Para el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, “es lamentable” que sean medidas de presión de gobiernos extranjeros las que obliguen a los sectores de poder en Nicaragua a tomar en serio los problemas que la sociedad civil, la Iglesia católica y grupos políticos han llamado a atender desde hace años.
Monseñor Báez reaccionó de esa manera al avance de la Nica Act en el Senado de los Estados Unidos.
El obispo espera que este hecho haga reaccionar al gobierno del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, a impulsar los cambios demandados en el tema institucional por los diversos sectores para evitar la aprobación final de esa ley que afectaría la economía del país.
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“Como nicaragüense realmente me siento apenado de que desde fuera tenga que venir una sentencia de justicia, una llamada de atención, una sanción internacional, como si no fuéramos nosotros capaces de darnos cuenta de los caminos de la injusticia, como si no fuéramos capaces de darnos cuenta del mal de la corrupción”, expresó monseñor Báez.
Las declaraciones las brindó el obispo Báez a LA PRENSA el domingo 24 de diciembre pasado luego de finalizar la misa por Nochebuena en la capilla del Seminario Mayor La Purísima, en Managua.
El jerarca católico criticó la pasividad de la sociedad civil y los grupos de poder para “no darse cuenta del mal que hace el poder autoritario, de lo destructivo que es construir una sociedad sobre la ilegalidad”.
Las claves para entender qué es la Nica Act

LA PRENSA/ JADER FLORES
EE.UU. presiona a Ortega
Estados Unidos incrementó la última semana su presión al régimen del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega.
Primero Estados Unidos externó su preocupación por la violencia política después de las votaciones municipales de noviembre pasado y la falta de investigación de las muertes durante el proceso en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) —el miércoles pasado— cuando se presentó el informe final de los comicios.
Un día después, Roberto Rivas, presidente del CSE, fue sancionado por Estados Unidos a través de la Ley Global Magnitsky que autoriza al presidente estadounidense a cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a funcionarios asociados a casos de corrupción.
Y el viernes siete senadores de Estados Unidos respaldaron la discusión de la iniciativa Nica Act ante el Senado, cuyo objetivo es sancionar al gobierno de Ortega por las violaciones a la democracia y a los derechos humanos.
Se prevé que la Nica Act se apruebe en el primer trimestre del 2018, cuyo efecto sería restringir al Gobierno el acceso de financiamiento de organismos internacionales.
“Lo que está ocurriendo, las sanciones internacionales de distinto tipo que están llegando, a mí no me ha sorprendido, (porque) evidentemente era lo que se podía esperar (por) el camino que ha ido llevando el país y el rumbo que ha tomado estos años”, expresó el obispo Báez.
Sin embargo, el jerarca católico espera que el avance de la Nica Act haga reaccionar desde el Ejecutivo y a los demás sectores políticos a dialogar.
“Hay que crear nuevos vínculos sociales movidos por la esperanza. Nicaragua es capaz de crear vínculos para que quienes tienen el poder y los grupos que no tienen el poder, pero son significativos porque representan a una parte de la población, tienen que encontrarse, hay que crear vínculos entre todos, no descalificarnos, aprender a dialogar y con razones buscar lo mejor y superar los conflictos, recorriendo el camino de la verdad sin aplastar al otro”, externó monseñor Báez.
CEN ha insistido en reformas
La Conferencia Episcopal de Nicaragua en el 2012 y 2014 a través de comunicados cuestiona que el sistema electoral estaba colapsado y urgió un diálogo para salir de la crisis. El presidente Ortega ignoró ese llamado de los obispos.
La OEA avaló las votaciones municipales e informó a través de su Secretaría General que el siguiente paso es la fase de implementación de los acuerdos con el Gobierno de Ortega sobre las reformas del sistema electoral. Ortega se comprometió a realizar cambios al sistema electoral en el 2018.