Ingresar a la llamada “lista negra”, como se le conoce a la lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha significado la muerte financiera para muchas personas, afirmó el periodista investigativo del periódico El Nuevo Herald, Antonio María Delgado.
Delgado explicó que hay diferentes leyes establecidas en Estados Unidos, cuya sanción implica colocar a individuos involucrados en narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, corrupción y violaciones a los derechos humanos, dentro de la lista OFAC.
Ese es el caso de la Global Magnitsky, una Ley destinada a sancionar a personas o entidades involucradas en actos de corrupción o abusos de derechos humanos. Las personas designadas con sanciones a través de la Magnitsky pasan a formar parte de la “lista negra” de la OFAC.
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El viernes la OFAC actualizó la lista con los nuevos ingresos y en la misma aparece la ficha del presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, que enfrenta sanciones del Departamento del Tesoro, designado a través de la Ley Magnitsky.
“Si los activos de esta persona están en el exterior, básicamente pierde acceso a la fortuna”, sostiene Delgado, experto en el tema venezolano y las sanciones que enfrentan funcionarios de ese régimen impuestas por Estados Unidos por narcotráfico y corrupción.
“El dólar es una moneda universal y gran parte de la riqueza es transformada en dólares, si la persona entra a la lista OFAC no va a poder mover dinero, incluso si lo tiene depositado en Alemania o cualquier otro país, porque todas las transacciones en dólares normalmente que se mueven a través del sistema financiero internacional son controlados por el Departamento del Tesoro. Entonces si va a realizar un depósito en euros y quiere transferirlo a otro país en dólares, esa operación podría verse paralizada si una persona está en la lista OFAC”, acotó.
Los testaferros
Las personas involucradas en actos de corrupción utilizan testaferros, amigos o familiares, para encubrir los delitos y evitar perder los bienes. Sin embargo, eso no significa que no se puedan recuperar los bienes obtenidos de manera ilícita.
“Eso tendría que ser sujeto de investigación, pero no hay garantías que se realice, si se trata de personas (los testaferros) que están en Estados Unidos, están violando la Ley. Si eso ocurre, esas personas podrían ser castigadas porque están violando la Ley, pero estaría sujeto a demostrar que esos bienes tienen procedencia de la persona sancionada”, dijo el periodista.
Delgado afirmó que las autoridades en Estados Unidos tienen capacidad para investigar los bienes transferidos a testaferros, tiene gente especializada que le sigue el rastro a las personas involucradas en corrupción.
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Una fuente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que comentó en condición de anonimato, dijo que el Congreso tiene suficientes evidencias para haber incluido en las sanciones al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. “Hay información que se puede conocer, hay otra que es clasificada”, acotó.
“Es imposible que Estados Unidos pueda eliminar la corrupción en Nicaragua y es un asunto a resolver por los nicaragüenses, pero no lo van a hacer con dinero de los contribuyentes estadounidenses, no lo van a hacer con acceso a nuestro sistema, no nos estamos metiendo en los asuntos de Nicaragua, eso no es verdad, lo que estamos diciendo es que no van a cometer actos de corrupción con el respaldo nuestro ni van a tener acceso a nuestro país”, dijo la fuente.
Dos consecuencias inmediatas
La fuente explicó que la designación de Rivas tiene a lo inmediato dos consecuencias: uno, pone los focos sobre lo que está sucediendo en Nicaragua (corrupción, violación a los derechos humanos y pérdida de espacios democráticos); dos, para Rivas cualquier fondo o bienes que posea en Estados Unidos están congelados. Cualquier banco que tiene relaciones con Estados Unidos tiene que congelar las cuentas de Rivas en cualquier parte del mundo.
Rivas sin demandas en EE.UU.
Roberto Rivas no enfrenta demandas en Estados Unidos, la demanda que se conoce es la interpuesta en una Corte del Condado Miami Dade, por los hermanos Mario y Salvador Chow, en agosto del 2011, contra la compañía ACE AEI Inc. Esta compañía era propietaria de unos de los jet privados en que se movilizaba el magistrado del CSE. La presidenta de la Sociedad Anónima es la hija del magistrado de facto, Stephanie Rivas Delgado, que en el tiempo de la demanda tenía 22 años.
Ese avión fue comprado por Rivas con un préstamo realizado por los hermanos Chow en 2008; a cambio, existía la promesa de que el CSE pagaría todas las deudas que tenía con las empresas contratistas de los Chow.
Rivas, según investigaciones periodísticas, se compró tres aviones en un período de tres años, desde la llegada al poder del presidente designado Daniel Ortega, en el 2007.
