CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.La Ley especial del Ciberdelito otorga poder al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) para ordenar a cualquier empresa, asociación, medios de comunicación o cualquier otra entidad, mantener “congelados” hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos, a la cual podrá acceder el personal del ente regulador cuando haya investigaciones por supuestos delitos establecidos en la ley, como el de “noticias falsas”. Además, la Policía Orteguista (PO) y la Fiscalía podrán intervenir e incautar los equipos de almacenamiento de datos informáticos, también cuando haya casos de “ciberdelitos”.
Especialistas en temas de telecomunicaciones advirtieron que esta Ley junto con el Decreto de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC) emitido por el régimen, suponen un alto riesgo para la confidencialidad de los datos personales de quienes tienen un teléfono, computadora, cuentas en redes sociales o utilizan cualquier medio de comunicación electrónica porque dichas normativas facultan al personal de Telcor poder “espiar” dichos sistemas.
Guillermo Medrano, coordinador de programas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), dijo que la Ley Especial del Ciberdelito, denominada por los críticos como “Ley del Bozal o Ley Mordaza”, tiene como única intención censurar a toda persona, sea natural o jurídica, que intente criticar o denunciar casos de violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La dictadura orteguista instaurará el control total de las comunicaciones en Nicaragua, lo que ha sido condenado y rechazado por el gremio periodístico, organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión, sector privado y la comunidad internacional. El país está rumbo a experimentar niveles de censura como en Cuba o Corea del Norte.
Medrano, de la FVBCH, señaló que el texto del proyecto de la “Ley Mordaza” tiene definiciones discrecionales y ambiguas, que la dictadura puso a conveniencia para tener “un efecto jurídico sin precedentes”.
Ley con nombre y apellido
“¿Quién definirá qué es información falsa o información real? ¿Quién define el temor y los tipos de temores? ¿Quién define qué es zozobra? Todas esas discrecionalidades te llevan a entender que la ley tiene nombre y apellido”, cuestionó Medrano.
El régimen de Ortega y Murillo criminaliza las publicaciones en redes sociales y en los medios de comunicación como delitos “contra la seguridad del Estado”, con penas de dos a diez años de cárcel, los que podrán aumentarse (de seis a tres años más) según el nivel de crímenes establecido en la “Ley Mordaza” que se le atribuya haber cometido a la persona y por el que sea sentenciada.
Lea también: SIP preocupada por embargo contra Canal 12 y proyectos de leyes represivas del régimen
Podrán intervenir todo
En los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del anteproyecto legislativo se establece el procedimiento, medidas cautelares y procesales para que la Policía, la Fiscalía y Telcor “incauten” y “aseguren” los datos contenidos en sistemas informáticos que contengan la información que sea de “utilidad” en una investigación de ciberdelitos.
Aunque la iniciativa establece que se requerirá una autorización de un juez de Distrito Penal para proceder, el artículo 37 permitirá que la Policía y el Ministerio Público “actúen con la celeridad requerida para conservar los datos contenidos en un sistema de información o sus componentes, o los datos de tráfico del sistema, cuando estos sean vulnerables a su pérdida o modificación”.
Los articulados dan poder a las tres entidades represoras de acceder a cualquiera de los componentes de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones, secuestrarlos, copiar esos datos, la información de los usuarios, así como “hacer inaccesible o remover el contenido de un sistema de información” vinculado a un caso de ciberdelito, todo con autorización judicial.
Especialistas en telecomunicaciones, que prefirieron no ser citados, explicaron que la “Ley Mordaza” abre la vía para que Telcor pueda intervenir los sistemas de los medios de comunicación, sin tener presencia física de funcionarios, pues solo bastará con que se instalen programas para acceder a toda la información.
De esa forma, con el supuesto de tener un caso de “noticias falsas” se espiaría la red de comunicaciones de periodistas y del resto de personal del medio de comunicación. De esta manera el régimen violenta los derechos constitucionales al ejercicio libre del periodismo, y de las personas de acceder a información, así como de expresarse con libertad.
El inciso 12 del artículo 39 de la “Ley Mordaza” refiere que un juez penal podrá ordenar “realizar la intervención o interceptación de las telecomunicaciones en tiempo real”, conforme el procedimiento contemplado en la Ley de prevención del crimen organizado, 735. De esta forma las publicaciones de los ciudadanos en las redes sociales y de los periodistas en los medios de comunicación serán perseguidas como acciones de alta peligrosidad, al nivel de narcotraficantes.
Puede interesarle: Dictadura presenta iniciativa de ley que busca criminalizar publicaciones en redes sociales y medios de comunicación
Acabar con periodismo de investigación
“Es una equivocación si se cree que esta ley solamente perjudica a los periodistas y a los medios de comunicación. Según esta ley, cualquier ciudadano que utilice internet puede ser llevado a la cárcel”, sentenció Medrano, de la Fundación Violeta Barrios.
La dictadura de Ortega y Murillo impusieron el modelo de censura desde 2007 que retomaron el Gobierno, ya que ningún periodista independiente accede a conferencias en ministerios y poderes del Estado, y tampoco a eventos partidarios del orteguismo donde participa la pareja presidencial. Se niega información pública cuando se solicita con base en la Ley de Acceso a la Información, la que fue aprobada a comienzos de la dictadura.
Medrano dijo que “si esta perversa ley se aprueba, los periodistas no podrán hacer periodismo investigativo”. Por ejemplo, dijo, ni siquiera podrán investigar los tipos de flora y fauna en el departamento de Masaya, porque si la información no la genera el Marena, sino que te la da un especialista ambiental, se puede denunciar al periodista que está dando una información falsa. “Esta ley desincentiva el periodismo colaborativo, ahuyenta a las fuentes y expertos independientes porque no querrán, siquiera podrán opinar sobre el cambio climático, porque podrían ser llevados a la cárcel por no utilizar los datos oficiales que da Ineter”, planteó el especialista.
Forma equivocada
La jurista y catedrática María Asunción Moreno refirió que el término de ciberdelitos se incorporará por primera vez en el ordenamiento jurídico de Nicaragua, sobre las actividades delictivas mediante equipos informáticos o a través de internet. Los ciberdelitos más conocidos son ciberacoso, grooming, suplantación de identidad, sexting, pornografía infantil, derechos de propiedad intelectual y/o industrial, el fraude, entre otros.
Moreno señaló que aunque en la legislación vigente hay vacíos legales sobre esos tipo de delitos, “pero la forma en que se está proponiendo y dentro del contexto sociopolítico que vivimos”, y más aún con el Decreto de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, “nos pone ante el riesgo de criminalización de muchas conductas que podrían utilizarse para callar a la voz disidente que exige libertad”.
La jurista Moreno señaló que la regulación en el artículo 30 relacionada con las “noticias falsas”, “se trata de una propuesta inconstitucional que pretende de alguna manera controlar los medios de comunicación”, porque se criminaliza “el ejercicio de la comunicación y coartando el derecho a la información que tenemos todos los nicaragüenses reconocidos en el artículo 66 de la Constitución”.
Con todo esto, según los expertos, el Estado de Nicaragua estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos.