La sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.) al magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, implica el bloqueo de los bienes del funcionario, pero también obliga al sistema financiero a investigar a toda persona que sea beneficiada en cualquier negocio, así como las sociedades vinculadas a Rivas.
Ese alcance de la sanción conforme la Ley Global Magnitsky, la explicó la portavoz de la embajada de los Estados Unidos en Managua, Nicole Finnemann, al responder las consultas de LA PRENSA.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. informó la semana pasada que incorporó al magistrado presidente del CSE, Roberto Rivas, como parte de un grupo de 13 personas extranjeras señaladas como violadores de derechos humanos y a funcionarios asociados a casos de corrupción. Al magistrado Rivas se le señala de “acumular una riqueza personal” que incluye yates y aviones privados, a pesar de que su sueldo sería de unos 60,000 dólares al año. También a Rivas se le señala de perpetuar fraudes electorales para favorecer al partido gobernante del presidente designado por el CSE, Daniel Ortega.
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La sanción impuesta se da en el marco de la Ley Global Magnitsky, la cual autoriza al presidente de EE.UU. a cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de las violaciones atribuidas.
Finnemann, portavoz de la embajada de EE.UU., explicó vía correo electrónico que como parte del efecto que tendrán las sanciones está el congelamiento de las propiedades de la persona, además se prohíbe al sistema financiero toda transacción y negocios que directa o indirectamente esté relacionada con el sancionado, en este caso el magistrado Rivas.
“Las transacciones prohibidas incluyen cualquier acción que tome una entidad legal, tal como una empresa perteneciente en un cincuenta por ciento o en un porcentaje mayor, a las personas mencionadas. Las transacciones prohibidas incluyen transacciones comerciales y financieras”, refirió la portavoz de la embajada estadounidense.
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Finnemann llamó la atención sobre que todos los ciudadanos estadounidenses deben cuidarse de no tener ninguna relación o tratos con el sancionado bajo la Ley Magnitsky.
Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) prohíben transacciones que involucren, directa o indirectamente, a una persona sancionada, sin autorización de la OFAC.
“La sanción se aplica aun cuando la persona bloqueada actúe en nombre de una entidad no bloqueada. Por tanto, los ciudadanos estadounidenses deben tener cuidado al realizar negocios con entidades no bloqueadas en las que están involucrados individuos bloqueados/sancionados”, afirmó Finnemann.
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Remarcó la portavoz que los ciudadanos estadounidenses no pueden, por ejemplo, celebrar contratos firmados por un individuo sancionado, como es el caso de Rivas. “No existe un monto mínimo o máximo (de las transacciones financieras) sujeto a las regulaciones”, dijo.
Hijos, esposa y sociedades
Finnemann explicó que ante las sanciones de la OFAC, los sistemas bancarios deben revisar las transacciones de personas que directamente estén relacionadas con Rivas, como sus familiares, así como las sociedades en las que el funcionario esté vinculado.
“Es prudente que las instituciones financieras investiguen a los beneficiarios de las cuentas al momento de abrirlas, al actualizar la información de la cuenta, al realizar el chequeo periódico y, definitivamente, al desembolsar los fondos”, resaltó Finnemann
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La portavoz de la embajada de EE.UU. precisó que los beneficiados de las personas sancionadas bajo la Ley Magnitsky “incluyen, pero no se limitan a fideicomisarios, hijos, cónyuges, no cónyuges, entidades y apoderados legales”.
LA PRENSA ha intentado desde el jueves pasado comunicarse con el magistrado Rivas, pero este no responde a las llamadas ni los mensajes enviados a su teléfono celular.
Sin causa en Costa Rica
En Costa Rica, el magistrado Roberto Rivas, a través de la sociedad Chibilú del Oeste S.A., cuyos socios apoderados generalísimos son Rivas, su esposa —Ileana Delgado Lacayo— y la hija de ambos —Stephanie Josephine—, es dueño de varias casas en una zona donde habitan millonarios. LA PRENSA consultó al Ministerio Público de Costa Rica sobre el caso de Rivas y el Área de Prensa respondió que “no existe causa penal en contra del magistrado” en la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales.
No es sanción al Gobierno
La portavoz de la embajada de los EE.UU. en Managua, Nicole Finnemann, aclaró que los señalamientos de corrupción y violación hacia el magistrado Roberto Rivas “no significa que el Gobierno de Nicaragua también haya sido señalado”. “Las prohibiciones únicamente aplican a las transacciones o tratos con el señor Roberto Rivas, sin embargo, los ciudadanos estadounidenses deben ejercer cautela y asegurarse de no realizar transacciones o tratos, directa o indirectamente, con una persona sancionada”, refirió la funcionaria.
