El caso del preso político Justo Rodríguez, de 67 años de edad, evidencia que en las cárceles y los hospitales públicos son cajas de resonancia de la política de represión del régimen orteguista en contra de los opositores, al someterlos intencionalmente a la desatención médica en las prisiones, y en los centros hospitalarios a la tortura sicológica a los familiares al negarles la información sobre la condición de salud de los reos. Ese es la radiografía que el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) ha logrado hacer con los testimonios de los esposos, hijos, padres y otros parientes de casi cien presos presos políticos.
Vilma Núñez, presidente del Cenidh, explicó a LA PRENSA, que la información que han documentado es que la represión que la Policía y parapolicías cometen en las calles contra la población al negarle su derecho a manifestarse, así como asediando o deteniéndoles en sus casas, la repiten los custodios en los sistemas penitenciarios con los presos políticos.
«Sabemos que la situación se agrava porque los custodios en los sistemas penitenciarios han sido entrenados para someter a torturas a los opositores, porque el trato ya no solo es con exceso de fuerza física, sino que impulsan acciones para causar terror, humillación. El comportamiento de los custodios es de una inducción delictiva», explicó Núñez.
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Don Justo Emilio Rodríguez López es un productor en la comunidad de Esquipulas, del municipio de Moyogalpa en la isla de Ometepe, que fue apresado por la Policía Orteguista (PO) el pasado abril, según sus familiares, por un error quienes lo confundiéndolo con un opositor de la dictadura. Lo involucraron en el caso de los manifestantes que en Esquipulas conmemoraron el segundo aniversario del levantamiento cívico de abril del 2018.
Tras su captura don Justo Rodríguez fue trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, conocido como el nuevo «Chipote». La Fiscalía lo acusó por el delito obstrucción de funciones y el 21 de julio pasado el juez Séptimo de Distrito Penal de Juicio, Melvin Vargs, lo declaró culpable y lo condenó a tres años y dos meses de cárcel. La condena la estaba cumpliendo en el Sistema Penitenciario Nacional o «la Modelo» en Tipitapa, Managua.
El preso político Rodríguez sufre de hipertensión y su estado se venía complicando durante el cautiverio, debido a que los custodios y las autoridades del penal le negaron la atención médica necesaria, según denunciaron sus familiares y defensores de derechos humanos. Rodríguez sufrió un derrame cerebral siendo llevado al hospital «Antonio Lenín Fonseca» el pasado 30 de agosto, donde fue operado, pero los médicos le informaron a sus familiares que don Justo tiene muerte cerebral.
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Emérita Rodríguez, de 70 años, y Maynor Rodríguez, hermana y sobrino del campesino, respectivamente, fueron retenidos dentro del hospital, cuando buscaron información sobre su familiar. El sobrino fue liberado ocho horas después, pero a doña Emérita la mantuvieron casi una semana, impidiéndole el ingreso de ropa, alimentos y sin poder comunicarse con el resto de sus familiares, según denunciaron los abogados que asisten el caso.
Maltrato empeoró con pandemia
La presidente del Cenidh aseguró que los actos de tortura sicológica y desatención médica con los presos políticos empeoró con la pandemia del Covid-19.
«Se han aprovechado para golpear emocionalmente, a partir de que empezó la pandemia se han tipificado una serie de comportamientos que excede toda racionalidad por parte del personal de los penales con los presos en general, pero sobre todo con mayor crueldad con los reos políticos», afirmó Núñez.
Sin medidas de prevención para evitar los contagios del virus, negarles la atención médica si se enferma un opositor encarcelado, impedirles a sus familiares que les lleven medicinas y se se las reciben, luego el personal del penal las bota o no las entrega al detenido y todo eso responde a una política de represión orientada por el régimen, según el organismo defensor de los derechos humanos.
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Mantener en celdas de castigo por tiempo indefinido a los presos políticos es otra forma de tortura documentada por el Cenidh.
«Hay una conducta dirigida. Todo el sistema institucional de país se han convertido en instrumentos de la represión del régimen hacia las personas que han reclamado libertad y democracia. Es un acto dirigido, perverso», denunció la presidenta del Cenidh.
El organismo espera la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la solicitud que hicieron de otorgarles medidas cautelares a favor de 42 presos políticos que, según denunciaron sus familiares, han tenido síntomas del Covid-19.
«Existe la responsabilidad del Poder Judicial de velar por garantizar la vida de los detenidos, ya que existen jueces de supervisión penitenciaria, quienes tienen la obligación de exigir la asistencia médica oportuna a los enfermos en el Sistema Penitenciario», afirmó Núñez.
Esa represión política de las cárceles está extendida a los hospitales, porque según la defensora de los derechos humanos, al negarles información a los familiares sobre la condición de salud de los reos políticos cuando son internados también es parte de una actitud criminal.
