Los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional aprobaron con 70 votos la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza porque criminaliza las publicaciones en las redes sociales y los medios de comunicación como delitos contra la “seguridad del Estado”, con penas que oscilan entre uno hasta 10 años de cárcel. Esta Ley entrará en vigencia 60 días después de su publicación en La Gaceta Diario Oficial, lo cual quedó establecido en artículo 48.
Los 14 diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), minoría en el parlamento, votaron en contra. Mediante un voto razonado, el PLC declaró ante el pleno su “oposición a la totalidad de cualquier iniciativa que vaya en detrimento de los derechos inalienables del pueblo”. Al final, la Ley tuvo 16 votos en contra y cuatro abstenciones.
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La Ley Mordaza establece de uno hasta 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos, entre estos las publicaciones en las plataformas digitales y en los medios de comunicación que para la dictadura amenacen la sostenibilidad del sistema totalitario.
Con esa ley, la Policía Orteguista (PO), Telcor y la Fiscalía podrán intervenir los sistemas informáticos de las empresas, organizaciones y medios de comunicación, así como decomisar la base de datos y acceder a la información de celulares, computadoras y cualquier equipo tecnológico con la excusa de que se investiga un ciberdelito.
La Ley aprobada manifiesta tener el objetivo de “prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes”.
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Se perseguirán a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicio al públicos, así como a bancos, aseguradoras y el resto del sistema financiero. La pena de cárcel será de uno a cuatro años.
El jefe de la bancada del PLC, diputado Maximino Rodríguez, dijo que en un país sin Estado de derecho como Nicaragua, “las normas se tuercen para castigar a las personas que critican al Ejecutivo”, por eso votaron en contra.
“En este momento lo que hace el régimen sandinista es promover el miedo, para que los nicaragüenses se desconecten y dejen de participar en esta revolución tecnológica. Hay otros individuos que van a poder superar cualquier técnica, cualquier servicio de inteligencia y contra inteligencia, para hacer sus fechorías, pero esta iniciativa tiene nombre y apellido: es para reprimir a quienes consideren que el gobierno está yendo por un camino equivocado”, expresó Rodríguez en el debate previo a la votación.
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Particularmente, los diputados del PLC rechazaron el artículo 30 la Ley aprobada, por establecer delito “la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación”, lo que para los críticos amenaza el ejercicio del periodismo.
“Quien usando las tecnologías de la información y de la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se pondrá pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días de multa”, reza ese artículo.
Los diputados sandinistas dejaron ver su preocupación pos los hackeos a las páginas gubernamentales. El régimen ha sufrido la filtración de documentos que han revelado, por ejemplo, planillas de ministerios con supernumerario de empleados y megasalarios. También por medio de estas filtraciones fueron revelados a la población los informes del Ministerio de Salud (Minsa) sobre la situación de la pandemia del coronavirus, cuyo contenido expuso la mentira de la dictadura sobre un bajo contagio en el país.
Parlamento Europeo advirtió sanciones
El pasado 8 de octubre, los diputados del Parlamento Europeo (PE) aprobaron una Resolución sobre Nicaragua que advirtió que en caso de que se aprobarán las leyes en trámite en la Asamblea Nacional, entre estas la Ley Mordaza y la Ley de Agentes Extranjeros, piden al Consejo que amplíe la lista de personas y entidades que serán sancionadas, incluidos el presidente y el vicepresidente, y que coordine la respuesta con países de ideas afines..