Expertos en derecho penal y constitucionalistas esperarían que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al menos por “lavarse la cara” ante la opinión pública, rechazarán la manipulación política a la que los ha expuesto públicamente el dictador Daniel Ortega, quien les ordenó preparar reformas a las leyes del país para establecer la cadena perpetua, con la clara intensión de disponer de una nueva arma contra los opositores, según los especialistas.
Los juristas María Asunción Moreno, Gabriel Álvarez y Azahalea Solís, advirtieron, por separado, que lo orientado por el régimen a la CSJ cae en una serie de actos ilegales, iniciando porque Ortega no tiene facultad para imponerle sus intereses a una institución con supuesta independencia del Ejecutivo. Además supone una violación constitucional al transferirle de hecho facultades que no tienen los magistrados judiciales como es la de proponer reformas a la Carta Magna.
En opinión del especialista en temas constitucionales, Gabriel Álvarez, la sumisión al régimen de Ortega que confirmen los magistrados del Poder Judicial resultarían en “efectos nefastos” para los derechos fundamentales de los nicaragüenses, porque la imposición de la cadena perpetua se advierte como “una escalada de la represión y no en una acción para implementar políticas públicas para solucionar un problema de fondo”, como es la violencia y los crímenes contra las niñas, niños y las mujeres.
Álvarez refirió que la pretensión de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, supondría un “abuso de poder” porque se manipularían las leyes penales y la Constitución para usarlas como instrumentos políticos, sin importar pasar por encima del principio del Estado de derecho.
“No se guardan ya ni las apariencias. Ortega y Murillo con esto les dicen a los magistrados de la Corte: ustedes son mis subalternos. Los somete a una prueba de lealtad, para comprometerlos políticamente ya que aún está pendiente de que se nombren a nuevos magistrados en la Corte Suprema”, señaló Álvarez.
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Desde abril del 2019 se les venció el período a los 12 magistrados propietarios del Poder Judicial así como a los siete magistrados propietarios del Consejo Supremo Electoral, quienes han seguido operando bajo la ilegitimidad. El dictador Ortega no ha mostrado interés en enviar propuestas a la Asamblea Nacional para nombrar a nuevos funcionarios en esos poderes.
El sistema judicial ha sido señalado por organismos defensores de derechos humanos nacionales y internacionales como otro brazo represor del régimen, puesto que se ha procesado y sentenciado a los opositores por su participación en las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril del 2018.
Los jueces y magistrados judiciales han protegido a los policías, parapolicías y simpatizantes del régimen porque ninguno ha sido investigado ni procesado por los asesinatos, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos calificados de lesa humanidad por organismos de derechos humanos como Naciones Unidas.
Para el jurista Álvarez la decisión del dictador Ortega de imponer la cadena perpetua en Nicaragua también sería en reacción al hecho que la alta comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, volvió a exponer que continúan las graves violaciones a los derechos humanos, la censura y la persistencia de grupos de civiles armados.
También sería en reacción a que Ortega y Murillo fueron expuestos como criminales internacionales comparados con los peores dictadores que han habido en América Latina, luego que un tribunal de conciencia concluyó que el Estado de Nicaragua incurrió en crimen de tortura a través de la violencia sexual contra opositores durante las manifestaciones sociales.
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“Este Poder Judicial no está apto para ejercer las normas penales actuales, como tampoco proponer sus reformas, porque está claramente demostrado su sometimiento político al interés del señor Ortega y la señora Murillo”, dijo Álvarez.
La especialista en temas penales, Azahalea Solís, igual observó una “respuesta soberbia y arrogante” de parte de la pareja presidencial, a las acciones del tribunal de conciencia en Costa Rica, pero también porque se “ven en el espejo de Venezuela”, donde Naciones Unidas concluyó que el régimen de Nicolás Maduro cometió delitos de lesa humanidad contra la oposición.
“Es un mensaje intimidatorio de Ortega hacia la oposición, pero también a la base que le queda, de que no se atrevan a salirse del redil porque los acusa de actividades terroristas y los sentencia a cadena perpetua”, dijo Solís.
La jurista Solís refirió que el comportamiento del régimen responde al “término del sultanismo político”, porque “Ortega se presenta como el sultán que se considera dueño del país y actúa por encima de la ley”. “Él no tiene facultad para ordenar ni siquiera insinuar a la Corte Suprema lo que deben hacer, porque formalmente hay separación de poderes en el país, aunque todos sabemos que esa institución no es independiente”, dijo Solís.
La ilegalidad procesal
Los especialistas en temas jurídicos Azahalia Solís, María Asunción Moreno y Álvarez también coincidieron en señalar en que habrían violaciones constitucionales por parte de Ortega, al “orientar” a la CSJ preparar reformas legales para establecer la cadena perpetua cuando se cometan “crímenes de odio”. La primera ilegalidad sería en que los magistrados judiciales no tienen facultad para proponer reforma parcial o total a la Constitución Política de Nicaragua, ya que solo son atribuciones del presidente y de los diputados.
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María Asunción Moreno, catedrática universitaria, explicó que la independencia entre los poderes del Estado está establecida en el artículo 129 de la Constitución, el cual expresamente señala que “los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación” y a lo establecido en el texto constitucional, de tal forma que ningún poder del Estado está facultado para dar “orientaciones o instrucciones a otro poder”.
Sin embargo, dijo Moreno, que “lo más probable es que la CSJ cumplirá con las orientaciones e instrucciones que le da el Ejecutivo, comprometiendo su independencia como poder del Estado, y alegando una coordinación entre poderes”.
El artículo 37 de la Constitución establece que “no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años”.
Habrían dos reformas en marcha
Para imponer lo que el dictador Ortega busca tendrá que haber dos vías legales, reformarse parcialmente la Constitución, así como modificarse el Código Penal y el Código Procesal Penal, como las otras normas que establecen los límites de los 30 años como pena de cárcel.
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Moreno explicó que los funcionarios del Poder Judicial en lo que están facultados es para presentar iniciativas de reformas de leyes “dentro del ámbito de su competencia”. “Ello significa que puede presentar una iniciativa de reformas a las leyes penales, no obstante, si se trata de tipificar delitos que van a ser sancionados con la pena de cadena perpetua, esta iniciativa sería inconstitucional, ya que el artículo 37 de la Constitución establece como límite máximo 30 años de prisión, por lo que para incorporar la cadena perpetua como pena en nuestra legislación, necesariamente deberá hacerse una reforma parcial a la Constitución Política”
Solís, Ávarez y Moreno coincidieron en que el Poder Judicial no está facultado para presentar una iniciativa de reforma parcial a la Constitución, que se requeriría para aprobar una reforma penal como la que pretenden Ortega y Murillo. “Sólo el presidente de la República o a un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional pueden solicitar una reforma parcial a la Constitución, la cual deberá ser discutida en dos legislaturas, previo dictamen de una comisión especial y para su aprobación requerirá del 60 por ciento del voto favorable de los diputados”, explicó Moreno sobre el procedimiento requerido.
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El procedimiento constitucional
En el capítulo III de la Carta Magna se norma el procedimiento para la reforma constitucional, estableciendo el artículo 191 que “la iniciativa de reforma parcial corresponde al Presidente de la República o a un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional”.
Los juristas Álvarez y Solís señalaron que tendrá que ser Ortega o sus diputados quienes presenten una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el límite de los 30 años de cárcel para establecer la cadena perpetua.
Recordaron los especialistas que, el procedimiento manda que esa propuesta deberá ser sometida a una consulta por parte de una Comisión Especial, que tendrá un plazo de sesenta días para dictaminarla y someterla a la aprobación de los legisladores, por lo que no cabe una reforma urgente a la Carta Magna, como suele pedir Ortega que le aprueben sus leyes de interés en la Asamblea.
Más allá de los procesos legales, Solís identificó en la reacción de Ortega “el temor a la movilización de la ciudadanía” puesto que amenaza con penas más duras al darse cuenta de que no ha podido callar ni detener las protestas, y eso se demostró con la colocación de carteles con la frase ¡Se Va!, así como piquetes y las denuncias de los abusos de parte de las organizaciones opositoras.
“Le teme a la votación masiva en las próximas elecciones (en 2021), sino que además teme que la oposición logre una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional, por eso Ortega amenaza, porque quiere evitar ese escenario. Apuesta a que la oposición no tenga la mayoría calificada y ellos, el orteguismo pueden impedir que hayan reformas profundas a las leyes en el país para que haya justicia por los crímenes de este régimen, como lo ha demandado la ciudadanía desde la insurrección de abril”, afirmó Solís.