La mayoría de los gobiernos miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) elevó el tono al dictador Daniel Ortega al aprobar una resolución en la que exigen “la libertad incondicional de todos los presos” políticos “antes del 18 de junio próximo”, advirtiendo que la paciencia se les acabó, por lo que el siguiente paso podría ser la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
En la sesión extraordinaria de este 21 de mayo, el organismo hemisférico abordó una vez más la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua, siendo aprobada una resolución por veinte de los 35 países miembros. En el documento exigieron, de nuevo, el respeto a los derechos humanos, dar curso a las medidas institucionales necesarias para las reformas electorales que permitan comicios “libres, justos, transparentes y legítimos, de conformidad con los estándares internacionales”.
Las demandas de la OEA
La OEA demandó a Ortega permitir el reingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluido el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), garantizar la libertad de expresión y de prensa, permitir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, cesar las detenciones arbitrarias, y “garantizar el regreso y permanencia seguros, sin represalias”, de los exiliados.
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El 18 de junio se cumple el plazo máximo de noventa días acordado entre la opositora Alianza Cívica (AC) y el régimen de Ortega para que sean liberados todas las personas que fueron detenidas ilegalmente por participar en las protestas que estallaron desde abril del 2018.
Pero la OEA demandó la liberación antes de que se cumpla el plazo acordado, como muestra real de que Ortega está interesado en una salida pacífica a la crisis sociopolítica causada por la represión de su Policía y paramilitares a la población.
Excarcelados, no libres
La dictadura orteguista mediante un comunicado afirmó ayer que ha excarcelado a 336 presos políticos y quedan pendientes otros 132. Sin embargo, no están libres porque se les mantiene las medidas cautelares de casa por cárcel.
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No obstante, en las listas del Comité Pro Liberación de Presos Políticos y la Alianza Cívica son unos 779 los protestantes, porque hay decenas a los que se les atribuye delitos comunes y otro gran número con órdenes de detención están exiliados o en casas de seguridad, que la oposición demanda se les anule las causas.
Embajadores exigen investigar muerte de Montes
Varios embajadores como el de Chile, Colombia, Argentina, Ecuador y Costa Rica apoyaron la condena de EE. UU. por la muerte del preso político Eddy Montes Praslin, y exigieron una investigación independiente con la participación de organismos internacionales que esclarezcan su asesinato.
Montes Praslin, quien era ciudadano estadounidense, fue asesinado por balas el pasado 16 de mayo durante un ataque de custodios y antimotines en la galería 16-1, en la cárcel conocida como La Modelo, en el municipio de Tipitapa, Nicaragua.
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A pesar de ello, el régimen, a través de su vicecanciller Valdrack Jaentschke, mantuvo la versión del Ministerio de Gobernación de que Montes “murió porque se avalanzó sobre un custodio” del Sistema Penitenciario en un amotinamiento. El funcionario dijo que en el suceso resultaron heridos 21 funcionarios del penal, pero no mencionó que producto del ataque hay más de noventa presos políticos heridos, según han denunciado sus familiares, abogados y organismos de derechos humanos.
Tampoco explicó cómo resultaron heridos los funcionarios, si estos protegidos por antimotines dispararon desde cierta distancia a los presos políticos.
Paciencia no es infinita
Alexis Ludwig, representante permanente adjunto de Estados Unidos (EE. UU.) en el organismo continental, expresó en la sesión que “la paciencia de la OEA no puede ser infinita”, al reclamar que a pesar de las oportunidades dadas al régimen de Ortega para que llegue a una salida pacífica a la crisis con la opositora Alianza Cívica, el dictador ha usado el diálogo para burlarse de la comunidad internacional y mantenerse en el poder.
“La OEA debe aumentar la presión diplomática para que el gobierno de Ortega sea sincero con el diálogo”, aseveró Ludwig.
En ese mismo tono la representante permanente de Costa Rica, Montserrat Solano, expresó que el organismo “ha sido demasiado paciente” con Ortega, quien solo busca ganar tiempo con el diálogo para mantenerse en el poder. “Esta organización no puede quedarse impávida”, cuestionó Solano.
En su intervención la embajadora de Canadá, Jennifer Loten, explicó que la resolución del Consejo Permanente era congruente con los compromisos de la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y la dictadura orteguista, pero hizo énfasis en que la comunidad internacional reclama el cumplimiento de los mismos, así como un acuerdo final sobre la ruta institucional que ponga fin a la crisis en Nicaragua.
Acuerdo antes de Asamblea General de OEA
Loten refirió que “el objetivo es tener un acuerdo antes de la Asamblea General” de la OEA, prevista del 26 al 28 de junio próximo, cuando los cancilleres del hemisferio se reunirán. Dejó a entrever la embajadora que en esa oportunidad podría ser aplicada la Carta Democrática al gobierno de Ortega, lo que supondría su suspensión del organismo.
Los delegados de Chile, Costa Rica y Argentina hicieron la misma advertencia, recordando que el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para aplicarlo al gobierno nicaragüense está en marcha.
Hernán Salinas Burgo, embajador de Chile ante la OEA, expuso que tras un año de iniciada la represión por parte del régimen orteguista “las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no cesan”, y como “no son alentadores” los avances de las negociaciones, dijo que “el proceso de aplicación de la Carta Democrática se encuentra en desarrollo”.
La embajadora de Argentina, Paula María Bertol, aseguró que “hay hechos que nos hacen dudar” de que Ortega quiera solucionar la crisis.
“Siguen las torturas a los presos, hay audios, testimonios, fotos, estamos en el siglo XXI y es fácil enterarnos qué es lo que pasa” en Nicaragua.
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Bertol afirmó que en la OEA “necesitamos que el gobierno nicaragüense haga movimientos creíbles, concretos e inmediatos en beneficio de su pueblo”, que pasan por respetar las garantías fundamentales y los derechos humanos.
El jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Gonzalo Koncke, fue otro que advirtió que “los mecanismos interamericanos están activados para la restitución del estado de derecho y de los derechos humanos en Nicaragua”.
Koncke expresó que es necesario que “progresen” los trabajos de reformas electorales en Nicaragua “para poder tener elecciones justas, transparentes, con estándares de observación internacional”.
Los votos a favor y en contra de resolución
Los veinte votos a favor de la resolución fueron de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay y Venezuela.
Votaron en contra Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Suriname. Las abstenciones fueron de Barbados, Belice, Bolivia, Dominica, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica y San Cristóbal y Nieves. Trinidad y Tobago estuvo ausente.
La votación de este martes del Consejo Permanente reflejó lo solo que está el dictador Daniel Ortega. Sin embargo, su enviado a la sesión, el vicecanciller Valdrack Jaentschke, repitió el guion del régimen de que la postura de la OEA es “un acto más de intervencionismo”.