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SOLO PARA SUSCRIPTORES.René Navarrete Rivera había encontrado en la agricultura una manera de comenzar de nuevo, aseguran quienes lo conocen. Tras huir de Nicaragua en julio de 2018, pasó años trabajando en Costa Rica. Este campesino de 43 años fue albañil, jardinero y cargador hasta que un conocido le propuso que le fuera a cuidar su finca en San Cristóbal de Pocosol, en el norte del vecino país del sur.
Ya tenía dos años cuidando la propiedad a ese conocido que se fue a Estados Unidos. Vivía ahí con su pareja sentimental, Yessenia Gutiérrez, pero cerca de las 3:45 de la tarde del pasado miércoles 28 de octubre, fue detenido en un retén policial a unos 500 metros de su casa.
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó que, además de estar de manera irregular en ese país, Navarrete es requerido por Nicaragua mediante una orden de captura internacional y una solicitud de extradición por presuntamente ser autor de los delitos de asesinato agravado, crimen organizado, robo agravado y tenencia y uso de armas restringidas.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo señala como uno de los sospechosos de participar en un asalto armado ocurrido el 1 de octubre de 2022, en el que murió una agente policial y un trabajador de una empresa agrícola.
Además, vecinos de la zona norte del país lo señalaron en medios de comunicación costarricenses de ser parte de los grupos armados que operan en Crucitas y que han generado una disputa entre Nicaragua y Costa Rica porque están extrayendo oro de territorio costarricense y vendiéndolo a mineras chinas en territorio nicaragüense.
De acuerdo con el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) que ha tomado las riendas de su defensa, Navarrete es un perseguido político y si las autoridades costarricenses lo envían de regreso a Nicaragua podría enfrentar cárcel, torturas y desaparición forzada, como sucedió en el caso de Douglas Gamaliel Centeno.
«Él y su familia son campesinos del corredor de la Contra y tienen una tradición antisandinista histórica», detalla la fuente del GREX que solicita no ser mencionada.
Desde el GREX, la fuente aclara que no están defendiendo la culpabilidad o inocencia de Navarrete ante los delitos que lo acusa el régimen, pero sí defienden su no deportación hacia Nicaragua puesto que es un perseguido político. «Desde el punto de vista jurídico lo que interesa es que él no puede ser devuelto porque puede ser sometido a torturas y malos tratos», explican.
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Relámpago
La Policía al servicio de la dictadura de Ortega y Murillo presentó a Navarrete junto a otras cuatro personas como los autores de aquel ataque armado de octubre de 2022. Le atribuyeron antecedentes de asesinato, ocurrido supuestamente en 2009, y de lesiones físicas, con fecha de 2015.
La Revista DOMINGO indagó en el sistema electrónico del Poder Judicial si estos antecedentes eran reales, pero no aparecieron registrados. La fuente del GREX asegura desconocer sobre esos delitos. «No te sabría decir», insiste.
René Navarrete es nieto de José León Navarrete, un viejo combatiente de la Contrarrevolución conocido como «Relámpago». De ahí el origen de su apodo, o más bien, el alias que la Policía le atribuye. Además de su abuelo, su tío Raúl Alberto Navarrete, conocido como «Matagalpa», fue combatiente de la contra en los años ochenta.
En los últimos años vivía en Villa Sandino, un pueblo cerca de Santo Tomás, Chontales. Ahí se había establecido cuando estallaron las protestas en contra del régimen de Ortega y Murillo en abril de 2018. Navarrete junto a otros campesinos decidió unirse al tranque que estaba en la entrada de la ciudad.
Según registros periodísticos, ese tranque fue desmantelado el 14 de julio de 2018 por paramilitares y policías. Los campesinos que estaban ahí tuvieron que abandonar el lugar y dispersarse por zonas montañosas.
Navarrete permaneció resguardado durante varias semanas, asegura el GREX, hasta que consiguió salir por veredas hacia Costa Rica y solicitar refugio. El 17 de diciembre de 2018 recibió su primera identificación en ese país, que fue un carné de solicitante de refugio.
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Ese documento se venció el 4 de febrero de 2021, pero Navarrete no se preocupó por renovarlo hasta estas fechas. Por ello es que, cuando la Policía lo retuvo el 28 de octubre, se encontraron con que estaba en ese país de forma irregular, además de la alerta roja de Interpol.
Su vida en Costa Rica
Cuando René Navarrete llegó a Costa Rica en 2018, se vinculó con la Resistencia Campesina Azul y Blanco. Este es un movimiento conformado por campesinos y antiguos combatientes contras que desde ese año se organizaron en el vecino país para ejecutar acciones contra la dictadura.
Además de sus actividades políticas, Navarrete empezó a hacer trabajos como albañil para ganarse la vida. También fue jardinero y empleado en tiendas cuyos dueños eran de origen asiático.
En 2024, un conocido le propuso que le fuera a cuidar su finca La Escalera, una comunidad en el norte de Costa Rica, porque iba a migrar a Estados Unidos. Según la información que tiene el GREX, el acuerdo con esa persona era que podía usar la propiedad para vivir, sembrar y criar animales.
En la parcela, Navarrete sembraba yuca y tenía cuatro cerdas, dos vacas paridas, un ternero grande y otros cuatro terneritos.
También quedó bajo el cuidado de una moto que era propiedad del dueño de la finca. Esta la utilizaba para movilizarse y es en la que viajaba cuando la Policía lo detuvo el pasado 28 de octubre.
Como estaban cerca de la casa, Navarrete negoció con los policías que lo llevaran a avisarle a su pareja sentimental que estaba siendo detenido y que había dejado la moto en el camino, con la llave puesta, para que fuera a traerla. Cuando la mujer llegó por la moto, ya no estaba en el lugar.
¿Relación con grupos de Crucitas?
La comunidad en donde fue detenido René Navarrete está a 48 kilómetros de la zona de Crucitas, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y en donde operan grupos armados que extraen oro de territorio costarricenses para luego llevarlo a las empresas mineras chinas que operan en Nicaragua.
Esto ha generado conflicto entre ambos países, pues la presidenta Laura Fernández asegura que se trata de bandas de crimen organizado, mientras que el Ejército de Nicaragua se ha limitado a informar de algunas detenciones a güiriseros que transportan material en esa zona del lado nicaragüense.
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De acuerdo con un reporte de un medio de comunicación costarricense llamado Central Noticias, René Navarrete es señalado por algunos vecinos de la zona como «uno de los responsables de promover la invasión de las fincas» que son tomadas por estos grupos armados en la zona norte de Costa Rica para extraer el oro o quedarse con las propiedades.
El periodista Wilmer Madrigal fue quien hizo el reportaje y sostiene que los vecinos señalaron abiertamente a René Navarrete. «Tienen fotos y videos donde él forma parte de las personas que se andan tomando las tierras en esa zona y como que es uno de los organizadores», comenta. Hasta el momento, esas imágenes no se han hecho públicas.
El GREX, por su parte, asegura que Navarrete no tiene ningún vínculo con esos grupos armados. «Él no tiene ninguna acusación de esa naturaleza. Eso es una especulación por el sector donde vive», detalla el representante de la organización.
«No hay ninguna acusación desde Costa Rica tampoco y el abogado ya hizo todas las averiguaciones del caso y no hay absolutamente nada de eso. El caso es estrictamente de carácter migratorio. No hay ninguna acusación de ningún otro tipo de delito hacia él», insiste.
La acusación de la dictadura
La Policía nicaragüense acusó a Navarrete de ser parte de una banda que el 1 de octubre de 2022 asaltó a un grupo de trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río, los cuales transportaban una gran cantidad de dinero en efectivo destinados para el pago del salario de los colaboradores de esa empresa. El grupo iba escoltado por agentes policiales.
El asalto sucedió en la comarca Buena Vista, municipio de El Castillo, en Río San Juan. Hubo un tiroteo entre policías y asaltantes, que se identificaron como miembros de una banda armada con fines políticos.
Durante el ataque murieron la agente policial Aracely Marisol Díaz Salinas, de 20 años, y el trabajador de la empresa Pedro Pablo Chavarría Rivas, de 56. También resultaron heridos el policía Roger Bernhard Tenorio Castro y los trabajadores Eva Yaosca Cajina Canales, Julio César Gómez Espinoza y David Antonio Sequeira.
Los atacantes supuestamente se llevaron 443,938.63 córdobas, además de una computadora portátil, tres fusiles AK47 de la Policía, una escopeta y dos pistolas.
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Días después, la policía acusó a Ramón Antonio Argeñal Mendoza, Serapio Ramírez Fernández, Pedro Javier Hernández Sandoval, Douglas Pérez Centeno, Reinaldo Picado Miranda, Salvador de Jesús Lazo Centeno y a René Navarrete Rivera como los sospechosos de haber ejecutado el asalto en El Castillo.
Todos ellos se encontraban en Costa Rica y la dictadura giró orden de captura internacional a través de Interpol. Con el tiempo fueron cayendo detenidos uno por uno. Primero fue Douglas Gamaliel Centeno, a quien las autoridades costarricenses deportaron hacia Nicaragua en febrero de 2024. Desde entonces no se sabe nada sobre él y según el Movimiento Campesino, recibe torturas en la cárcel La Modelo.
Picado Miranda estuvo detenido durante 32 meses en Costa Rica hasta que obtuvo su libertad el 25 de mayo de 2025, cuando el Estado costarricense le otorgó el estatus de refugiado político. El campesino nicaragüense ha sido víctima de dos atentados en Costa Rica que ocurrieron en julio y septiembre de este año.
También fue detenido en Costa Rica Reinaldo Picado Miranda, quien pudo evitar ser extraditado después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concediera medidas cautelares. Sin embargo, Picado Miranda ha sido víctima de dos atentados en el vecino país.
Pedro Javier Hernández también estuvo detenido unos meses en Costa Rica y a punto de ser enviado a Nicaragua, pero las autoridades costarricenses finalmente decidieron no acatar la orden de extradición.
En el GREX esperan que las autoridades costarricenses tengan en cuenta los antecendentes con este grupo de requeridos por la dictadura nicaragüense y no envíen a René Navarrete a las manos de la dictadura, sobre todo por el caso de Douglas Gamaliel Centeno, quien ha sido declarado en desaparición forzada por algunas organizaciones de derechos humanos desde que Costa Rica lo entregó a Nicaragua.
