En 2020 no hubo captura masiva de presos políticos ni disparos contra manifestaciones ciudadanas, precisamente porque hasta el momento la represión del régimen Ortega Murillo ha conseguido ahogar la protesta cívica. Sin embargo, este fue un año en que la dictadura dio claros pasos para “institucionalizar” la represión, señala Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
El régimen ha aplicado mecanismos represivos más “sofisticados” y llevado al papel, con carácter de normas, las violaciones de derechos humanos que ya venía practicando, sobre todo desde 2018. No obstante, aclara Arce, eso no significa que la dictadura pueda “legalizarse”.
A juicio del abogado, las leyes aprobadas por el régimen “pretenden anular completamente el ejercicio de la ciudadanía” y tienen un carácter simbólico, puesto que envían a la población el mensaje de que la represión “ya está escrita, normada e institucionalizada”. De manera que en el imaginario colectivo ya se sabe, por ejemplo, que salir a la calle con una bandera azul y blanco es un boleto a la cárcel.
Pero “las violaciones de derechos humanos no se pueden legalizar”, insiste el experto. “Una ley que está en contra de los derechos humanos es una ley arbitraria, injusta y que no debe de ser cumplida”.
En términos prácticos, la dictadura no ha necesitado ninguna ley para cometer abusos. Ha apresado, reprimido y confiscado cuando ha querido. Para Arce, al convertir sus prácticas en leyes lo único que Ortega está logrando es dejar “en evidencia la vocación totalmente arbitraria de su gobierno”.
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“Política de Estado”
En materia de libertades ciudadanas este año termina peor que 2018, sostiene el defensor de derechos humanos. A lo largo de 2020 el régimen ha hecho énfasis en atacar cinco libertades fundamentales: libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de prensa, libertad de organización y libertad para elegir y ser electo.
Par Arce, es evidente que la dictadura ya decidió “llevar a nivel de política de Estado la premisa de Tomás Borge, de que se van a mantener en el poder a costa de lo que sea: todo puede pasar menos que el Frente Sandinista entregue el poder”. “Estamos ante una política de Estado basada en la represión y en el terror como un arma de desmovilización social», analiza. «A eso apunta la aprobación de todas esas leyes”.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (mejor conocida como «Ley Putín»), la Ley Especial de Ciberdelitos (más conocida como “Ley Mordaza”) y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo no solo violan los derechos constitucionales de los nicaragüenses, también son increíblemente “absurdas desde el punto de vista jurídico”.
Por ejemplo, la más reciente (la que “defiende los derechos del pueblo”) está constituida prácticamente por un único artículo y establece que los nicaragüenses que “aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” serán calificados como “traidores a la Patria” y, por lo tanto, no podrán optar a cargos de elección popular.
Parece una norma “salida de un cuento de hadas”, dice Arce. Una ley que bien podría aparecer en Alicia en el país de las maravillas, dictada por la Reina Roja.
“Sofisticación”
Este año “al menos 25 derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos han sido violentados en Nicaragua”, afirma el abogado. El régimen se centró, sobre todo, en atacar la libertad de expresión y de prensa, “incluso más que en 2018”, y sus principales blancos fueron “los periodistas independientes, los defensores de derechos humanos y la expresiones de sociedad civil organizada”.
2020 fue, también, uno de los años “en que el derecho a la salud ha sido más agredido, por acción y por omisión”. El régimen Ortega Murillo se caracterizó por ser uno de los peores del mundo en el manejo de la pandemia de Covid-19 y el retorno de los nicaragüenses que se encontraban en el extranjero. A lo que habría que sumar el despido masivo de médicos especialistas que no se plegaron al discurso y las órdenes de la dictadura.
En cuanto a la represión, se continuaron utilizando los mecanismos empleados desde 2018, pero “hubo una suerte de sofisticación”, apunta Arce.
La Policía siguió siendo el principal órgano represor, no se desmantelaron las fuerzas parapoliciales y el sistema judicial continuó siendo un importante aparato de persecución y criminalización. Pero con “la aprobación de la Ley Mordaza, por ejemplo, se instrumentaliza el derecho penal para perseguir políticamente a aquellos que ejercen ciudadanía, no solamente a la oposición”, señala el abogado. Y además, se utilizó a la DGI como un mecanismo para reprimir. “Hubo un perfeccionamiento de la represión”.
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Papel del Ejército
De acuerdo con Arce, este año el Ejército de Nicaragua empezó «a trabajar más desde la inteligencia”, aunque públicamente la Policía siguió ejecutando la represión.
“Hemos visto el Ejército aplaudiendo la aprobación de leyes arbitrarias que son totalmente ilegales, brindando su apoyo simbólico; pero no tenemos la menor duda de que también está brindando todo su aparato de espionaje e información de cara a perseguir a la población, sin mencionar que en 2018 proporcionaron el arsenal de más de una decena de armas de uso militar”, afirma.
Por último, pero no menos importante, hay que mencionar las libertades arrebatadas a los presos políticos que permanecen en las cárceles de la dictadura o que han salido de las celdas en condiciones deplorables, como es el caso de don Justo Rodríguez, que fue excarcelado este 21 de diciembre y se encuentra parapléjico, postrado en una cama. A ellos les han quitado casi todo.
“Estamos ante un gobierno que tiene una capacidad ilimitada de violar derechos humanos y de hacer daño”, dice Juan Carlos Arce. “Cuando pensás que llegaron al límite, suben la parada. Ahí le reconozco a Rosario Murillo la enorme creatividad que tiene para seguir abusando de su poder y violando los derechos fundamentales de la población nicaragüense, sobre todo la más vulnerable, porque está claro que con la clase alta de este país no se meten”.00
