Debido a la incierta y conflictiva política exterior del régimen de Daniel Ortega, algunos asuntos políticos que son del interés internacional se convierten en problemas nacionales.
Tal es el caso, que ya hemos comentado, de la guerra de Gaza entre Israel y el terrorista Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás. Otro es el resultado de la elección presidencial de Panamá que tuvo lugar el recién pasado domingo 5 de mayo.
El régimen de Ortega inmiscuyó a Nicaragua en la política interior de Panamá a partir de que concedió asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli. Este se había presentado como candidato a la reelección presidencial, pero previamente la justicia de Panamá lo condenó a prisión por un delito común de corrupción.
El régimen de Nicaragua solicitó al gobierno de Panamá un salvoconducto para Martinelli, pero la autoridad panameña rechazó la solicitud porque no lo reconoce como perseguido político.
Ahora bien, la elección presidencial del domingo pasado en Panamá la ganó Raúl Mulino, quien había sido candidato a la Vicepresidencia de la República en la fórmula de Martinelli, pero al ser este inhabilitado por la condena judicial lo sustituyó en la candidatura presidencial.
Según la prensa independiente de Panamá, tanto Mulino como Martinelli son políticos tradicionales de derecha que por lo tanto, no se supone que tengan afinidad ideológica ni política con el régimen de Daniel Ortega. De manera que no han sido claras las razones por las cuales Martinelli se asiló en la Embajada de Nicaragua. Y no solo eso, sino que también se le permitió usar ilegalmente la sede diplomática nicaragüense para seguir su campaña política, ahora en respaldo de Mulino, con lo que se tensaron las relaciones entre ambos países.
Sin embargo, algún beneficio político o material le ha de reportar la protección de Martinelli al régimen de Ortega, quien, como suelen decir sus críticos, nunca da “puntada sin hilo”. O sea, que no hace nada sin un motivo preconcebido que no sea provechoso para sus intereses.
Ahora bien, es obvio que apenas asuma la Presidencia de Panamá el próximo 1 de julio, Mulino tratará de resolver la situación de Martinelli como se lo ha prometido. Por supuesto que Mulino no la tendrá fácil, si lo hace respetando el marco del Estado de derecho de Panamá. Según el artículo 184 de la Constitución, el presidente de la República tiene la facultad de “decretar indultos por delitos políticos”, pero Martinelli no ha sido condenado por ningún delito político, sino por uno del orden común. De manera que la Constitución no le permitiría indultarlo.
Mulino también podría concederle a Martinelli la libertad condicional, porque según el mismo artículo constitucional el presidente tiene también esa facultad. O tal vez le podría proporcionar el salvoconducto para que salga de Panamá y se traslade a Nicaragua o un tercer país de su conveniencia.
La verdad es que ya en ejercicio del poder presidencial Mulino podrá encontrar la mejor manera de auxiliar a su correligionario Martinell, ya sea que lo haga dentro o fuera del marco legal de Panamá. Al fin y al cabo, en las repúblicas bananeras la legalidad nunca ha sido un obstáculo insalvable para que los poderosos consigan sus objetivos.
