Una vez más la dictadura de Daniel Ortega se aprovecha del contexto social del país para reforzar su represión contra la ciudadanía, y ahora pretende ajustar a sus intereses las leyes de Nicaragua. Ortega ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “trabajar una propuesta” para aplicar la pena de cadena perpetua contra aquellos que cometan “crímenes de odio”, pero más allá de hacer justicia, el régimen busca reformar la Constitución Política y utilizarla a su conveniencia, advirtieron juristas y analistas políticos.
Las fuentes señalaron que esto sería una “amenaza” política para la población nicaragüense y advirtieron de terrorismo de Estado detrás de pretensión orteguista.
La orden de Ortega se da luego de la noticia de que un hombre asesinó brutalmente a dos niñas de 10 y 12 años, y violó a una de ellas, en la comunidad Lizawe, en Mulukukú, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Pero, pese a este hecho, Ortega no se refirió qué tipo de crímenes serían penalizados con cadena perpetua. En la historia de Nicaragua no ha existido la aplicación de esta pena.
De acuerdo con la declaración, publicada el pasado 14 de septiembre, Ortega orientó a la CSJ proponer una reforma “a las leyes pertinentes necesarias” para presentarla a la Asamblea Nacional y que se apruebe esta pena para quienes cometan delitos “que tipificamos como crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes, que no corresponden con nuestra cultura”.
Vilma Núñez de Escorcia, abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), expresó que los “crímenes de odio” no están tipificados como un delito dentro de la legislación de Nicaragua, y que Ortega utiliza este término y esta declaración con el objetivo de “intimidar a la gente y demostrar que tienen el poder de hacer cualquier cosa”.
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En Nicaragua la pena máxima es de 30 años de acuerdo con el artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua que dicta que “no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de treinta años”. Actualmente a nivel centroamericano ningún país contempla la cadena perpetua. Guatemala en su momento condenó con pena de muerte, pero ahora la máxima condena es de 50 años de prisión.
“Nicaragua es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, del pacto de San José, que prohíbe la pena de muerte, entonces no puede de ninguna manera aplicar pena de muerte, pero también violaría los compromisos internacionales en materia de derechos humanos si hay un retroceso en cuanto al incremento de las penas (cadena perpetua), entonces no puede legalmente de ninguna manera reformar la ley, (Ortega) está dando una orden absurda”, refirió Núñez.
Contra la oposición
Para el analista político Mauricio Díaz los “crímenes de odio” de los Ortega-Murillo se interpretan más como una amenaza y un “arma de revancha política” que como un mecanismo de solución a una problemática que tiene una mayor dimensión. “Aparecer de repente anunciando que van a implantar una cadena perpetua, unilateralmente calificado como crímenes de odio, no puedo dejar de creer que tiene una intención política, porque este no es un Estado de derecho, no hay un poder judicial independiente, el poder judicial es un instrumento de una maquinaria que antes fue partidaria y ahora es personal, que responde al caudillo más que a la institucionalidad jurídica, todo esto es altamente preocupante”, cuestionó Díaz.
Los temores de Díaz se confirmaron este martes por la noche, cuando el dictador Daniel Ortega reveló durante su discurso de celebración de los 199 años de la declaración de Independencia de Centroamérica, dejó entrever que efectivamente su intención es castigar con esa pena a los opositores, a los que acusa de ejecutar crímenes de odio y a los que advirtió que les aplicará todo el peso de la ley y que no habrá nueva amnistía.
El analista político declaró que esta situación no se puede analizar como un referente general, por el “deterioro galopante” de la poca institucionalidad que alguna vez hubo en Nicaragua, y porque los nicaragüenses son rehenes de un sistema represivo. Díaz ejemplificó la situación con la presión a los empresarios, de mandarlos a la cárcel por problemas fiscales. “Ahora viene (Ortega) a decirle al país vamos aplicar la cadena perpetua por crímenes de odio, pero, ¿qué son los crímenes de odio? Con estos jueces y administración de justicia, la interpretación jurídica y política está en manos de jueces partidarizados que van a calificar crímenes de odio a cualquier cosa”, advirtió Díaz.
Opositores ya han sido enjuiciados por “crímenes de odio”
El abogado y defensor de derechos humanos, Julio Montenegro, consideró que “efectivamente” esta reforma estaría dirigida a los sectores que adversan a los Ortega-Murillo, como fue en el caso de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes fueron acusados y encarcelados por promover el odio a través de la difusión de información. “Ellos (los dictadores) estimaban que lo que se alentaba (con la difusión de información) era el odio y a cometer actos de daños a la propiedad”, recordó.
“Es un riesgo bastante grande porque actualmente estamos cuestionando que las personas son detenidas sin orden judicial, hemos recibido denuncia que la Policía cultiva la prueba, porque estamos hablando de denuncias que quizás la persona ha sido detenida y tres días después de detenida aparentemente han cometido delitos, y entonces todo esto da temor de que se mal aplique (la cadena perpetua), y más cuando hablamos de una condena tan fuerte como la perpetua, e incluso para una persona que tiene que cumplir una condena de 30 años”, refirió Montenegro.
El jurista también señaló los casos de los campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, a quienes el juez orteguista Edgar Altamirano los condenó a 216 y 210 años de prisión respectivamente, que si bien la pena máxima del país es de 30 años, para Montenegro esto también fue una condena drástica e injustificada, que reflejaba la intención de Ortega de buscar esta pena contra los opositores.
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“A la hora que se quiera reformar con un tipo de pena que ya corresponde a una situación no vigente, un poco arcaica, tendrían que precisarse si el motivo y origen tiene que ver con la privación de libertad después de cometer un delito sexual en contra de niños, adolescentes, capacidades distintas o persona de la tercera edad, así se tiene que dejar ver en el Código (Procesal Penal) y no ponerlo bajo alguna figura que diga crímenes de odio, porque potencialmente puede haber personas juzgadas que sale a la calle con una bandera y protesta. Eso tiene que ser debidamente regulado para evitar que el sistema de justicia se emplee para reprimir a través de los Códigos Penales, algo que está permitido por la Constitución Política, que es el derecho a concentrarse, a opinar, a demandar al Estado una respuesta, es decir, ese tipo de cosas está autorizada y no prohibida, pero hay un contraste en lo que dice y lo que se hace”, reprochó el abogado.
Ni crímenes de lesa humanidad
El régimen en su declaración —explicaron los juristas— también hace un mal uso del término “lesa humanidad” para aquellos que cometen delitos, puesto que este es dirigido para un Estado que reprime, tal y como Ortega lo hizo en abril de 2018 contra los nicaragüenses que protestaron por las reformas al Seguro Social.
“En nuestra Nicaragua (…) promovemos y defendemos el respeto a la vida en todas sus formas (…) y esta propuesta de modificaciones a las leyes (…) ratifica nuestro compromiso de perseguir, condenar y castigar severamente, esos delitos que son de lesa humanidad”, concluye la declaración de Ortega.
“Se habla de delitos de lesa humanidad, pero nada tiene que ver eso (con la cadena perpetua) porque cuando hablamos de lesa humanidad, hablamos de cierta represión que realiza el Estado sobre la población, este no es el caso, hablamos de sujetos que violentan el bien jurídico de otras personas”, aclaró Montenegro.
De hecho, recientemente un Tribunal de Conciencia Internacional señaló que las agresiones y violaciones sexuales que se dieron a personas detenidas en las protestas de 2018 fueron delitos de lesa humanidad, cometidos por el régimen de Ortega.
“Esos crímenes de lesa humanidad es un concepto de derechos humanos que lo cometen los opresores, no se puede decir que un criminal comete un crimen de lesa humanidad, sino que son los Estados a través de sus funcionarios, ahí hay una ignorancia extrema o una manipulación perversa al más alto nivel”, declaró Núñez.
¿Reforma para perpetuarse en el poder?
La presidenta del Cenidh también señaló que Ortega estaría aprovechándose de la reforma a la Constitución Política para introducir otro tipo de reforma que le ayude a perpetuarse en el poder o cancelar las elecciones para ganar tiempo. “Ahí es donde está el problema porque cuidado y quiere impulsar de la forma que sea esa reforma constitucional para introducir otros tipos de reformas que tengan que ver como la prórroga de su mandato, la cancelación de elecciones y aferrarse al poder, que mientras termine el coronavirus no pueden haber elecciones y él se prolonga indefinidamente o por 10 años más, por ejemplo. Cuidado y ese es el pretexto, hay que estar pendientes de eso, porque lo que veo es que detrás de esta supuesta indignación puede haber otra intención, porque esa gente es así, hacen una cosa para impulsar otra”, declaró.
“Ellos se quieren aprovechar de esta conmoción nacional por todos estos crímenes para impulsar subterráneamente una reforma constitucional que le permita no hacer elecciones y seguir perpetuándose en el poder. Él no quiere de ninguna manera exponerse a unas elecciones en el 2021, esa es la intención y no se puede pensar de ninguna manera de que ellos están preocupados por la criminalidad, no estuvieran sacando a tantos delincuentes a cada rato”, añadió la defensora de derechos humanos.
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En este sentido el analista político subrayó que Ortega estaría “retorciendo” la ley a su voluntad, porque es un “gobierno que dice hágase y lo va a hacer (la CSJ)”. “La pretensión de esto es ponernos a todos los nicaragüense otra espada sobre el cuello, el Estado de Nicaragua es cada vez más totalitario, usa más los instrumentos jurídicos para tener más control sobre la sociedad nicaragüense, han venido cerrando los espacios a la ciudadanía”, lamentó Díaz, quien agregó que los organismos de derechos humanos deberían estar denunciando este hecho a nivel internacional porque esta reforma de ley “se inscribe en una lógica de terrorismo de Estado”.
¿Qué se debe hacer para cambiar la Constitución Política?
Según explicaciones de los juristas, el régimen primeramente estaría faltando al artículo 37 de la Constitución Política, que prohíbe la pena de cadena perpetua. “Lo que viene a hacer esta cadena perpetua es volver al sistema inquisitivo y un poquito más atrás”, refirió Montenegro.
Para los abogados, si existiera separación de poderes, el poder judicial tendría todo el derecho a oponerse a la declaración de Ortega y no realizar ninguna iniciativa. Reformar las leyes significaría llevarse un considerado tiempo porque no se debe actuar ni a la ligera ni arbitrariamente, además que se debe ser lo más específico para poder aplicar esta pena.
“Es una cuestión que implica ver el estudio, si es procedente o no, porque qué pasa, vemos una gran cantidad de liberación de presos comunes y más que un asunto de subir penas es ver quién sale a la calle… esto requeriría efectivamente de varios meses, no estamos hablando de que se envía de urgencia y ahí nomás se cambia”, explicó el abogado.
Por su parte, Núñez agregó que si la CSJ presenta la iniciativa, la Asamblea Nacional deberá analizarla y someterla a consulta con los sectores involucrados para poder hacer efectiva la ley. “La Corte la propone como iniciativa a la Asamblea, para poder tramitar eso tiene que pasar a la Comisión y la consulta es en la Asamblea, no es la Corte, la comisión tiene que consultar a todos los sectores involucrados, a toda la gente que esté involucrada con esa decisión”, refirió Núñez.
De concretarse esta reforma, para los abogados esto sería un instrumento más de represión y Ortega se aferraría más al poder. “Mientras a Daniel Ortega no lo saquemos del poder, o mientras la justicia no lo alcance, seguirá haciendo cosas y no le pasa nada, él seguirá violando la Constitución y haciendo lo que quiera y eso violaría las normas de derechos humanos”, reflexionó Núñez.