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CONTENIDO EXCLUSIVO.La reforma al sistema penal para instaurar la cadena perpetua en Nicaragua fue diseñada por la dictadura de Daniel Ortega para aplicarla políticamente, dado que su según su texto al que tuvo acceso LA PRENSA, solo los opositores al régimen serían candidatos a ser acusados por “crímenes de odio” y los demás calificativos incorporados en el escrito.
La propuesta de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua se basa en agregarle al artículo 37, la cadena perpetua de cárcel, que “excepcionalmente” sería aplicada “por delitos graves cuando ocurran en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación repugnancia en la comunidad nacional”, reza el texto de la iniciativa.
De esta forma, la dictadura incorpora en la Constitución el discurso de odio de la vicepresidenta, Rosario Murillo, ya que esos términos de actos crueles, degradantes y demás, son parte de su diccionario de descalificativos hacia los opositores, de forma personal y como sectores, que viene repitiendo Murillo desde el estallido de las protestas sociales en abril del 2018.
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Las manifestaciones pacíficas que paralizaron al país por casi cinco meses, fueron respondidas con una brutal represión por la dictadura de Ortega y Murillo. La Policía, parapolicías y grupos de choque atacaron las protestas civiles, ocasionando al menos 328 muertos, miles de heridos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, el exilio forzado de más de cien mil nicaragüenses, entre otros crímenes calificados de lesa humanidad por organismos de derechos humanos internacionales.
La propuesta de reforma constitucional fue presentada por los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el jueves 22 de octubre en la Asamblea Nacional, pero hasta este viernes 23 de octubre estuvo disponible en la página web de la institución.
Crean contradicción jurídica
Lo planteado por el régimen creará una contradicción jurídica sobre el sistema penal del país, por cuanto existirá la cadena perpetua para “crímenes de odio”, pero también quedarán los 30 años de cárcel máximo para delitos graves.
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El texto deja intacto en el artículo 37 de la Carta Magna que “no se impondrá pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años”. Pero luego se agrega el párrafo, que “excepcionalmente se impondrá la prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves“, que entren en los conceptos subjetivos antes mencionados, como los “actos de odio”.
Se trata de una iniciativa elaborada entre el FSLN y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes el pasado 15 de septiembre, el dictador Ortega les ordenó hacerla.
En la exposición de motivos del anteproyecto, los diputados orteguistas justifican que se debe “instaurar una política criminal rigurosa”, ya que venden la versión de que “la nación se encuentra preocupada y consternada por el incremento de crímenes crueles, inhumanos, degradantes y de odio, que han causado grandes impactos, conmoción, indignación, rechazo y hastío”. La dictadura sostiene que es la mayoría de los ciudadanos quienes reclaman “la aplicación de una pena excepcional para los responsables que cometen dichos crímenes” que, son “extraños a nuestra cultura”.
Plazos para aprobar reforma
La reforma parcial constitucional debe ser aprobada en dos legislaturas, por eso les urge a los orteguistas cumplir el primer paso aprobándola antes del cierre del trabajo Legislativo, que es el próximo 15 de diciembre. La segunda aprobación sería a partir del 10 de enero del 2021, cuando retorne la Asamblea Nacional.
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El próximo martes 27 de octubre está previsto que la Junta Directiva parlamentaria instaure a la Comisión Especial que se encargará de dictaminar la reforma constitucional, la que integrarán los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
A partir de entonces, empezarán los 60 días establecidos por ley para que se dictamine la iniciativa, aunque por el apuro de la dictadura el proceso tardaría máximo 10 días. Posteriormente la cadena perpetua como pena excepcional a “crímenes de odio”, sería aprobada por los diputados.