Los diputados orteguistas Wilfredo Navarro y Carlos Emilio López admitieron que el combo de leyes que instaurarán la censura, espionaje financiero y la cadena perpetua en Nicaragua, responden al interés de la dictadura para acabar con las «calumnias» y la incitación a actos de violencia de aquellos sectores, que según el régimen, promovieron las protestas sociales de 2018, que la dictadura califica como » un golpe de Estado fallido».
Navarro, segundo secretario de la Asamblea Nacional, descalificó las críticas que la población y diversos sectores de la sociedad hacen a la Ley especial del Ciberdelito, referidas a que bloqueará el derecho de las personas a expresarse con libertad en las redes sociales, así como censurar al periodismo crítico.
El parlamentario orteguista reconoció que ya no quieren publicaciones sobre los abusos de la dictadura, que pretenden disfrazar en la ley como «noticias falsas que pueden promover un nivel de zozobra en el país que atentan contra el orden interno».
«Aquí la gente no es absoluta, se tiene que responder ante la ley», dijo Navarro sobre la polémica.
Impulsada por diputados de la dictadura
La bancada sandinista de 70 diputados impulsan los anteproyectos de Ley del Ciberdelito y de la Ley de Regulación a los Agentes Extranjeros, conocida como «Ley Putin», con las que se reforzaría el sistema totalitario del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con el ciberdelito se penalizarán de uno a ocho años los tipos de crímenes como las «publicaciones falsas que generen zozobra, violencia, las filtraciones de informaciones de entidades públicas» entre otros.
Reclamos por abusos en ley es visto como «campaña de desprestigio»
Para el orteguista Navarro se trata de «una campaña de desprestigio» de los sectores opositores, que se señale que se viola el derecho a la libre expresión y de información otorgados a los ciudadanos en la Constitución.
«La libertad de expresión no se está coartando, pero si inventas delitos o atentas contra las leyes te tienen que sancionar. El problema es que los golpistas y los medios de la derecha (independientes) no entienden que la libertad de prensa no es facultad de injuriar y calumniar», dijo Navarro.
Opositores, defensores de derechos humanos y asociaciones de periodistas denunciaron esa ley como el intento del régimen de instaurar una total censura ciudadana y acabar con el ciberactivismo para que la población no publique videos u otras informaciones sobre los abusos de los funcionarios y seguidores orteguistas.
Intentan convencer que ONG lleguen a legitimar «Ley Putin»
Después del primer día de la consulta al proyecto de «Ley de Regulación de Agentes Extranjeros», conocida como «Ley Putin», el presidente de la Comisión Económica, el orteguista Wálmaro Gutiérrez, arremetió en contra los críticos diciendo que «es completamente falso» que se pretenda usarla para inhibir políticamente a opositores como potenciales candidatos en las eventuales elecciones del 2021.
La posición del legislador orteguista es que Nicaragua solo está reforzando su sistema legal igual que lo tiene países como Estados Unidos, en América Latina y la Unión Europea, «que tiene como objetivo regular el radio de acción» de la persona que «se va a dedicar de manera habitual o esporádica, a desarrollar una labor de agentes extranjeros, desarrollando representanción de intereses lícitos de otros gobiernos, de entidades no gubernamentales extranjeras» en el país.
Oficialmente Gutiérrez solo invitó a expresar sus opiniones sobre la iniciativa a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) quienes asistieron este 29 de septiembre, pero como estaba previsto fue para avalar las pretensiones de la dictadura. El próximo jueves 1 de octubre, se esperan en la Comisión Económica a los delegados de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central de Nicaragua (BCN) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En un aparente cambio de posición, Gutiérrez anunció que «el proceso de consulta es público y abierto, por lo tanto cualquier agente económico y social interesado en participar tiene las puertas abiertas, en tanto formalice de manera oficial su solicitud».
La diputada liberal y exministra de Comercio, Azucena Castillo, valoró como intento de legitimar la «Ley Putin» el que se llame ahora a participar en la consulta a las ONG, empresarios y otros sectores que la han señalado como una amenaza confiscatoria, inconstitucional y violatoria a las libertades.
Castillo explicó que los funcionarios que asistieron este martes «eran técnicos» de las instituciones, donde lo único que se pidió fue mejorar la redacción del articulado sobre las actividades que quedan exentas de registrar sus movimientos financieros, cooperantes y uso de los fondos en el Ministerio de Gobernación. Castillo dijo que fueron los delegados del Mific «quienes hicieron ver que en las excepciones las inversiones, exportaciones y negocios sujetos en los tratados comerciales firmados por Nicaragua, deben quedar claramente expresados en el resto de la ley, porque a como está escrito hay vacíos».
Carlos Emilio López confirma que buscan reformar Constitución
El paquete de leyes represivas incluye instaurar la cadena perpetua por » crímenes de odio». Carlos Emilio López diputado orteguista, confirmó que será reformada parcialmente la Constitución Política de Nicaragua para eliminar el articulado que establece que la pena máxima es de 30 años.
López dijo que la Corte Suprema de Justicia está finalizando la propuesta para que los diputados procedan reformar la Carta Magna, proceso que requerirá sea en dos legislaturas, es decir una vez en este año y una segunda ocasión en el 2021, para que sea válido.
El argumento de López fue que se deben reforzar todo el sistema penal ante el aumento de la violencia hacia las mujeres, pero también contra quienes «queman personas» y cometen otros tipos de delitos atroces. Además, dijo, que en países como Estados Unidos y varios de África y otras regiones el sistema penal establece la cadena perpetua. » Nicaragua no será la excepción en tener la máxima sanción penal que se imponga a quienes cometan crímenes de odio», afirmó López.
