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SOLO PARA SUSCRIPTORES.A Santos Hernández Centeno llegaron a decapitarlo a su casa porque debía poco más de 100,000 córdobas. Esa mañana del domingo 26 de julio de 2026, Hernández estaba solo en su vivienda cuando dos hombres armados llegaron a buscarlo. Entraron a su hogar como si lo conocieran de toda la vida.
«Iban con escopeta y ya iban directo a dispararle. No le dio ni chance de correr al compadre», relata un vecino de la zona que conoce el caso. Los hombres irrumpieron en su vivienda en la comarca La Esperanza, en Wiwilí, Jinotega. No le dijeron nada y comenzaron a golpearlo y a forcejear con él.
Lo llevaron a la parte de adelante de la casa y como casi se les escapa, uno de los hombres le disparó para evitar que huyera. Hernández, de 59 años, cayó herido al suelo y fue entonces cuando uno de los atacantes lo decapitó con un machete. La única testigo contó todo a la Policía. Se trata de la cuñada de Hernández, identificada por medios oficialistas como Aracely Lago Cárdenas.
Meses después, el caso no ha sido esclarecido por la Policía. En el pueblo se maneja que a Santos Hernández lo mataron porque le debía dinero a un hombre identificado con el apellido «Galindo» y que «es un hombre duro aquí que tiene sus contactos. Le presta (dinero) a la gente, pero no se le puede quedar mal», comenta la fuente de la zona.
De acuerdo con las investigaciones policiales, Hernández tenía una deuda de aproximadamente 100,000 córdobas con ese hombre llamado Galindo y que, a pesar de las advertencias que le hicieron llegar, no pudo pagarle. «Dicen que ahora es la mujer la que está con la gran deuda», se rumora en el pueblo.
La Revista DOMINGO intentó hablar con la viuda de Hernández, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, un analista en temas de seguridad y que solicita anonimato indica que este tipo de casos son cada vez más frecuentes en Nicaragua desde hace unos años y que todo indica que existen redes criminales que está operando y extorsionando a nicaragüenses.
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Una vez que los deudores no pueden pagar y ya han sido extorsionados por mucho tiempo, tienen un destino similar al de Santos Hernández Centeno.
Redes extorsivas
El analista en temas de seguridad aclara que sobre este tema se conoce apenas la punta de un iceberg del que todavía no nos imaginamos las verdaderas dimensiones. La gran limitante es que no hay información oficial, pero «todo indica que existe al menos una red dedicada a esto (cobros extorsivos) porque se están aprovechando que hay un vacío de autoridad» en Nicaragua.
«Esto es reciente. Desde hace 5 o 6 años. Lo que no sabemos es si ha disminuido o crecido. El comportamiento estadístico no lo sabemos por falta de información», señala el analista que ha seguido de cerca este tipo de casos y la información que ha recabado le permite asegurar la existencia de por lo menos una red dedicada a esto.
Otra cosa que es difícil de comprobar es si esta red es extranjera o nacional porque ni siquiera ha habido capturas o esclarecimiento de casos por parte de la Policía, como el de Santos Hernández que hasta la fecha no se ha informado si quiera de algún sospechoso.
Según el analista, los extorsionadores comienzan prestando una cantidad de dinero. Estos normalmente son con intereses altos con la intención de que la persona se endeude. Las primeras veces que la persona no puede pagar le dicen que no hay problema, que luego se ponga al día, pero esto es parte de su estrategia para hacer que la víctima se endeude más y los intereses aumenten.
«Así va incrementando la deuda, hasta que se vuelve una suma atractiva para el delincuente y comienzan a usar la intimidación y después la violencia», hasta que llegan al asesinato.
La intimidación puede ser a través de la familia con amenazas de que los van a matar, o con el robo de objetos de valor como garantía. Pero si no llegan a pagar lo que adeudan, no solo perderán el objeto, sino que la persona puede hasta perder la vida.
Pocos casos conocidos
Algunos casos como el de Santos Hernández Centeno pasan casi inadvertidos a nivel nacional porque suceden en zonas remotas del país o porque no tienen mucha trascendencia mediática, sin embargo, hay otros que sí llegan a conocerse como el de Franklin Lampín, un prestamista de Nagarote que terminó asesinado el 28 de agosto por una deuda de 750,000 córdobas.
En este caso, la Policía sí detuvo a dos personas que terminaron confesando el crimen. Se trata de Ernesto Agustín Cruz Baltodano, de 38 años, y Luis Alexander Contreras Lampín, de 24, primo del prestamista Franklin Lampín.
La Fiscalía detalló que los dos hombres intimidaron con pistolas a Franklim Lampín y a su novia Yeymi Solórzano. Les quitaron el control de la camioneta en la que estaban y los trasladaron hasta un camino polvoriento en una zona llamada Peña Ventosa, donde los asesinaron.
Franklin recibió un tiro a quemarropa en el lado derecho de la cabeza y a Yeymi le dispararon primero en el tórax y después en la frente. Luego acomodaron los cuerpos dentro del vehículo y dejaron un arma para simular que él la había matado y luego se había quitado la vida.
La Fiscalía acusó además de los dos detenidos a otras dos personas llamadas Yimin Maycol Bravo Santana y Luis Carlos Zapata, que presuntamente huyeron hacia Costa Rica.
El móvil del crimen de Lampín fue que no pagó los 750,000 dólares que debía en el plazo de un mes que le impusieron.
Omisión policial
A criterio del analista en temas de seguridad, la Policía «está incurriendo en un delito de omisión» porque no está esclareciendo ni previniendo estos crímenes, además que ha dejado operar a esta presunta red en el país.
«La Policía está concentrada en otras tareas que no son de su naturaleza, que es la persecución política, el monitoreo constante de la oposición», valora. Los cobros extorsivos y los asesinatos por deudas son «una manifestación clara» de que hay un vacío de autoridad en Nicaragua, así como el tráfico de drogas.
Además, el analista indica que es probable que la manera en que operan estas redes sea importada desde otros países de la región en donde suceden con frecuencia estos casos, como Colombia, Costa Rica o Ecuador.
«Las modalidades delictivas se imitan y por el factor de oportunidad se replican», explica y pone de ejemplo que basta que un nicaragüense en alguno de esos países «con que haya sido partícipe o conozca la forma de operar, lo pueda replicar en Nicaragua. Las conductas criminales se copian, se imitan. Van de país en país».
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De hecho, en el caso de Franklin Lampín hay indicios de esto que explica el analista. El primo del prestamista, Luis Alexander Contreras Lampín, vivió varios años en Costa Rica antes de regresar a Nicaragua en 2025, estuvo vinculado a organizaciones de crimen organizado, e incluso fungió como sicario en ese país, según detalló la Fiscalía nicaragüense.
Mientras la Policía priorice la persecución política antes que la seguridad ciudadana, casos como el de Franklin Lampín o el de Santos Hernández Centeno podrían continuar ocurriendo en Nicaragua, advierte el analista.
Préstamos “gota a gota”
Los préstamos conocidos como “gota a gota” son una modalidad de crédito informal y, frecuentemente, usurero, cuyo origen se asocia con Colombia, particularmente con las redes de prestamistas que se expandieron desde Medellín y otras ciudades durante las últimas décadas del siglo XX.
Su nombre alude al cobro de pequeñas cuotas diarias que, acumuladas, representan ganancias extraordinarias para el prestamista. Desde Colombia, el modelo de negocio se extendió por numerosos países latinoamericanos, entre ellos México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
Aunque no todos estos préstamos están vinculados con organizaciones criminales, investigaciones policiales en distintos países han documentado la participación de redes dedicadas a la extorsión, las amenazas y el lavado de dinero.
El mecanismo es sencillo. Los prestamistas ofrecen dinero inmediato, generalmente sin garantías, fiadores, ni consultas a centrales de riesgo. Sus principales clientes son pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, trabajadores informales, emprendedores de escasos recursos y personas endeudadas que no tienen acceso al crédito bancario o necesitan efectivo con urgencia.
Los intereses pueden alcanzar el 10 %, 20 % o incluso más del 30 % mensual, dependiendo del país y de la red. El cobro suele hacerse diariamente, mediante visitas al negocio o domicilio del deudor, aunque también existen modalidades semanales y transferencias electrónicas.
La aparente facilidad del préstamo esconde el riesgo de quedar atrapado en una deuda difícil de pagar. Los atrasos pueden provocar recargos, intimidaciones, amenazas contra familiares, agresiones físicas y, en los casos más graves, homicidios.
En Nicaragua también existe el préstamo informal con intereses elevados. No hay información pública sobre cuántas redes operan específicamente bajo el esquema criminal del “gota a gota”, ni su dimensión nacional.
La Ley 176 regula los préstamos entre particulares y el artículo 263 del Código Penal sanciona la usura con penas de uno a cuatro años de prisión, que pueden aumentar cuando se trata de prestamistas habituales. El crédito informal, sin embargo, no constituye necesariamente un delito.
