Un grupo de abogados independientes y abogadas defensoras de presos políticos propusieron este martes una serie de estrategias jurídicas como mecanismos para liberar de forma definitiva a estos reos, sin peligro de que vuelvan a ser procesados por estos delitos.
Entre estas figuras legales están la sentencia de sobreseimiento por falta de prueba, sentencia revocatoria con sobreseimiento, sentencia absolutoria y acción de revisión para quienes tienen sentencias de culpabilidad firmes, según el estado en que se encuentre cada caso. Estas corresponden aplicarlas al poder judicial, Fiscalía y defensas.
La otra figura legal que proponen los juristas es el desistimiento de denuncia por falta de prueba o por no participar en los hechos. Esto le corresponde a la Fiscalía y a la Policía, solamente, pues están en la parte investigativa.
El tiempo estimado para aplicar estas medidas es de 15 días, si hay voluntad política de las instituciones del Estado, afirmaron los abogados.
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Elaboradas de acuerdo con negociaciones firmadas
La abogada Aura Alarcón explicó que estas figuras son seguras, legales, rápidas y conforme al ordenamiento jurídico nicaragüense, a como pidieron las autoridades del gobierno en la Mesa del Diálogo, y que únicamente requieren la voluntad política del Gobierno.
“Son soluciones jurídicas específicas que favorecen el cierre definitivo de los procesos penales que se desarrollan en contra de las personas que participaron en las protestas sociales iniciadas en abril, conforme a lo establecido en el acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad firmado en la mesa de negociación el 27 de marzo”, detalló Alarcón.
Los padres y las madres de autoconvocados mostraron su preocupación por quiénes van a garantizar y supervisar la aplicación de estas figuras legales. Así también, cómo se hará con los presos políticos acusados por delitos comunes y con los que excarcelan y vuelven a apresar por supuestos delitos comunes.
El abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), les explicó que se necesita voluntad política y que estudiarán cada expediente judicial.
El abogado Arnulfo López entregó el documento de las rutas legales a miembros de la Alianza Cívica, entre ellos Juan Sebastián Chamorro, José Pallais y Azahalea Solís.
Chamorro dijo que presentarán dicha propuesta en la mesa de negociación. En el mismo sentido, Solís agregó que la propuesta se llevará a la Mesa de Diálogo para que ningún preso por sus ideas salga con amnistía, como si fuera un paramilitar, “sino que su nombre quede limpio, como siempre ha estado”.
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Respecto a la duda de los padres de hijos acusados por delitos comunes, Solís añadió que a la lista de presos políticos se han agregado quienes tienen acusaciones por delitos comunes y se han aportado las pruebas en cada caso.
En el documento los abogados también establecen criterios para la identificación de una persona presa política, entre estos haber participado en una marcha, plantón u otras manifestaciones organizadas por la sociedad civil, haber participado en los tranques, haber brindado ayuda a los manifestantes, usar redes sociales como medios de denuncias, haber dado declaraciones públicas a favor de las protestas, haber sufrido amenaza o asedios, entre otros.