Es desalentador ver hacia donde lleva al país el dictador Daniel Ortega Saavedra junto a su séquito, manipulando a su base política que tiene muchas necesidades básicas a consecuencia del desempleo, y además, sin esperanzas en un futuro mejor. El régimen de Ortega cada vez más moldea la categoría de un gobierno cleptócratas que sólo hace mucho daño a una nación completa.
Es desesperanzador ver cómo Nicaragua está retrocediendo nuevamente por las ambiciones de poder de un hombre al frente de un partido, inspirado en las mentalidades déspotas de dictadores de otros tiempos y de actuales como el venezolano Hugo Rafael Chávez Frías.
¿Qué futuro le puede ofrecer un dictador como Ortega a los niños que están formándose en la primaria y secundaria, así como a los jóvenes en la universidad? Sobre esto debe reflexionar toda la nación, especialmente los seguidores de Ortega, pues él, su familia y sus más allegados están amasando fortunas mientras a la gente pobre le miente brutalmente.
Este gobierno orteguista (no sandinista) se ha caracterizado por delinquir para gobernar. Lo viene haciendo desde el 2008 cuando ejecutó el latrocinio de los resultados electorales municipales, y para legitimar la obtención del poder en los gobiernos municipales, soltó a sus huestes para desatar violencia contra los verdaderos ganadores.
En cada institución de los distintos poderes del Estado tiene instauradas a personas fieles a sus mandatos ideológicos que le garantizan mantener su dictadura en detrimento de los principios que rigen el Estado de Derecho y la democracia en una sociedad civilizada. Quienes preservan el poder a Ortega están en la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Sistema Penitenciario Nacional (SPN), Contraloría General de la República (CGR), Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República (PGR), Consejo Supremo Electoral (CSE), Poder Judicial y parte de la Asamblea Nacional.
Ahora, a cualquier costo, quiere mantener de facto a los abogados Rafael Solís Cerda y Armengol Cuadra, quienes ya no son magistrados desde el pasado 11 de abril. Las partes en conflicto no deben alegrarse por los resultados en las audiencias que hacen en la Sala Panal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque dichos actos están plagados de nulidades.
Ortega, como siempre, siembra el terror y el caos. Lo hizo en la década del ochenta manu militari y lo hace ahora a través de los poderes que le dan las instituciones del Estado. Abusa del poder como todo dictador.
Ortega quiere llevar a las familias nicaragüenses a niveles de confrontación similares a la década del ochenta. El problema es que ahora no le será tan fácil y más bien su prepotencia lo llevaría a tocar fondo en Nicaragua y las cosas se le pueden salir de los límites permisibles en un país que ha venido cultivando una cultura democrática después que él desgobernó y mandó a la muerte a miles de jóvenes, dejando una estela de luto para siempre.
Tocar fondo es causar grandes revueltas en las que hay muertos y heridos, es dirigir instituciones con funcionarios de facto, iniciar juicios políticos en los tribunales orteguistas y pretender disolver la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Llegar a eso, sería la torpeza monumental de un enfermo del poder, cuyo costo a pagar es muy alto.
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