A fines de diciembre próximo se comenzará a aplicar contra los ciudadanos y periodistas independientes de Nicaragua, la nueva “ley mordaza”, como es llamada la Ley Especial de Ciberdelitos que ha sido dictada por el régimen de Daniel Ortega.
Esta Ley represiva fue aprobada el martes 27 de octubre por la Asamblea Nacional de la dictadura, con la oposición —esto es justo y necesario decirlo— de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que están en ese antro legislativo. Pero según establece dicha Ley en su articulado, entrará en vigencia dos meses después de su promulgación.
Expertos constitucionalistas, periodistas independientes, políticos democráticos, defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión y de prensa, así como organismos internacionales y personalidades de otros países interesadas en la tragedia que sufre Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega, denuncian y demuestran que la nueva “ley mordaza” viola la Constitución nacional y vulnera los convenios internacionales que protegen jurídicamente los derechos de todas las personas.
En este sentido, el jurista experto en derecho constitucional, doctor Gabriel Álvarez, demostró en una charla en línea organizada por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que la Ley Especial de Ciberdelitos “transgrede al menos tres preceptos constitucionales, como la libertad de expresión, la libertad de información y de prensa, y el derecho al acceso a la información”, según el reporte de LA PRENSA sobre la charla virtual del constitucionalista.
Ciertamente, la aprobación de la nueva “ley mordaza” lo mismo que de la Ley de Agentes Extranjeros y la reforma constitucional que está en curso para imponer prisión perpetua a dirigentes opositores, es parte de la radicalización de las acciones represivas del régimen para castigar y neutralizar la resistencia democrática pacífica, pero sobre todo para tratar de evitar que se produzca un rebrote de la insurrección ciudadana de 2018.
Además, la dictadura ha aprobado a nueva “ley mordaza” que está destinada a castigar de manera legal, policial, judicial y carcelaria a quienes hagan uso de los medios de comunicación y redes sociales para criticar al régimen y denunciar la corrupción y todos los abusos del poder estatal y partidista, ante el fracaso del sistema de control de la información, censura indirecta, asfixia de medios de prensa y restricción de la libertad de expresión, establecido por la dictadura de Ortega desde el año 2007.
Aunque con mucho sacrificio, los medios de comunicación independientes, periodistas libres y ciudadanos en general, han podido durante estos años enfrentar las agresiones y burlar los controles a la libertad de información y expresión. De igual modo ahora también se tiene que poder desafiar la nueva “ley mordaza” y demás instrumentos legales de la represión totalitaria.
La desmoralización, la resignación o la inercia no deben ser una opción ante el avance y recrudecimiento de la represión de la dictadura. Además de denunciar vigorosamente, dentro y fuera del país, las violaciones a las libertades y derechos humanos por medio de la “ley mordaza” y otras de su mismo género, también hay que burlar la censura aprendiendo de la experiencia internacional y la propia, pidiendo ayuda y consejos a los organismos internacionales de prensa y periodistas.
Hasta en las peores dictaduras totalitarias, comunistas estalinistas y nazifascistas, se ha podido burlar la censura y seguir luchando por la libertad a pesar de la cruda represión. Ahora no tiene por qué haber excepción.
