Desde que la Policía informó que los conductores sin licencia o con esta vencida podrían ser llevados a la cárcel, las autoridades han detenido a 432 personas
Policía Nacional
Conductores sin licencia o con permisos vencidos abarrotan la sede central de Tránsito en Managua
Las filas en la entrada de la sede central de Tránsito Nacional se extendían hasta una cuadra desde el portón de acceso
¿Por qué el régimen ahora llama ‘sandinista’ a la Policía en Nicaragua?
Desde el año pasado la dictadura emprendió el «retorno a sus orígenes» de la Policía orteguista
Ortega nuevamente se salta los grados para ascender a un comisionado general
El dictador ascendió al comisionado Abel Herrera Castillo, segundo jefe de la División de Antinarcóticos, a comisionado general, saltándose el rango de comisionado mayor
Nicaragua entre los países de Centroamérica con más alertas ante Interpol
Aunque no aparecen opositores en el sitio web de Interpol, criminólogos consultados consideran que puede existir una lista oculta
Policía ha recaudado 34.2 millones de córdobas en multas a conductores ebrios
La Policía ha detenido a 4,802 nicaragüenses por conducir en estado de ebriedad en lo que va del año, pese a esto los accidentes no cesan
Nicaragüenses cumplen seis años sin poder protestar
Organizaciones de derechos humanos consideran que las manifestaciones cívicas son esenciales para la preservación de sociedades democráticas.
Francisco Díaz jura «lealtad» a Ortega y Murillo y al «trabajo ideológico» del FSLN
El primer comisionado de la Policía también refirió que «el trabajo político e ideológico» de las fuerzas policiales es tan importante como el trabajo operativo
“El Chaparro” Acuña, el comisionado que daba la vida por Ortega
El comisionado general Marcos Acuña Avilés dedicó toda su carrera policial a la protección de Daniel Ortega y su familia. Considerado uno de los más leales y hasta confidente del dictador, fue destituido y acusado de insubordinación.
Un acuerdo, impunidad y policías premiados: así quedó la masacre de Las Jagüitas
La Policía presionó a la familia para que llegaran a un acuerdo, pero este no incluía la libertad de los agentes que dispararon 48 balazos en contra de dos niños y su tía de 22 años. El crimen continúa en la impunidad y los sobrevivientes sin poder exigir justicia.
