La organización opositora Alianza Cívica valoró que la iniciativa de Ley Especial del Ciberdelito, que ha sido calificada por los críticos como Ley Mordaza, podría atentar contra las expresiones de parodias y sátiras, debido a que no establece criterios de aplicación para castigar la suplantación y apoderamiento de la identidad informática, sabiendo que en estos tiempos los jóvenes usan otras identidades y se burlan de los políticos y personajes públicos a través de las redes sociales.
En un posicionamiento publicado este domingo 4 de octubre, la Alianza Cívica manifiesta que le llamó la atención, particularmente, el castigo que establecerá para las conductas de “suplantación y apoderamiento de la identidad informática de una persona natural o jurídica por medio de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)”.
“Penas draconianas”
El problema con esto, según la Alianza Cívica, es que no establece “cuáles son los criterios a tener en cuenta en esa suplantación, lo que puede dar lugar a que se criminalice la parodia y la sátira, expresiones constitucionalmente protegidas”. También la Alianza observó que la iniciativa criminaliza al que “publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra a la población, a un grupo o sector o a una persona o su familia, delitos para los cuales se prevén penas draconianas”.
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Los opositores manifestaron que “la forma en que están redactados estos delitos resulta alarmante, debido al uso de términos amplios, vagos, imprecisos y ambiguos para penalizar expresiones de interés público; la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público; y la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos”.
La Alianza señala que todos esos aspectos ya han sido cuestionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al referirse a leyes similares aprobadas en países como Cuba y Venezuela.
Los opositores valoraron que la iniciativa de Ciberdelito constituye “un instrumento arbitrario y de represión para atacar la libertad individual, promover la intolerancia y limitar los derechos y libertades ciudadanas al tipificarse delitos relacionados con la apología e incitación al odio y a la violencia y la publicación y divulgación de noticias falsas y/o tergiversada a través del uso de tecnologías de la comunicación”.
También “constituye una propuesta inconstitucional que vulnera derechos fundamentales de los nicaragüenses, recurriendo al Derecho Penal como mecanismo de coacción para recetar multas, cárcel e intervención de bienes y activos e impedir el ejercicio de derechos como: la privacidad, la protección de datos personales, el honor de las personas, y las libertades de expresión e información, las cuales son pilares fundamentales para la coexistencia social y democrática.
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Radicalización de la represión
La Alianza determina que la ley de Ciberdelito se complementa con la iniciativa de Agentes Extranjeros, que tiene la pretensión de controlar las operaciones financieras y las actividades que realicen asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras, para supuestamente “poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua”; y con la tentativa de aprobar la pena de cadena perpetua en Nicaragua, dirigida a los opositores, como el mismo Ortega lo dijo el pasado 15 de septiembre.
“La aplicación de esta Ley Mordaza, en conjunto con el establecimiento de la cadena perpetua y la Ley de Agentes Extranjeros, son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por una dictadura cada vez más represiva y violatoria de los derechos de los nicaragüenses. Es por ello que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia hace un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a rechazar este nuevo intento de violentar los derechos constitucionales y las libertades públicas de los nicaragüenses”, valora la organización opositora.
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La Alianza Cívica advirtió que “una vez aprobada esta Ley, los operadores del Sistema de Justicia (policía, fiscales y jueces), podrán investigar, perseguir y sancionar con penas hasta de ocho años de prisión a quienes realicen publicaciones en medios de comunicación o redes sociales, que sean categorizadas como delitos contra la “seguridad del Estado”.
La iniciativa fue presentada el pasado lunes 28 de septiembre ante la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, firmada por los 70 diputados del régimen orteguista, que son mayoría en el Parlamento y aprueban todo lo que quieren sin oposición.
El régimen de Daniel Ortega ha tenido filtración de documentos por parte de hakers informáticos que han revelado, por ejemplo, planillas de ministerios con supernumerario de empleados y megasalarios. También por medio de estas filtraciones fue revelado a la población los informes del Ministerio de Salud (Minsa) sobre la situación de la pandemia del Covid-19, cuyo contenido expuso la mentira de la dictadura sobre un bajo contagio en el país. Esto podría haber motivado al orteguismo a impulsar este marco legal, para perseguir a quienes actúan para revelar.
