La dictadura aceleró el proceso para completar el combo de las leyes represivas de censura, inhibiciones y el endurecimiento de acciones penales en contra de los ciudadanos y movimientos opositores que retan al sistema autoritario del orteguismo.
Este miércoles 21 de octubre será dictaminado el anteproyecto de Ley especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza”, para ser aprobada “en el menor tiempo posible” en la Asamblea Nacional. Una vez completada esa ley, seguirán las reformas constitucionales y a las leyes penales para establecer la vigencia de la cadena perpetua.
Wilfredo Navarro, orteguista y segundo secretario de la junta directiva del Legislativo, dijo a LA PRENSA, que “estamos trabajando la propuesta (de la cadena perpetua), y es muy probable que la presentemos la próxima semana”.
Esa propuesta de reforma la trabaja una comisión del equipo jurídico y diputados orteguistas de la Asamblea Nacional, junto con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes el dictador Daniel Ortega les “orientó” cambiar el sistema penal para eliminar los 30 años como máxima pena de cárcel, que se establece actualmente en la Constitución y en otras normas, instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”.
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“Ley Mordaza” casi lista
Parte del combo de leyes represivas del régimen incluye la “Ley Mordaza”, con la que se criminalizará a los ciudadanos que publiquen en las redes sociales, y en los medios de comunicación, lo que para la dictadura sean “noticias falsas”, que generen “zozobra” y atenten contra la estabilidad económica y social del país. Se castigará con hasta 10 años de cárcel a quien el sistema judicial sandinista encuentre culpable.
La presidenta de la Comisión de Justicia, la orteguista María Auxiliadora Martínez, citó a los diputados a cargo del proceso, para este miércoles 21 de octubre a dictaminar el anteproyecto de la “Ley Mordaza”.
La comisión de Justicia junto a la de Educación y Servicios Públicos son las que dictaminarán el proyecto legislativo, para el que solo permitieron opinar a instituciones estatales como la Policía, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) , Telcor, el Ejército y a los representantes de los medios de propaganda del orteguismo.
El próximo jueves 22 de octubre hay una sesión especial para que el ministro de Hacienda, el sancionado Iván Acosta, exponga el proyecto del Presupuesto General de la República 2021 a los diputados. Acosta fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por actos corrupción.
Maximino Rodríguez, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo a LA PRENSA, que “no creo” que ese día se aproveche para aprobar la “Ley Mordaza”, sino que esta quedará concretada “la próxima semana, que será de sesiones”.
“A Ortega no le interesa el pueblo. Solo mantenerse en el poder a través de las armas, pero le costará caro porque él sabe que la Unión Europea va a cumplir con su advertencia de sacarnos del tratado comercial, y eso traerá graves consecuencias para el país”, dijo Rodríguez.
Sin embargo, el orteguista Navarro no descarta que decidan poner en la agenda la “Ley Mordaza” el mismo jueves, porque a la directiva le interesa acelerar los temas pendientes.
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La misma celeridad le darán a las reformas penales para imponer la cadena perpetua, otra herramienta de la dictadura para amenazar a la oposición, porque los podrá acusar de que sus actividades “atentan contra la paz”.
Navarro explicó que la propuesta de reformas penales “es algo fácil, porque solo es cambiar el artículo 37 de la Constitución”, donde se establece la pena máxima de 30 años de cárcel. El orteguista dijo que todas estas leyes “debemos aprobarlas antes del 15 de diciembre”, que es la fecha cuando finaliza el año legislativo.
La Constitución establece en el artículo 37 que “no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años” para los crímenes graves. Eso lo derogarían para establecer la cárcel perpetua.
Pero modificar la Carta Magna, se requiere que la Junta Directiva parlamentaria conforme una Comisión Especial para discutir la viabilidad de los cambios constitucionales, así como el resto de leyes como el Código Penal, el Procesal Penal y el resto de normas jurídicas.
Navarro afirmó que “cumpliremos con todo el proceso, nos apegaremos a lo que dicen las leyes”, en este caso, porque se nombrará a esa Comisión Especial inmediatamente que entre la propuesta de reforma parcial a la Constitución al Parlamento, según el artículo 193 constitucional.
Esa Comisión en un plazo de 60 días dictaminará la reforma para que sea discutida y aprobada, lo cual requiere el voto del 60 por ciento de los diputados, dicta el artículo 194. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuenta con 70 de los 91 diputados miembros en la Asamblea, por lo que funcionan como aplanadora para aprobar toda ley de interés de Ortega.
Las reformas parciales a la Constitución deben aprobarse en dos legislaturas, por eso los orteguistas van a cumplir la primera fase antes del 15 de diciembre próximo, y concretarán el proceso a partir del 10 de enero del 2021 cuando se abra una nueva Legislatura.
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La propuesta de reformas constitucionales y a las leyes penales se harán acompañar de las firmas de ciudadanos, que la dictadura obligó a conseguir entre empleados públicos y sus simpatizantes como parte del discurso político de que es la mayoría de los nicaragüenses quienes apoyan la medida. Según la vicepresidenta Rosario Murillo, tenían más de 2.2 millones de firmas de respaldo. Murillo también está sancionada por Estados Unidos por corrupción y violaciones a los derechos humanos,
Con la cadena perpetua se completaría el tridente del sistema totalitario del régimen. El primero fue la “Ley Putin” de agentes extranjeros, que entró en vigencia este lunes 19 de octubre al publicarse en La Gaceta, Diario Oficial.
Con esa norma, la dictadura criminaliza a los movimientos, organizaciones, asociaciones, empresas, medios de comunicación y personas naturales que reciban financiamiento de organismos y gobiernos extranjeros. A estos grupos y personas se les considerará “agentes extranjeros” y por tanto una amenaza para “la seguridad del Estado”, obligándoles a inscribirse ante el Ministerio de Gobernación, donde reportarán a los donantes, fondos y uso.
La “Ley Putin” inhibe a las personas y organizaciones clasificadas como “agentes extranjeros” de ser candidatos a las elecciones. Esto ha sido denunciado por los opositores de la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y el resto de miembros en la Coalición Nacional de ser el instrumento para que el dictador Ortega quite de en medio a los ciudadanos con respaldo ciudadano, que le puede sacar del poder en unas eventuales elecciones previstas para noviembre del 2021.