La Ley Especial de Ciberdelitos, denominada “Ley Mordaza” porque criminaliza la libertad de expresión en las redes sociales, fue publicada este viernes 30 de octubre en La Gaceta, diario oficial. De esta forma comienza la cuenta regresiva para su entrada en vigencia en 60 días, como ordena el artículo 48 de esa Ley número 1042.
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El pasado martes 27 de octubre, los 70 diputados orteguistas que dominan la Asamblea Nacional aprobaron esta Ley que establece penas que oscilan entre uno hasta 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos, entre estos las publicaciones de crítica, oposición al régimen de Daniel Ortega y también criminaliza la divulgación de información de interés público que el régimen quiere ocultar.
Aunque la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, aplastaron las protestas civiles en las calles a punta de represión armada de la Policía Orteguista (PO) y sus simpatizantes, no han podido detener las manifestaciones de crítica y protesta en las redes sociales y en los medios de comunicación. La Ley Mordaza vendría a ser la respuesta represiva del régimen, para callar a los opositores en los espacios virtuales.
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El artículo 48 de la Ley dejó establecido que “entrará en vigencia 60 días después de su publicación en La Gaceta Diario Oficial”, lo que ocurrió hoy.
El abogado y analista político, Eliseo Núñez Morales, valoró que haberla aprobado con un margen de tiempo para su entrada en vigencia, es “para darle una imagen propia de las leyes altamente técnicas que requieren vacatio legis por la complejidad de su implementación”.
Los críticos han valorado que la ley de Ciberdelito se complementa con la Ley de Agentes Extranjeros, que tiene la pretensión de controlar las operaciones financieras y las actividades que realicen asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras, para supuestamente “poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua”.
La Ley Mordaza también llegó en momentos que está en proceso una reforma parcial a la Constitución Política para aplicar la pena de cadena perpetua en Nicaragua, dirigida a los opositores, como el mismo Ortega lo dijo el pasado 15 de septiembre.
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