciones de derechos humanos que sufren los presos políticos y sus familiares. LA PRENSA/R. FONSECA

La política de mentiras de la dictadura para ocultar los vejámenes y abusos con los opositores encarcelados

El dictador Daniel Ortega ha acusado a los familiares de presos políticos de mantener una "campaña de mentiras" sobre las torturas que sufren sus familiares en las cárceles

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Desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha tildado a los manifestantes opositores de “golpistas”, “vende patria” y “terroristas”. Más de 700 fueron encarcelados durante las operaciones de represión. La mayoría salió de las cárceles por la Ley de Amnistía promovida por la dictadura para buscar la impunidad de los policías y parapolicías armados que cometieron crímenes de lesa humanidad  certificados por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, todavía se encuentran más de cien presos políticos en los sistemas penitenciarios del país.  Al menos 50 anunciaron hace 10 días que iniciarían una huelga de hambre en demanda de su libertad, y tres de estos incluso se zurcieron los labios según denunciaron sus familiares, para radicalizar su protesta, ya que además en reiteradas ocasiones han denunciado que no se les permite la visita a sus familiares y que sufren torturas físicas y psicológicas.

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Pero, el dictador Daniel Ortega, asegura que todas estas denuncias que hacen los presos políticos y sus familiares son “falsas”, y que solo tienen como objetivo crear “una imagen negativa” de su gobierno ante organismos internacionales. Las aseveraciones de Ortega se transmitieron en cadena nacional, durante la celebración del acto en conmemoración al 41 aniversario del Ministerio de Gobernación (Migob) este lunes 19 de octubre. Incluso, el dictador también mencionó que “la calidad de atención que hoy existe en los sistemas penitenciarios, no se comparan a los de la dictadura de Somoza”.

“¡Que diferencia con la atención que reciben hoy (los presos políticos) pero ya sabemos que siempre hay prisioneros que inventan que los están torturando, cuando están las puertas del sistema penitenciario (abiertas) para que los familiares puedan visitarlos. Dicen que tienen los labios cocidos ¡ya quisiera verlos!“, expresó el dictador durante su discurso.

Para Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación de Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) y delegado de misión de Canadian Human Rights International Organization (Chrio), la situación de los más de cien presos políticos en Nicaragua sigue siendo una “realidad apremiante” debido a la inhumanas condiciones carcelarias mantenidas por el régimen Ortega Murillo.

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“El principal delito de la mayoría de estos ciudadanos encarcelados por el régimen Ortega Murillo ha sido ejercer simplemente y públicamente el derecho de manifestarse en contra del régimen, haciendo plantones o simplemente ondear la bandera nacional. Por lo que, al no existir un fundamento legal que motive su encarcelamiento, la angustia y la desesperación por demandar su libertad junto a sus familiares los han llevado a realizar acciones de protestas como huelgas de hambre y hasta zurcirse los labios”, argumentó Leiva.

“El único mentiroso en esta historia es Daniel Ortega”

La abogada defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez, afirmó que “el único mentiroso en  esta historia es Daniel Ortega”. La misma activista ha sido testigo directa de cuando los familiares de presas y presos políticos se hacen presente en los diferentes centros de detenciones del país, ya sean los sistemas penitenciarios o a la Dirección de Auxilio Judicial, y no se les permite ver a su familiar.

“Cuando hay detenciones de personas por su pensamiento político, se les restringes las visitas y cuando están enfermos, les niegan el acceso a sus familiares a verlos. Un caso vivo y reciente es el de doña Emérita Rodríguez, de 70 años, que se le negó el acceso de ver a su hermano, don Justo Rodríguez (reo político capturado en la Isla de Ometepe el 20 de abril de 2020) antes que le diera el derrame cerebral”, contextualizó Martínez.

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Otro caso es el del recapturado político de Masaya, Danny García, a quien sus familiares no lo han visto desde el pasado 14 de septiembre, cuando fue secuestrado por la Policía Orteguista. “Desde que lo detuvieron no sabemos como está.  La mamá va a hacer un nuevo intento para saber cómo esta, si es que dejan que lo vea, porque irá a dejarle paquetería”, manifestó su esposa Ruth Matute, quien también es excarcelada política y asegura que sufrió maltrato psicológico por parte de las custodias del Sistema Penitenciario de Mujeres “La Esperanza”. Además, denunció que durante los cinco meses que estuvo detenida se le negó la atención médica.

Familiares y Yonarqui Martínez, abogada de Justo Rodríguez, saliendo de La Modelo, porque no les permitieron ingresar para conocer el estado de salud del reo político. LAPRENSA/ Carlos Larios.

“A mí me sacaron casi muerta del sistema de mujeres, me operaron de un día para otro de emergencia, debido a la falta de atención médica, porque las presas políticas no teníamos derecho a nada y en El Chipote era igual. Ellos juegan con nuestra salud”, confirmó Matute, de 30 años.

El valor de la palabra del dictador

Sin embargo, Ortega dijo en su discurso de este lunes que “las familias que tienen presos, todos los días hacen escándalos, inventan en esos medios de comunicación pagados por el imperio yanqui, que (los reos políticos) se están muriendo. Vayan acompañados de organismos sociales, no van porque saben que todo lo que están diciendo en mentira. A esos que inventan que a los reos se les esta torturando, ahí están las puertas del sistema penitenciario abiertas”.

Precisamente este martes, un equipo jurídico de la Comisión Permanente de la Derechos Humanos (CPDH), tomándole la palabra al dictador, realizó una visita a la cárcel La Modelo en Tipitapa para ver la situación de los presos políticos, principalmente aquellos en huelga de hambre. Como era de esperarse, no había ninguna apertura del centro penitenciario, como aseguró el dictador. A los activistas les fue negada la entrada.

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“Ortega declara a los familiares y a ellos (reos políticos) mentirosos. Cuando el principal mentiroso y violador de derechos humanos en la historia de Nicaragua se llama Daniel Ortega Saavedra y su régimen. Además no demuestra una voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos, que tiene como obligación por parte del Estado hacia los ciudadanos”, señaló Leiva.

“Estas declaraciones Ortega las refirió frente a uno de los organismos que esta acusado como uno de los principales violadores de derechos humanos, como lo es el Ministerio de Gobernación, del que dependen todos los verdugos de los sistemas penitenciarios”, añadió el secretario ejecutivo de la Anpdh.

Defensores tienen documentadas las denuncias de torturas 

El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, reveló que el organismo cuenta con expedientes de entrevistas a decenas de excarcelados que comprueban que durante el tiempo que estuvieron detenidos, fueron víctimas de torturas físicas y psicológicas.

“Nosotros (CPDH) tenemos una clínica con especialistas forenses, que hablan con los exinternos del sistema penitenciario, en este caso con exreos políticos. Durante las entrevistas, los especialistas exploran la psiquis de esos exreos políticos. Tenemos los expedientes que comprueban según las valoraciones forenses psicológicas y físicas, que sí fueron víctimas de maltratos”, confirmó Cuevas.

El defensor de derechos humanos, comentó que “un exreo político de 36 años, cuando entró al sistema penitenciario era un hombre sumamente sano y al salir venía con muletas porque le daban ‘una paliza’ en sus columnas y quedó con secuelas. Nosotros no vamos hacer afirmaciones que no podemos sustentar”, argumentó.

Doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la ANPDH
Doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la ANPDH.

Leiva, también afirmó que Anpdh posee un listado de denuncias de las asociaciones de familiares de presos políticos, abogados defensores, donde el mínimo común denominador son la “torturas atroces” en contra de los reos políticos.

“Nosotros tenemos más de cien casos debidamente documentados, lo cual en los próximos días vamos hacerlo del conocimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, igual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, informó Leiva.

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Por su lado Yonarqui Martínez, recordó la falta de atención médica al preso político Uriel Pérez, quien presentó síntomas de covid-19. “Por no retomar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Uriel estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Alemán Nicaragüense grave y no sólo él, varios reos también se vieron afectados por el virus”, indicó.

Pero no solo se reportan enfermedades por torturas. Martínez apunta a la omisión deliberada de prestar auxilio como lo fue en el caso de los reos  Justo Rodríguez o Eliseo de Jesús Castro, que se desmayó durante una audiencia y en el acta judicial, la juez indicó que el reo (político) llegó en estado grave a la sala.

“Que me conteste el señor presidente entonces, dónde esta don Justo, porque eso significaría desmentir el estado de salud del privado de libertad. La condición de salud de don Justo se complicó desde que fue detenido porque fue fuertemente golpeado por miembros de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y desde la audiencia preliminar lo venimos denunciando”, manifestó Martínez.

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Los familiares del recapturado político Richard Saavedra, denuncian que ha bajado más de 20 libras en un mes, debido a los maltratos psicológicos a los que es sometido en el sistema penitenciario. “Cuando ellos van recibir visitas, pasan por un túnel y los guardas del sistema los atacan psicológicamente. Richard ha bajado de peso en menos de un mes por la presión psicológica”, expresó su hermana Arellys Saavedra.

Los defensores tienen prohibido ingresar a los sistemas penitenciarios

Cuevas expresó que desde hace más de seis años, a los abogados de la CPDH no se les permiten el ingreso a los diferentes sistemas penitenciarios del país, pese a que la Constitución y el Código Procesal Penal vigente en Nicaragua establece que la defensa de los acusados es permitida y que se debe de proveer y crear las condiciones para que cualquier ciudadano tenga una defensa efectiva.

Pablo Cuevas, asesor legal de CPDH y experto en derechos humanos. LA PRENSA / Jader Flores.
Pablo Cuevas, asesor legal de CPDH y experto en derechos humanos. LA PRENSA/Jader Flores.

“Pero en la práctica es todo lo contrario. Te das cuenta que es una tortura ser familiar de un preso y sobretodo si es un preso político, y más tortuoso es ejercer la defensa, porque muchas veces los guardas no te permiten ni hablar con el acusado en las audiencias, menos te permiten ingresar al sistema para entrevistarlo”, comentó el asesor legal de la CPDH.

“Para poder ingresar a los sistemas penitenciarios, como abogado defensor tenes que llevar un oficio del juez. La defensa lo solicita, pero muchos jueces tardan el oficio y hay otros que son más expeditos, pero cuando llegas al sistema con el oficio, los funcionarios no te permiten ver a tu cliente y te ponen varias excusas”, añadió.

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Martínez, también coincide con Cuevas. La abogada menciona que desde el 2018 se le ha obstaculizado el ingreso a los sistemas penitenciarios. “Tenes el mismo caso de don Justo Rodríguez. Se llegó al sistema en cuatro ocasiones, por un asunto de salud, de urgencia, y no solo yo. CPDH intentó ingresar para conocer el estado de salud y no lo permitieron, y en qué resultó, en un derrame cerebral. Una completa violación a los derechos humanos”, subrayó la abogada.

“Ortega definitivamente más que nunca ha quedado como el principal mentiroso de la historia porque mientras el lunes decía que abría las puertas del sistema penitenciario para que los organismos de la sociedad civil verificaran las condiciones carcelaria, este martes se presentó la Comisión Permanente de Derechos Humanos y simplemente cerró el acceso a este organismo, no habiendo una coherencia de parte del dictador entre lo que práctica y lo que prédica”, refutó Leiva.

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