El 23 de septiembre de 2018 se realizó en Managua la última marcha contra la dictadura Ortega Murillo. Tres días más tarde, la Policía orteguista declaró “ilegales” las manifestaciones pacíficas y el 13 de octubre, estableció que para realizarlas se debería contar con un permiso de la institución, señalada de ser uno de los principales brazos represivos del régimen de Nicaragua.
“Serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”, dice parte de la nota de prensa de la Policía del 28 de septiembre de 2018.
La Policía acusó a manifestantes de asaltar e incendiar una patrulla policial el 2 de septiembre de 2018, de atacar una vivienda en Bello Horizonte, entre otros supuestos delitos.
Pocos días después, la Policía empezó las prohibiciones de las protestas. El 13 de octubre de 2018, un día antes de realizarse la marcha nacional “Unidos por la Libertad”, la Policía reiteró la prohibición de manifestarse en contra del régimen sin su previa autorización.
Mientras tanto, policías se tomaban las principales calles de Managua previo a una concentración del Frente Sandinista, el partido de la dictadura, en la Avenida Bolívar.
Es por esto, que el 18 de octubre de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertó que el régimen inició una nueva ola de represión para evitar las manifestaciones públicas en el país.
En el informe “Dictadura y Represión en Nicaragua”, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señala que con la ilegalización de las protestas el régimen consolidó el Estado Policial de Excepción que persiste en la actualidad y que posteriormente desembocó en cancelación de personerías jurídicas de más de cinco mil organizaciones sin fines de lucro, arrestos arbitrarios, despojo de nacionalidad y otros crímenes que ha cometido la dictadura.
“A pesar de esta medida arbitraria, en los primeros momentos las manifestaciones pacíficas se siguieron produciendo a lo largo de todo el país, y fueron fuertemente reprimidas. En otros casos, las organizaciones decidieron no realizar las manifestaciones por temor a las represalias”, señala el Colectivo.
No hay Estado de derecho sin manifestaciones de la población
En ese tiempo, la Oficina en Washington para asuntos de América Latina (Wola por sus siglas en inglés) “al prohibir todas las manifestaciones, las autoridades nicaragüenses esencialmente están señalando que van a seguir violando libertades civiles básicas a pesar de la fuerte condena internacional que enfrentan”.
“Desde el observatorio de la Coalición Nicaragua Lucha venimos denunciando esta situación. Sabemos que la protesta social es una herramienta esencial para sociedades democráticas. El impacto que genera en declarar ilegales las protestas es profundo porque se violenta el Estado de derecho”, respondió a LA PRENSA el Observatorio de la Coalición Nicaragua Lucha.
Añadió que “esto genera más impunidad. Es imprescindible que se abran procesos de justicia verdadera en Nicaragua”.
“Se está avanzando en la anulación de los derechos a la libertad de culto y religión para profesar su fe. También se está avanzando con el cierre de la libertad a la educación y a trabajar”, puntualizó.
Es necesario que la comunidad internacional visibilice la prohibición
A consideración de Braulio Abarca, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la comunidad internacional debe visibilizar que en Nicaragua no existe la posibilidad de que la población se pronuncie y alce la voz.
“Es necesario que la comunidad internacional reconozca que en Nicaragua no se respetan los derechos humanos y que por alzar la voz te pueden procesar arbitrariamente. La criminalización de la protesta es el pan de cada día y esto debe alertar a la comunidad internacional”, dijo Abarca.
“Los derechos y libertades fundamentales están anulados y esto evidencia que nadie puede exigir el cumplimiento de sus derechos”, añadió.
¿Qué pasó en la última protesta?
Durante la última protesta que se realizó el 23 de septiembre antes de la prohibición policial, el adolescente Matt Romero, de 16 fue asesinado por impacto de bala por parte de agentes progubernamentales. Otras cinco personas, entre ellas, dos periodistas, también resultaron heridas durante la marcha.
Se está realizando la investigación para determinar quiénes son los responsables de convocar a esta marcha violenta y terrorista, así como los autores de estos actos criminales que responden a una fallida estrategia golpista”, dijo la Policía en su comunicado.
Romero fue la última víctima mortal en el contexto de las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que estallaron en abril de 2018.
“A partir de esa protesta, no se realizan porque, además de prohibidas, son criminalizadas como un derecho humano”, señaló el abogado y defensor de derechos humanos, Braulio Abarca.
